Ferraro cuestionó el sobreseimiento de Milei en la causa $LIBRA y evalúa denunciar al juez y al fiscal
- Maximiliano Ferraro calificó de vergonzoso el sobreseimiento de los once imputados en la causa $LIBRA.
- El diputado cuestionó los fundamentos de la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
- También criticó al fiscal Eduardo Taiano por solicitar los sobreseimientos sin interrogar a los investigados.
- Ferraro sostuvo que el apartamiento de los querellantes limitó sus posibilidades de apelar la decisión.
- La Coalición Cívica analizará posibles denuncias contra el juez y el fiscal.
- La Cámara Federal de Casación deberá resolver planteos vinculados con la participación de los inversores damnificados.
El cierre de la investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA abrió un nuevo frente de cuestionamientos políticos y judiciales. Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, calificó de vergonzosa la decisión que benefició al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a los demás imputados, y anticipó que su partido analizará presentar denuncias contra el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano por sus actuaciones en el expediente.
El legislador, quien presidió la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso, sostuvo que la resolución representa un intento de garantizar la impunidad de los involucrados. Sus críticas apuntaron tanto a los fundamentos del fallo como a las medidas de prueba realizadas durante la investigación y a las decisiones que afectaron la participación de los inversores damnificados.
“Estamos frente a un operativo y maniobra judicial para consagrar la impunidad y encubrimiento de Javier Milei y su entorno, un fallo vergonzoso de los que muchas veces nos tiene acostumbrados Comodoro Py”, afirmó Ferraro durante una entrevista concedida este lunes.
El viernes 23 de octubre, Martínez de Giorgi había dispuesto el sobreseimiento de los once investigados, luego de hacer lugar al pedido formulado por Taiano. La resolución concluyó que los hechos examinados no encuadraban en una figura penal y consideró que no estaban acreditados los elementos necesarios para configurar delitos como estafa, tráfico de influencias o abuso de autoridad.
Críticas a los fundamentos de la resolución
Ferraro cuestionó que el magistrado otorgara validez a respuestas escritas de organismos del Poder Ejecutivo, entre ellos la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, y la Secretaría General de la Presidencia. También objetó que se relativizaran o descartaran elementos reunidos por el Ministerio Público Fiscal porque parte de esa información había trascendido en investigaciones periodísticas.
Para el diputado, esos argumentos constituyen uno de los aspectos más cuestionables de la decisión judicial. Consideró que la difusión pública de determinados elementos no debería ser motivo suficiente para restarles valor dentro de una investigación penal.
Otro de los puntos señalados fue el apartamiento de los inversores damnificados que habían sido aceptados como querellantes. Ferraro interpretó esa decisión como un paso previo al cierre de la causa, porque habría limitado las posibilidades de impugnar judicialmente el sobreseimiento.
“El acto previo a este fallo vergonzoso fue correr a la querella para que nadie pueda apelar”, sostuvo el legislador, al insistir en que la participación de los damnificados resulta central para garantizar el control sobre las decisiones adoptadas durante el proceso.
Cuestionamientos a las medidas de prueba
Las críticas también alcanzaron el trabajo de la fiscalía. Ferraro reprochó que Taiano solicitara el sobreseimiento de los once imputados sin haberlos interrogado previamente sobre los hechos investigados.
“Hay cuatro o cinco preguntas simples que el fiscal nunca le hizo a los 11 sobreseídos en la causa $LIBRA”, afirmó, al cuestionar la profundidad de las medidas realizadas antes de solicitar el cierre del expediente.
El diputado sostuvo, además, que la comisión investigadora de la Cámara baja había reunido información que excedía los contenidos de su informe final. Según explicó, otros elementos, indicios e hipótesis fueron preservados y puestos en conocimiento del juez Martínez de Giorgi.
Ferraro aseguró que, en una primera etapa, el magistrado había manifestado su disposición a coordinar el trabajo con la comisión parlamentaria, respetando las competencias de cada ámbito. Sin embargo, afirmó que posteriormente percibió un cambio de actitud que, desde su perspectiva, terminó favoreciendo el cierre de la investigación.
En sus cuestionamientos a Taiano, también estableció comparaciones con otras causas de interés público, entre ellas las investigaciones relacionadas con el patrimonio del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La definición judicial y las posibles denuncias
La Coalición Cívica aguardará las próximas decisiones judiciales antes de definir los pasos que adoptará. Ferraro señaló que la Cámara Federal de Casación debe resolver planteos relacionados con la participación de los querellantes, una instancia que considera determinante para establecer si los damnificados podrán recuperar total o parcialmente esa condición.
“Quedan 48 horas que son claves para los querellantes. Está una resolución a resolverse en la Cámara de Casación y tenemos que estar atentos a lo que hagan los jueces de Casación para ver si se restituye parte o totalidad de la querella”, explicó.
En ese escenario, el dirigente confirmó que su espacio analizará posibles denuncias contra el juez y el fiscal por su intervención en el expediente. “Vamos a analizar denuncias a Taiano y a Martínez de Giorgi. Ya es alevoso”, advirtió.
Ferraro mencionó al juez Alejandro Slokar entre los integrantes de la Cámara de Casación que deberán intervenir, aunque aclaró que no recordaba quiénes completaban el tribunal.
La eventual presentación de denuncias dependerá de los próximos movimientos judiciales y de la evaluación que realice la Coalición Cívica. Mientras tanto, el sobreseimiento de Milei, Karina Milei y los otros investigados continúa generando cuestionamientos sobre el desarrollo de la causa y el alcance de las medidas adoptadas para esclarecer los hechos.