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Grabois cruzó a Pettovello por el desalojo de estudiantes y la Ley de Financiamiento Universitario

  • Juan Grabois cuestionó a Sandra Pettovello por anunciar una denuncia judicial tras la protesta en el Palacio Pizzurno.
  • El dirigente opositor reclamó al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
  • Cientos de estudiantes exigieron más presupuesto, aumentos en las Becas Progresar y mejoras en los servicios universitarios.
  • La Policía Federal desalojó la sede de la Secretaría de Educación durante la noche del miércoles.
  • Capital Humano calificó la protesta como una toma violenta y anunció una denuncia para investigar los hechos y los presuntos daños.
  • La presentación penal alcanzará a cuatro militantes y dirigentes políticos, entre ellos el diputado Itai Hagman.

La disputa por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno nacional y la oposición, luego de que el Ministerio de Capital Humano anunciara una denuncia judicial por la protesta estudiantil realizada en el Palacio Pizzurno. El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois cuestionó a la ministra Sandra Pettovello y reclamó que la administración de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

El 8 de octubre de 2026, el dirigente de Patria Grande respondió al anuncio de la funcionaria con un mensaje publicado en X, en el que criticó la decisión de judicializar la manifestación. “¿Sabes qué es más fácil, Sandrita? Cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario”, escribió, al cuestionar lo que consideró un incumplimiento de la normativa por parte del Ejecutivo.

Grabois también defendió a los estudiantes que participaron de la protesta y expresó su respaldo a los reclamos en favor de la educación pública. “Aguante la Universidad Pública, aguanten estos pibes que pelean. El coraje se contagia”, sostuvo en la misma red social.

La controversia se originó el miércoles, cuando cientos de estudiantes ingresaron a la sede de la Secretaría de Educación, ubicada en el Palacio Pizzurno, y realizaron una sentada para exigir la aplicación de la ley de financiamiento universitario. La movilización se produjo después de que la Justicia Federal declarara inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno había frenado la implementación de la norma.

Además del cumplimiento de esa legislación, los manifestantes reclamaron un incremento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo y políticas integrales de salud mental. También exigieron mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios, servicios que forman parte de las demandas planteadas por los estudiantes.

Según relataron los participantes, durante la jornada mantuvieron reuniones con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Sin embargo, denunciaron que ninguno de los funcionarios respondió a los reclamos que presentaron.

El desalojo y la denuncia anunciada por el Gobierno

La protesta escaló durante las primeras horas de la noche del miércoles, cuando efectivos de la Policía Federal desalojaron a los estudiantes en medio de empujones y forcejeos. Grabois difundió un video que mostraba los enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes que intervinieron en el operativo.

Pettovello, por su parte, publicó imágenes de la protesta y del desalojo acompañadas por el mensaje “Por la fuerza, nada”. El Ministerio de Capital Humano informó que la evacuación se llevó adelante en coordinación con el Ministerio de Seguridad nacional y la Policía Federal.

La cartera calificó el episodio como una “toma violenta” y acusó a los participantes de provocar daños al patrimonio histórico del edificio. A partir de esos señalamientos, anunció que presentaría una denuncia judicial para que se investigaran los hechos, se evaluaran los posibles daños y se determinaran las responsabilidades correspondientes.

La ministra sostuvo que no quería que la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios estatales fueran utilizadas como formas de protesta. También afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro del marco legal y con respeto por las instituciones democráticas.

La denuncia penal anunciada por Capital Humano alcanzará a cuatro militantes y dirigentes políticos, entre ellos el diputado nacional de Unión por la Patria Itai Hagman, integrante de la agrupación que conduce Grabois.

El jueves por la noche, Álvarez volvió a intervenir en la controversia con un mensaje dirigido al dirigente opositor. El funcionario cuestionó la condición de estudiantes de los participantes, a quienes describió como militantes políticos y sindicales, y acusó a Grabois de dirigirlos. En el mismo mensaje, lanzó descalificaciones personales contra el diputado.

El enfrentamiento dejó expuestas dos posiciones contrapuestas sobre la protesta en el Palacio Pizzurno: mientras el Gobierno puso el foco en la ocupación del edificio y los presuntos daños, Grabois centró sus críticas en la falta de aplicación de la ley universitaria. La disputa judicial y política quedó así vinculada a un reclamo más amplio por el presupuesto, las becas y las condiciones de permanencia de los estudiantes en las universidades públicas.