Rabbia cuestionó el retiro de $57.000 millones del IAPOS y pidió explicaciones al Gobierno

El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique los alcances de una modificación presupuestaria que habilitó el traslado de $57.000 millones pertenecientes al IAPOS hacia una partida de “recursos de libre disponibilidad” de la administración central.

La medida fue instrumentada a través de un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y contempla la utilización de fondos correspondientes al Servicio Complementario del IAPOS, un esquema de cobertura adicional al aporte obligatorio de los afiliados. De acuerdo con el decreto, el dinero podría ser restituido cuando exista “disponibilidad financiera futura”, aunque no se establece un plazo determinado, un cronograma ni mecanismos específicos que garanticen el reintegro.

Frente a esta situación, Rabbia reclamó que se suspenda de inmediato el descuento correspondiente a ese concepto y que los excedentes sean devueltos a los afiliados. El legislador cuestionó que recursos vinculados al sistema de salud puedan ser utilizados para atender las necesidades financieras de la administración provincial.

“La plata del IAPOS sale del esfuerzo y del sueldo de los trabajadores para garantizar su derecho a la salud; no es para financiar la fiesta de Pullaro”, sostuvo Rabbia. Además, apuntó contra el argumento oficial sobre la situación de las cuentas públicas y afirmó que la utilización de fondos del organismo demostraría, a su entender, la necesidad de recurrir a otras cajas.

Un reclamo que viene de antes

El cuestionamiento se produce luego de que en mayo de 2025 el Gobierno provincial dispusiera un aumento en los aportes correspondientes al Servicio Complementario. En aquella oportunidad, las subas llegaron hasta el 30% para grupos familiares y hasta el 150% para organismos adheridos.

Según la explicación oficial de entonces, la actualización buscaba recomponer el nivel de cobertura y adecuar su valor. Rabbia había cuestionado esa decisión y advertido que los afiliados ya afrontaban descuentos superiores a los de algunas obras sociales nacionales, mientras consideraba que las prestaciones recibidas eran inferiores.

Ahora, el diputado vuelve a poner el foco sobre las cuentas del IAPOS en un contexto marcado por reclamos de prestadores, pedidos de actualización de honorarios, demoras en determinados pagos y dificultades denunciadas por afiliados para acceder a turnos y prestaciones.

A esto se suman, según los registros mencionados en el pedido legislativo, más de 6.400 denuncias por cobro indebido de plus registradas por el propio instituto entre fines de 2024 y comienzos de 2026.

“¿Con qué autoridad le piden un esfuerzo más a los afiliados cuando el Estado le echa la mano a los fondos de la salud?”, planteó Rabbia. En ese sentido, reclamó precisiones sobre el destino que tendrán los $57.000 millones y puso el foco en cuánto representan esos recursos para la atención de los afiliados.

La agenda que impulsa Rabbia para el IAPOS

El nuevo pedido de informes se suma a una serie de iniciativas que Rabbia viene promoviendo en la Legislatura vinculadas al funcionamiento y la atención del IAPOS.

Entre ellas figura la creación de un Consejo Consultivo que permita incorporar la participación directa de los afiliados en las decisiones del organismo, aunque con carácter no vinculante. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado y volvió a ser presentada en la Cámara de Diputados en 2024.

También impulsó la creación de una línea telefónica 0800 para atender reclamos e inquietudes de los afiliados, un número de prestador institucional destinado a facilitar el acceso a servicios de salud en pequeñas localidades y una iniciativa orientada a garantizar legalmente la cobertura efectiva de las prestaciones básicas en todo el territorio santafesino.

El debate sobre el destino de los fondos del IAPOS vuelve así a instalarse en la Legislatura, mientras el pedido de informes busca obtener precisiones oficiales sobre la transferencia, las condiciones para una eventual devolución y el impacto que la medida podría tener sobre los recursos destinados a la cobertura de los afiliados.