El Gobierno negocia cambios en la Ley de Salud Mental y busca llevarla al Senado este mes

• La Libertad Avanza negocia con la oposición dialoguista cambios en la Ley de Salud Mental.
• El borrador todavía no tiene un texto definitivo ni el aval final de los bloques involucrados.
• La propuesta busca definir el papel de psicólogos y psiquiatras en las decisiones sobre internaciones.
• El proyecto prevé notificar e incorporar al sistema judicial sin convertir cada caso en un proceso judicializado.
• El texto contempla decisiones anticipadas sobre tratamientos y permite recurrir a teleconsultas psiquiátricas cuando falten especialistas presenciales.
• El oficialismo aspira a tratar la reforma en el Senado el 22 o el 29 de octubre, sujeto a un acuerdo legislativo.

La Libertad Avanza busca recuperar el ritmo de la actividad legislativa y avanza en las conversaciones con bloques opositores dialoguistas para modificar la Ley de Salud Mental. La iniciativa, que todavía no cuenta con un texto definitivo, genera diferencias entre el Gobierno, las provincias y los sectores involucrados en la atención de pacientes, especialmente por el papel que tendrán los profesionales de la salud y las condiciones para disponer internaciones involuntarias.

La bancada oficialista del Senado, conducida por Patricia Bullrich, trabaja sobre un borrador de dictamen que ya circula entre los legisladores que integran las comisiones de Salud y de Legislación General. Ambas están presididas por representantes de La Libertad Avanza: Ivanna Arrascaeta, de San Luis, y Nadia Márquez, de Neuquén. La intención del oficialismo es cerrar un entendimiento con sus aliados y anunciar los principales cambios, aunque las negociaciones todavía no concluyeron.

Uno de los puntos centrales de la discusión es la intervención de los psicólogos en las decisiones vinculadas con una eventual internación. La propuesta contempla su participación durante el proceso de atención y abre el debate sobre el alcance de sus atribuciones frente a las de los médicos psiquiatras. Sin embargo, las presiones de ministerios de Salud de distintas provincias buscan preservar el protagonismo de los profesionales médicos en las decisiones más relevantes. Por ahora, ese planteo no habría sido modificado y los psiquiatras mantendrían la primacía en ese aspecto.

Otro eje de la reforma es la participación del sistema judicial. La propuesta apunta a evitar que cada situación de atención deba derivar en un proceso de judicialización, pero contempla mecanismos para que la Justicia sea notificada e intervenga dentro del sistema. El objetivo planteado durante las conversaciones es que los jueces no concentren la decisión sobre la atención sanitaria, aunque tampoco queden completamente al margen de los procedimientos.

El borrador también incorpora precisiones sobre las internaciones contra la voluntad del paciente y el respeto por las decisiones anticipadas. En ese sentido, un inciso establece que toda persona con plena capacidad podrá consentir o rechazar de manera anticipada determinados tratamientos y decisiones relacionados con su salud mental. Además, podrá designar a una o más personas para que expresen su consentimiento si posteriormente no está en condiciones de hacerlo por sí misma.

Esas directivas deberán ser aceptadas por el equipo interdisciplinario que intervenga, excepto cuando impliquen un riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros. La propuesta también establece que la declaración de voluntad podrá revocarse en cualquier momento, una disposición que busca preservar la capacidad de decisión de las personas sobre su atención.

La conformación de los equipos interdisciplinarios es otro de los aspectos que busca contemplar el proyecto. La autoridad de aplicación fijaría lineamientos para que cada jurisdicción organice sus equipos de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos. El texto permitiría recurrir a consultas psiquiátricas por videollamada en tiempo real cuando no sea posible garantizar la presencia física del especialista.

La alternativa responde a la diferencia entre la cantidad de profesionales disponibles en cada especialidad. Las cifras mencionadas durante las conversaciones legislativas señalan que existen poco menos de 4.000 psiquiatras generales y 454 especialistas infantojuveniles, frente a unos 100.000 psicólogos matriculados. La distribución territorial de esos recursos aparece así como uno de los desafíos que la reforma busca atender.

La iniciativa también reconoce derechos para familiares, representantes legales y personas que cumplen funciones de apoyo. Entre ellos figuran recibir información sobre la afección, los tratamientos y su evolución previsible; conocer los recursos disponibles en la red territorial de salud mental; acceder a orientación y apoyo para el autocuidado, y ser escuchados durante las distintas etapas relevantes del proceso de atención.

Si las bancadas alcanzan un consenso, el oficialismo convocará al plenario de las comisiones para avanzar con el dictamen. La intención es tratar el proyecto en el recinto el 22 de octubre, aunque esa fecha aparece como un escenario difícil, o bien el 29. Las tensiones internas en el Senado y el avance de la precampaña electoral podrían volver a demorar una discusión que todavía depende de un acuerdo político y técnico.