Malvinas: diputados peronistas buscan citar al embajador de Chile por una ruta marítima comercial

• La iniciativa peronista busca citar al embajador chileno Gonzalo Uriarte Herrera para que explique la ruta marítima proyectada entre Punta Arenas y Malvinas.
• Los diputados quieren determinar si el servicio podría abastecer actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
• El proyecto plantea analizar la posible aplicación de la Ley 26.659 ante actividades hidrocarburíferas consideradas no autorizadas.
• Guillermo Michel propuso denunciar dos acuerdos bilaterales que otorgan ventajas fiscales a empresas chilenas con inversiones en la Argentina.
• Legisladores chilenos rechazaron esa iniciativa y reclamaron que se aclare si responde a una posición oficial del gobierno de Milei.
• Los cruces también abarcan el Estrecho de Magallanes y se suman a reclamos políticos y diplomáticos por el uso de infraestructura regional en actividades vinculadas con Malvinas.

La disputa por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo en el Congreso argentino, en medio de la creciente tensión diplomática entre los gobiernos de Javier Milei y José Antonio Kast. Un grupo de diputados nacionales del peronismo presentó un proyecto de resolución para convocar al embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre una ruta marítima comercial que conectaría Punta Arenas con el archipiélago y que comenzaría a operar en noviembre.

La iniciativa apunta a conocer los alcances del servicio que proyecta inaugurar la empresa Easter Island Naviera y determinar si la conexión podría utilizarse para abastecer actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. El planteo se produce después de varias semanas de cruces políticos e institucionales entre ambos países, que trasladaron las diferencias vinculadas con la cuestión Malvinas a los respectivos parlamentos, pese a la afinidad ideológica entre Milei y Kast.

El proyecto, impulsado por Santiago Cafiero y acompañado por otros 15 legisladores, solicita al diplomático chileno que informe cuál es la posición oficial de su gobierno respecto de la apertura de la ruta y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre Malvinas. También pretende establecer si las autoridades chilenas participaron o autorizaron la operación y si el servicio podría brindar apoyo logístico a emprendimientos hidrocarburíferos, entre ellos Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

En los fundamentos, los diputados señalaron la necesidad de esclarecer las características de la operación comercial, la embarcación involucrada, su bandera, las mercaderías que transportaría y la eventual prestación de servicios a compañías vinculadas con actividades económicas desarrolladas bajo autorizaciones británicas. Además, plantearon la posibilidad de evaluar la aplicación de la Ley 26.659, que establece prohibiciones y sanciones relacionadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.

La presentación se suma a otra iniciativa parlamentaria que busca endurecer la respuesta frente a la eventual participación de empresas chilenas en actividades económicas relacionadas con las islas. La semana pasada, el diputado Guillermo Michel propuso que el Poder Ejecutivo denuncie dos acuerdos bilaterales que conceden ventajas fiscales a empresas chilenas con inversiones en la Argentina: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición.

Michel sostuvo que Chile no debería conservar beneficios económicos y fiscales si empresas de ese país participan en actividades que la Argentina considera ilegales en Malvinas. Aclaró, sin embargo, que su propuesta no persigue una ruptura de las relaciones diplomáticas, sino condicionar las ventajas otorgadas a las inversiones al respeto de la posición argentina sobre el archipiélago.

La reacción de legisladores chilenos fue inmediata. Diputados del Partido Republicano, la fuerza política de Kast, rechazaron la iniciativa. Stephan Schubert, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara chilena, la calificó de irresponsable y reclamó precisiones sobre una eventual vinculación con la política oficial del gobierno argentino. Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, advirtió que retirar beneficios fiscales a empresas chilenas afectaría el libre comercio y la estabilidad jurídica. Otros representantes reclamaron una protesta diplomática y defendieron la soberanía de Chile.

La controversia ya había llegado a la Cámara de Diputados chilena el 6 de octubre, cuando se aprobaron siete resoluciones no vinculantes para reclamar una postura más firme de Kast en defensa de los intereses nacionales. Una de ellas reafirmó la vigencia de los tratados limítrofes con la Argentina y obtuvo 100 votos favorables y una abstención. Otras instaron al mandatario a priorizar los intereses chilenos por encima de sus afinidades políticas con Milei y reclamaron gestiones sobre decretos argentinos que consideran perjudiciales para la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes.

En paralelo, dirigentes peronistas, entre ellos Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi y Eduardo “Wado” de Pedro, enviaron una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para pedir que impidan el uso de puertos, aeropuertos e infraestructura como plataformas logísticas de empresas que operan en Malvinas. El intendente de Río Grande, Martín Pérez, también manifestó su preocupación ante Uriarte Herrera por la actividad comercial proyectada desde Punta Arenas.

Las diferencias se arrastran desde agosto y alcanzaron también a las áreas de defensa y política exterior. Las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, sobre la soberanía nacional en el extremo austral motivaron una protesta formal chilena. A su vez, Patricia Bullrich incluyó el control del Estrecho de Magallanes entre los objetivos estratégicos argentinos, pese a que la cumbre entre Milei y Kast había ratificado la soberanía chilena sobre ese paso interoceánico.

La convocatoria al embajador abre así un nuevo frente parlamentario en una disputa que combina la defensa argentina de la soberanía sobre Malvinas, los intereses comerciales y las diferencias sobre el espacio marítimo austral.