Amistades peligrosas
RESUMEN
- Carlos Tita y Ricardo Lorenzetti fueron socios en los años noventa en la administración y representación de obras sociales sindicales. Muchos sostienen que todavía compartirían negocios, aunque esa versión resulta incomprobable; como dice el viejo refrán, “cuando el río suena, agua lleva”.
- Trabajadores de los policlínicos PAMI I y PAMI II de Rosario denuncian un supuesto plan de vaciamiento, con la pérdida de más de 15.000 cápitas y derivaciones hacia prestadores privados.
- Las derivaciones habrían beneficiado principalmente al Hospital Italiano Garibaldi y al sanatorio Rosendo García, mientras afiliados denuncian dificultades para conseguir turnos y continuar sus tratamientos.
- Los empleados advierten sobre un fuerte deterioro de los policlínicos, con pérdida de alrededor de 100 trabajadores, falta de insumos y prótesis, problemas edilicios y denuncias de persecución gremial.
- La trama suma una investigación fiscal que involucra al juez federal Gastón Salmain y en la que aparece mencionado Carlos Tita, mientras crecen los interrogantes sobre las decisiones adoptadas en el PAMI y los intereses que podrían estar detrás de las derivaciones.
Cuando los negocios de la salud, los funcionarios públicos, los empresarios poderosos y una investigación judicial comienzan a cruzarse, las casualidades dejan de ser suficientes como explicación. Y en Rosario, alrededor de los policlínicos PAMI I y PAMI II, hay demasiadas preguntas que todavía esperan respuestas.
Los trabajadores de ambos establecimientos denunciaron un supuesto plan de vaciamiento que tendría como consecuencia directa la derivación de miles de afiliados hacia sanatorios privados. Y entre los nombres que aparecen en el centro de las sospechas está el del empresario de la salud rafaelino Carlos Tita, un hombre con fuerte peso en el sistema sanitario santafesino y con antecedentes de vínculos empresariales con el actual juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.
La denuncia no es menor. Según los trabajadores, desde que Pablo Flores quedó al frente de la administración de los policlínicos rosarinos, ambos establecimientos perdieron más de 15.000 cápitas, es decir, más del 25 por ciento de sus afiliados. La mayor parte habría terminado en dos prestadores privados: el Hospital Italiano Garibaldi y el sanatorio Rosendo García, perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica.
Demasiadas cápitas salen por una puerta y aparecen por la otra en establecimientos privados. Y cuando detrás de esos establecimientos aparecen empresarios con poder e influencia, la pregunta surge sola: ¿quién decidió el negocio?
En el ambiente sanitario señalan a Pablo Flores como un hombre cercano a Carlos Tita y al ministro de Salud, Mario Lugones. Flores asumió la conducción de los policlínicos y, desde entonces, según la denuncia de los trabajadores, comenzó un proceso de reducción de prestaciones, pérdida de afiliados y deterioro de los establecimientos.
Y aquí conviene detenerse.
Carlos Tita no es un desconocido en el negocio de la salud. Es médico cirujano, pero hace décadas dejó de estar solamente detrás de un estetoscopio para convertirse en uno de los empresarios más importantes del sector sanitario de Santa Fe.
Controla clínicas y sanatorios y construyó buena parte de su estructura empresarial a partir de su participación en el sistema de obras sociales sindicales durante la década del noventa.
En aquellos años, Tita compartió negocios con Ricardo Lorenzetti, quien antes de llegar a la Corte Suprema desarrolló una extensa actividad profesional como abogado especializado en derecho de la salud y asesor de entidades vinculadas al sistema sindical. Algunos van más allá y dicen que aún sigue vinculado al negocio por medio de testaferros, algo difícil de comprobar en personajes como lorenzetti, pero aquí no me queda otra que apelar al dicho popular "cuando el río suena....".
Tita fue socio de Lorenzetti en la administración y representación de obras sociales gremiales. Desde allí comenzó a levantar una estructura empresarial que con el paso de los años se transformó en un verdadero imperio sanitario en Santa Fe.
Y ahora su nombre vuelve a aparecer en un escenario particularmente delicado.
Un fiscal investiga una causa federal de enorme gravedad que tiene en el centro al juez federal de Rosario Gastón Salmain, acusado de haber solicitado presuntamente un soborno de 100.000 dólares al exdirector regional de la AFIP Carlos Vaudagna, con el objetivo de quedarse con expedientes penales que lo involucraban y resolverlos de acuerdo con sus intereses.
En ese expediente aparece también Carlos Tita.
La Justicia busca establecer si el empresario aportó el dinero que, según la investigación, habría sido utilizado para pagar la supuesta coima. La relación entre Tita y Vaudagna habría quedado expuesta a partir del teléfono secuestrado al exfuncionario de la AFIP, donde surgieron comunicaciones y elementos que indican que Vaudagna realizaba tareas de asesoramiento contable para Tita mientras ocupaba un cargo público.
Que quede claro: una investigación fiscal no equivale a una condena. Pero tampoco es un dato para esconder debajo de la alfombra.
Mientras tanto, los trabajadores del PAMI sostienen que el gobierno de Javier Milei estaría favoreciendo al empresario rafaelino mediante una política que debilita los policlínicos propios y deriva afiliados hacia prestadores privados.
Los destinos vuelven a ser los mismos: el Hospital Italiano y el Rosendo García.
Uno administrado por un empresario señalado en las denuncias y el otro perteneciente a la UOM, organización sindical sobre cuyo sistema sanitario Tita tendría una fuerte influencia.
Y acá aparece otro dato que debería hacer sonar todas las alarmas: los jubilados no habrían pedido cambiar de prestador. Se encontraron con que alguien había decidido por ellos.
Afiliados que durante años tuvieron allí sus historias clínicas, sus médicos y sus tratamientos fueron derivados a establecimientos privados. El resultado, según los trabajadores, fue todavía peor: personas que ahora deben esperar más de dos meses para conseguir un turno.
¿Modernización? ¿Reorganización? ¿Eficiencia?
Puede llamarse de muchas maneras.
Pero si la consecuencia de "ordenar" el PAMI es sacar afiliados de sus propios hospitales y enviarlos a clínicas privadas, entonces alguien debería explicar dónde está la supuesta mejora.
Los dos policlínicos de PAMI en Rosario tienen una ubicación estratégica. Uno está en la zona norte y el otro, el PAMI I, funciona en pleno centro, sobre calle Sarmiento al 400.
Y justamente este último ya estuvo en la mira.
El PAMI I sufrió dos intentos de cierre. Y los trabajadores no creen que todo sea producto de la casualidad.
El edificio ocupa una ubicación privilegiada y existe la sospecha de que detrás de un eventual cierre podría esconderse también un interés inmobiliario.
El primer intento se produjo después de una fuga de gas. La situación derivó en la intención de evacuar el edificio y trasladar a los pacientes. Los prestadores privados ya estaban preparados para recibirlos.
Pero esta vez los trabajadores y los afiliados dijeron que no.
La protesta frenó el traslado y evitó el cierre.
Aquel episodio terminó con la salida de Graciela Ravarotto, histórica funcionaria del organismo que había quedado al frente de los policlínicos tras la llegada de Milei. Según los trabajadores, Ravarotto se había opuesto al vaciamiento del PAMI I y contaba con respaldo de empleados y jubilados.
Después llegó Pablo Flores, designado por el director del PAMI, Esteban Leguizamo.
Y paralelamente, Alejandro Damián Wittenberg pasó a conducir la Unidad de Gestión y Control de la Prestación Médica del organismo. Dentro del PAMI lo señalan como un funcionario con llegada directa al ministro Mario Lugones, quien conoce a Tita por su trayectoria dentro del sistema privado de salud.
Desde esos cambios, los trabajadores dicen que el proceso de reducción de servicios y salida de afiliados tomó velocidad.
"Hace un año que intentan cerrar el policlínico y, mientras tanto, le van sacando afiliados y servicios", resumió una trabajadora del PAMI.
Pero el vaciamiento, según la denuncia, no se limita a los pacientes.
También se está vaciando de trabajadores.
Entre jubilaciones, renuncias y puestos que jamás fueron cubiertos, los dos policlínicos habrían perdido alrededor de 100 trabajadores.
Las áreas más golpeadas son justamente algunas de las indispensables para sostener una atención sanitaria adecuada: enfermería, asistencia, mucamas y técnicos de rayos.
A eso se agregan problemas edilicios, faltante de prótesis e insumos y servicios que fueron suspendidos.
Y como si faltara algo, aparecen las denuncias por persecución gremial.
Uno de los casos mencionados es el de Melina Gutiérrez, delegada de ATE, quien fue despedida luego de comenzar a denunciar presuntas irregularidades dentro del organismo y posteriormente debió ser reincorporada por una orden judicial.
Mientras tanto, los jubilados esperan. Esperan turnos. Esperan prótesis. Esperan medicamentos. Esperan que alguien les explique qué está pasando con el hospital donde se atendieron durante años.
Y la historia no termina en Rosario.
También existen cuestionamientos alrededor del sistema de compras del PAMI a nivel nacional. Fuentes vinculadas al organismo aseguraron que se habrían pagado pañales para adultos de baja calidad a precios que triplicarían los valores de mercado.
Si eso es así, no estamos hablando solamente de una mala administración. Estamos hablando de recursos destinados a jubilados que podrían estar terminando en negocios privados.
Ahora bien, tampoco hay que hacerse los distraídos con algo que viene de mucho antes de Milei.
La precarización laboral del PAMI no comenzó con el gobierno libertario. Cerca de la mitad de los profesionales, según las denuncias, trabajan bajo la modalidad de monotributo y algunos llevan más de 15 años en esa situación.
Después de la pandemia, la entonces titular del organismo, Luana Volnovich, prometió regularizar e incorporar a planta a quienes habían sostenido la atención durante la emergencia sanitaria.
La promesa quedó en eso: una promesa.
Después Sergio Massa volvió a plantear la necesidad de regularizar a esos trabajadores durante su campaña electoral.
Tampoco ocurrió.
Por eso la discusión no puede reducirse a kirchneristas contra libertarios. Hay una estructura de precarización que atraviesa gobiernos. Pero eso tampoco puede convertirse en una excusa para mirar hacia otro lado frente a lo que está ocurriendo ahora.
Porque las preguntas son demasiado concretas.
¿Por qué los policlínicos pierden afiliados?
¿Por qué esos afiliados terminan en determinados prestadores privados?
¿Quién tomó la decisión?
¿Cuánto dinero se mueve con cada cápita trasladada?
¿Qué papel juega Carlos Tita?
¿Qué relación existe entre empresarios, funcionarios y los prestadores beneficiados?
Y, fundamentalmente:
¿Qué futuro tiene el PAMI I y el PAMI II si cada vez tienen menos afiliados, menos trabajadores, menos servicios y menos recursos?
Tal vez todo tenga una explicación perfectamente legal y razonable.
Tal vez.
Pero entonces que la den.
Porque cuando aparecen empresarios poderosos, funcionarios, derivaciones millonarias, hospitales que pierden pacientes y una investigación fiscal que alcanza a algunos de los nombres que aparecen alrededor de esta trama, ya no alcanza con decir que son casualidades.
Los jubilados tienen derecho a saber.
Los trabajadores tienen derecho a reclamar.
Y la sociedad tiene derecho a preguntar.
Porque en salud, cuando el Estado se achica, alguien ocupa el lugar que deja vacío. La pregunta es quién. Y, sobre todo, cuánto gana con ese espacio.
*La presente nota fue realizada con información de LPO y sobre una nota de Fabricio Navone