Diputados debate una ley para proteger la soberanía nacional
- Diputados retomó el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional
- El oficialismo busca firmar el dictamen durante la próxima semana
- La oposición cuestionó las facultades previstas para el Poder Ejecutivo y las áreas de inteligencia
- El proyecto amplía las sanciones por explotación no autorizada de recursos en las áreas reclamadas por Argentina
- La iniciativa crea un Sistema y un Consejo de Seguridad Nacional con participación de varios funcionarios
- El debate continuará con la exposición de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional volvió a ocupar el centro de la agenda de la Cámara de Diputados, donde especialistas y representantes de organizaciones civiles expusieron sus posiciones ante un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. El tratamiento se desarrolla en medio de fuertes diferencias políticas y con el oficialismo decidido a intentar avanzar hacia un dictamen durante la próxima semana.
La discusión había quedado marcada la semana anterior por un fuerte enfrentamiento protagonizado por el diputado Juan Grabois y legisladores de La Libertad Avanza. A ese antecedente se sumaron nuevas dificultades para el cronograma previsto por el oficialismo, entre ellas el fallo de la Corte Suprema que eliminó los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros y la convocatoria opositora a una sesión especial para intentar derogar el mega DNU 70/23.
A pesar de esos obstáculos, el bloque oficialista mantiene la intención de incorporar el proyecto al temario de la sesión que buscará convocar para el miércoles 21. Para cumplir con ese objetivo, el dictamen debería quedar firmado durante la próxima semana. Mientras tanto, el debate continuará este miércoles con la participación de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, en una reunión que anticipa nuevas discusiones políticas.
Durante la jornada, la mayoría de los expositores convocados por la oposición cuestionó distintos aspectos de la iniciativa. Los principales reparos estuvieron dirigidos a la creación del Consejo de Seguridad Nacional y a las definiciones utilizadas para establecer qué situaciones pueden ser consideradas amenazas, debido a que consideran que podrían otorgar un margen excesivo de decisión al Poder Ejecutivo.
Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, sostuvo que el Estado ya dispone de herramientas para impedir la explotación no autorizada de recursos en el Atlántico Sur y cuestionó el enfoque general de la propuesta. Desde esa organización reclamaron el rechazo del proyecto al considerar que la cuestión Malvinas podría quedar vinculada con mecanismos de control social.
En una línea similar, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, planteó reparos sobre la constitucionalidad de la iniciativa. Su principal preocupación está relacionada con la ampliación de las facultades del Poder Ejecutivo y de las áreas de inteligencia. También cuestionó que algunas definiciones sobre amenazas sean demasiado amplias y puedan habilitar decisiones discrecionales del Estado.
Desde Unión por la Patria, el jefe del bloque, Germán Martínez, planteó una posición diferenciada sobre una parte del proyecto. Consideró que el Título 1, compuesto por los primeros 40 artículos, podría reunir un nivel significativo de consenso parlamentario y permitir acuerdos vinculados con la defensa de los reclamos argentinos sobre Malvinas.
Ese capítulo contempla una ampliación de las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental Argentina. El alcance de la normativa ya no quedaría limitado a la actividad hidrocarburífera, sino que abarcaría recursos renovables y no renovables.
La iniciativa también establece sanciones para empresas, socios y proveedores involucrados en esas actividades, incluyendo multas, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones. Además, contempla responsabilidades cuando se intente evitar las sanciones mediante reorganizaciones empresariales destinadas a ocultar la continuidad de una actividad.
El mayor foco de conflicto se concentra en el Sistema y el Consejo de Seguridad Nacional. El proyecto propone una estructura permanente de coordinación en áreas diplomáticas, económicas, cibernéticas, jurídicas, de defensa e inteligencia, encabezada por el Presidente e integrada por distintos funcionarios del Gobierno.
A su vez, incorpora nuevas infracciones vinculadas con la seguridad nacional, como afectar la integridad territorial, interferir en decisiones de autoridades, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones. Las sanciones previstas incluyen multas, pérdida de beneficios estatales, revocación de permisos e inhabilitación para operar en sectores considerados estratégicos.