Rossi busca frenar la ciudadanía por inversión
- Agustín Rossi anunció un proyecto para impedir la ciudadanía argentina mediante inversiones.
- El Gobierno estableció un aporte no reembolsable de USD 350.000 o un título público de USD 800.000 como alternativas del programa.
- La iniciativa busca derogar las modificaciones introducidas por el DNU 366/2025.
- El proyecto establece que ningún aporte económico pueda reemplazar el requisito de residencia.
- Rossi también propone revisar las solicitudes y ciudadanías otorgadas bajo el régimen de inversión.
- La iniciativa deberá iniciar su recorrido parlamentario en el Congreso.
La discusión sobre el acceso a la ciudadanía argentina por parte de extranjeros a cambio de inversiones abrió un nuevo frente político en el Congreso. El diputado nacional Agustín Rossi anunció la presentación de un proyecto de ley destinado a impedir que aportes económicos, inversiones, donaciones o compras de títulos públicos puedan utilizarse como vía para obtener la ciudadanía.
La iniciativa fue difundida luego de que el Gobierno de Javier Milei anunciara oficialmente el Programa de Ciudadanía por Inversión. El esquema contempla dos alternativas para los extranjeros interesados: realizar un aporte no reembolsable de USD 350.000 o suscribir un título público por USD 800.000.
Rossi cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo y sostuvo que la ciudadanía no debería quedar vinculada con una contraprestación económica. Al presentar su proyecto, afirmó que no imaginaba tener que impulsar una iniciativa legislativa para impedir que se pudiera “vender” la ciudadanía argentina y relacionó la medida oficial con pedidos provenientes de sectores de la industria tecnológica.
El proyecto del diputado propone derogar las modificaciones introducidas en la Ley de Ciudadanía 346 mediante el DNU 366/2025. Esa normativa incorporó la posibilidad de que extranjeros solicitaran la ciudadanía por naturalización acreditando una “inversión relevante” en el país.
A partir de esa modificación, Rossi busca establecer que ninguna inversión, donación, aporte económico o adquisición de bienes pueda sustituir el requisito de residencia necesario para acceder a la naturalización. Tampoco podrían utilizarse esos mecanismos para reducir el período de residencia exigido.
“Ningún pago, aporte, donación, inversión o compra de títulos puede reemplazar la residencia necesaria para obtener la ciudadanía”, sostuvo el legislador al explicar los alcances de su propuesta.
La iniciativa también plantea impedir la emisión de títulos de deuda pública que otorguen ciudadanía o beneficios migratorios. A su vez, busca prohibir que organismos estatales contraten intermediarios destinados a promocionar o gestionar programas de ciudadanía mediante contraprestaciones económicas.
Otro de los puntos contempla las solicitudes que ya se encuentren en trámite. Según el proyecto, aquellas presentaciones realizadas bajo el régimen de ciudadanía por inversión que todavía no cuenten con una resolución firme serían consideradas desistidas.
La propuesta avanza incluso sobre las ciudadanías que ya hubieran sido otorgadas mediante el régimen incorporado por el decreto. En su artículo 9, establece que esas ciudadanías “carecen de validez” y dispone dejar sin efecto la documentación emitida como consecuencia de esas decisiones.
El proyecto también incorpora mecanismos de control parlamentario. Rossi propone que el Poder Ejecutivo presente informes ante distintas comisiones del Congreso con información sobre las solicitudes recibidas, aprobadas y rechazadas, los montos percibidos y los contratos celebrados con consultoras o agentes especializados.
El reporte debería incluir además detalles sobre los organismos que participaron del análisis de los solicitantes. Entre las dependencias mencionadas figuran la Unidad de Información Financiera, la Secretaría de Inteligencia de Estado y el Registro Nacional de Reincidencia.
El diputado vinculó el debate con una cuestión institucional más amplia y sostuvo que la obtención de la ciudadanía también constituye un asunto relacionado con la soberanía.
La propuesta legislativa aparece como respuesta al programa impulsado por el Gobierno, que presentó la ciudadanía por inversión como una herramienta destinada a atraer capital extranjero. El esquema comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y contempla controles financieros y de seguridad para quienes pretendan acceder al beneficio.
De esta manera, el Congreso se prepara para discutir dos posiciones diferentes sobre el régimen. Mientras el Poder Ejecutivo impulsa una herramienta vinculada con la llegada de inversiones extranjeras, Rossi propone eliminar esa posibilidad y mantener la residencia como condición que no pueda ser reemplazada mediante aportes económicos.
El proyecto deberá iniciar ahora su recorrido parlamentario y ser analizado por las comisiones correspondientes antes de avanzar hacia una eventual discusión en el recinto. Su aprobación implicaría modificar nuevamente el régimen de ciudadanía por inversión actualmente vigente.