El Gobierno pactó con sus aliados reponer las restricciones a la venta de tierras para proteger el DNU 70/23
- El oficialismo acordó restablecer límites a la compra de tierras rurales por extranjeros.
- El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo dictamen en Diputados.
- La iniciativa será debatida en el recinto el 21 de octubre.
- La modificación deja sin efecto la derogación de la ley de tierras establecida por el DNU 70/23.
- El proyecto también modifica las expropiaciones, la restitución de inmuebles ocupados y los desalojos por falta de pago.
- Si Diputados aprueba los cambios, el texto deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.
El oficialismo consiguió avanzar con una modificación clave del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al acordar con sus aliados en la Cámara de Diputados la restitución de las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. La iniciativa obtuvo dictamen y será tratada en el recinto el próximo 21 de octubre, en una decisión que introduce un cambio de posición respecto de la desregulación impulsada por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/23.
El acuerdo se produjo en un escenario de tensión legislativa, apenas 24 horas antes de la sesión convocada por la oposición para intentar derogar el decreto que estableció profundas modificaciones en distintos sectores de la economía. Con la incorporación de los límites a la adquisición de tierras, La Libertad Avanza buscó ofrecer una alternativa a los bloques aliados que rechazan la posibilidad de permitir compras sin restricciones, pero que tampoco quieren avanzar con la eliminación completa del mega DNU.
La estrategia oficialista apunta a evitar una derogación general que, según sus representantes, podría provocar consecuencias administrativas y judiciales de gran alcance. El decreto modificó regulaciones vinculadas con el comercio, el transporte, el mercado laboral, la salud y el sector inmobiliario, entre otras áreas. También derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres, liberó las tasas bancarias y las cuotas de las empresas de medicina prepaga y desreguló el mercado aerocomercial.
Desde el oficialismo advirtieron que revertir integralmente esas disposiciones generaría incertidumbre. En cambio, consideraron que la cuestión de las tierras rurales podía reunir un consenso más amplio entre las distintas fuerzas políticas y permitir un entendimiento sin comprometer el resto de las medidas incluidas en el decreto.
Durante el plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, el diputado radical Diógenes Gonzáles propuso incorporar dos artículos al dictamen. El artículo 38 deja sin efecto el artículo 134 del DNU 70, que había derogado la ley de tierras, mientras que el artículo 39 restablece la vigencia de la ley 26.737, sancionada en 2011.
La modificación provocó cuestionamientos desde Unión por la Patria. La diputada Paula Penacca criticó el cambio de postura del oficialismo, al recordar que La Libertad Avanza había promovido en el Senado la eliminación de las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. También cuestionó que ahora se avance con la recuperación de una norma aprobada durante el gobierno de Cristina Kirchner, en contradicción con el rumbo establecido por el Presidente a través del decreto.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ya contaba con media sanción del Senado desde principios de agosto. Además de las disposiciones sobre tierras rurales, contempla cambios en el régimen de expropiaciones, desalojos y restitución de inmuebles ocupados.
En materia de expropiaciones, establece que el Estado deberá justificar de manera expresa y estricta la declaración de utilidad pública. También modifica el cálculo de las indemnizaciones para que contemple el valor de mercado y el lucro cesante. Para los inmuebles ocupados, incorpora un mecanismo de restitución sumaria que podría concretarse en un plazo de 72 horas, siempre que el propietario presente la documentación correspondiente.
En los casos de falta de pago del alquiler, la iniciativa dispone que el locador deberá intimar al inquilino y concederle diez días para cancelar la deuda antes de avanzar con el desalojo.
Si Diputados aprueba el proyecto con las modificaciones incorporadas, el texto deberá regresar al Senado para su aprobación definitiva. De esta manera, la discusión sobre la propiedad privada se convertirá en otro capítulo de la disputa legislativa en torno al alcance del DNU 70/23 y las condiciones para sostener los acuerdos entre el oficialismo y sus aliados.
La ley de tierras, cuya vigencia fue restablecida temporalmente por una cautelar interina de la Corte Suprema, establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Asimismo, limita al 30% la participación de titulares de una misma nacionalidad dentro del cupo habilitado para extranjeros y restringe la adquisición de terrenos rurales que contengan cuerpos de agua relevantes o estén ubicados en zonas de seguridad de frontera.
La decisión de avanzar con estas restricciones busca preservar esos límites dentro de una iniciativa más amplia, mientras el Congreso define el futuro de las disposiciones que el Gobierno incorporó a su programa de desregulación económica.