La paritaria universitaria volvió a fracasar y se profundiza el conflicto

• La paritaria universitaria terminó nuevamente sin acuerdo entre el Gobierno y los gremios docentes y no docentes.
• ADUBA y APUBA anunciaron un paro escalonado de 23 días entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre.
• Las organizaciones sindicales rechazaron el aumento del 3% y reclamaron una recomposición cercana al 32%.
• Los gremios también exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la actualización de las becas estudiantiles.
• Los rectores reclaman 11 billones de pesos para las universidades frente a los $7,349 billones previstos en el Presupuesto 2027.
• La protesta universitaria continuará con nuevos paros y tendrá una marcha federal el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales.

La negociación salarial entre el Gobierno nacional y los gremios universitarios volvió a terminar sin acuerdo y abrió una nueva etapa de medidas de fuerza en las universidades públicas. La reunión realizada el jueves 17 de septiembre en el Palacio Pizzurno no permitió acercar posiciones y las organizaciones docentes y no docentes resolvieron profundizar el plan de lucha.

Desde la Universidad de Buenos Aires, ADUBA y APUBA anunciaron un esquema de paro escalonado que se extenderá durante 23 días, entre el lunes 21 de septiembre y el jueves 22 de octubre. La protesta tendrá jornadas rotativas y actividades de visibilización en distintas reparticiones y unidades académicas.

Como primera medida, los gremios realizarán un paro este viernes 18 de septiembre y volverán a interrumpir sus actividades el martes 22. El conflicto tendrá además una nueva expresión el 15 de octubre, cuando está prevista la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, cuestionó la situación salarial y presupuestaria de las universidades y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el sistema educativo. Según planteó, el deterioro de las condiciones de trabajo podría derivar en una pérdida de profesionales y de oportunidades de movilidad social.

El principal punto de desacuerdo continúa siendo la recomposición salarial. El Gobierno mantuvo una propuesta de incremento del 3%, rechazada por unanimidad por las organizaciones sindicales que participaron de la negociación. Entre ellas se encuentran CONADU, FEDUN y UDA.

La Secretaría de Educación confirmó que el aumento será otorgado de todos modos y sostuvo que la medida se encuadra en las disposiciones judiciales vigentes. La posición oficial toma como referencia el acuerdo alcanzado el 10 de junio, que contempla una recomposición del 35%, y agrega el 3% planteado para esta nueva instancia.

Los gremios, en cambio, reclaman una recomposición cercana al 32% para recuperar poder adquisitivo y exigen el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto también involucra la interpretación sobre el cumplimiento de las decisiones judiciales vinculadas con esa norma.

La negociación había comenzado el 1° de septiembre y fue retomada este jueves, pero terminó sin una nueva convocatoria. Frente a ese escenario, el Frente Intersindical Universitario y las distintas federaciones docentes y no docentes ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza.

A la discusión salarial se sumaron otros reclamos. Los gremios pidieron actualizar las becas estudiantiles y garantizar recursos suficientes para el funcionamiento de las universidades durante el próximo año. El Consejo Interuniversitario Nacional también vinculó el conflicto con el debate parlamentario del Presupuesto 2027 y reclamó una respuesta que permita sostener el funcionamiento del sistema universitario y científico.

El presupuesto proyectado para las universidades nacionales constituye otro de los ejes centrales de la disputa. Los rectores reclaman 11 billones de pesos, mientras que el proyecto oficial contempla $7,349 billones para el funcionamiento de las casas de estudio. El Gobierno presenta esa asignación como un incremento nominal del 20,6% respecto de las transferencias estimadas para 2026, mientras que las autoridades universitarias consideran insuficiente esa comparación porque no contempla la inflación acumulada.

El CIN y las organizaciones estudiantiles advirtieron que, si se mantiene el nivel de financiamiento previsto, podría quedar comprometido el comienzo del próximo ciclo lectivo. De esta manera, la protesta salarial quedó vinculada con una discusión más amplia sobre los recursos destinados a las universidades públicas.

El paro de este viernes será el primer paso de un cronograma que continuará con nuevas jornadas de protesta desde el lunes 21 de septiembre y tendrá uno de sus principales momentos el 15 de octubre, con la marcha prevista frente al Palacio de Tribunales.