El oficialismo logró dictamen para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, pero persisten diferencias con sus aliados

• La Libertad Avanza obtuvo dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
• La iniciativa endurece las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur.
• El oficialismo limitó las responsabilidades empresariales y excluyó a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2%.
• El proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para evaluar inversiones extranjeras en sectores estratégicos.
• Una comisión bicameral controlará las decisiones del Consejo y recibirá información del Ejecutivo dentro de las 48 horas.
• Los aliados reclaman nuevas modificaciones sobre las penas por injerencia extranjera antes de respaldar el proyecto en el recinto.

La Libertad Avanza consiguió avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur y crea un nuevo organismo para coordinar las políticas de seguridad, inteligencia y defensa. El dictamen de mayoría quedó habilitado para su tratamiento en la Cámara de Diputados, aunque las modificaciones incorporadas durante las negociaciones no despejaron todas las objeciones de los bloques aliados.

El oficialismo tiene como fecha tentativa para llevar la propuesta al recinto el jueves 12 de noviembre. Sin embargo, el cronograma podría sufrir modificaciones por la semana reducida que se prevé debido a la visita del papa León XIV a la Argentina.

Impulsado principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo, el proyecto apunta a reforzar los instrumentos del Estado frente a actividades económicas consideradas ilegales vinculadas con recursos naturales argentinos. El alcance de las sanciones constituye uno de los aspectos más controvertidos de la iniciativa, especialmente por sus posibles consecuencias sobre empresas extranjeras.

Cambios en las sanciones por la explotación de recursos

La propuesta contempla penalidades para quienes participen en la explotación no autorizada de recursos renovables y no renovables, sin limitarse exclusivamente a la actividad hidrocarburífera. También prevé multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones para empresas, socios y proveedores involucrados.

Las objeciones internacionales contribuyeron a introducir modificaciones. El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, transmitió personalmente al presidente Javier Milei la preocupación de la administración de Donald Trump por las consecuencias que las sanciones podían tener sobre compañías de ese país.

Frente a esos cuestionamientos, el oficialismo aceptó acotar las responsabilidades a quienes intervengan directamente en los negocios ilegales dentro del territorio argentino. La disposición alcanza a operadores, licenciatarios, proveedores y accionistas directos de los proyectos involucrados.

En cambio, quedaron excluidos los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión indirectos que mantengan participación en las compañías explotadoras. Los cambios buscan delimitar con mayor precisión el alcance de las penalidades y reducir las objeciones planteadas durante las conversaciones políticas y diplomáticas.

Un Consejo de Seguridad Nacional con facultades sobre inversiones

Otro componente central del proyecto es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que estará presidido por el jefe de Estado e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado, la secretaria Legal y Técnica y el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva.

El nuevo organismo tendrá la función de coordinar la estrategia estatal en materia de defensa, inteligencia y seguridad interior. Además, podrá controlar, aceptar o rechazar inversiones promovidas por Estados extranjeros y empresas con capitales de ese origen en sectores considerados estratégicos, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.

A pedido de distintos bloques aliados, se habilitó la participación de autoridades legislativas y gobernadores como miembros no permanentes cuando la naturaleza de los asuntos tratados lo justifique. La incorporación busca ampliar la intervención institucional en las decisiones del Consejo.

También se acordó establecer una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, con facultades para auditar las decisiones y los procedimientos del organismo. La propuesta fue impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo.

Según los cambios incorporados, el Poder Ejecutivo deberá informar a esa comisión, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad adoptadas por el Consejo. El mecanismo procura establecer una instancia de control parlamentario sobre una estructura integrada principalmente por funcionarios del Ejecutivo.

Las penas por injerencia extranjera siguen bajo discusión

Las diferencias entre el oficialismo y sus aliados persisten en los artículos que establecen penas de cinco a doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública.

El dictamen define las campañas de injerencia extranjera como acciones planificadas, sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas destinadas a modificar elecciones, afectar la voluntad política o condicionar decisiones de las autoridades.

Al mismo tiempo, excluye expresamente de esa categoría la actividad diplomática ajustada al derecho internacional, las opiniones públicas atribuidas a gobiernos extranjeros, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta y regulada de intereses.

Pese a esas precisiones, algunos bloques aliados que acompañaron el dictamen con disidencias reclamaron nuevas modificaciones, especialmente en los artículos 127, 128 y 129. Las objeciones se concentran en la necesidad de delimitar mejor las conductas alcanzadas y determinar cómo quedarían encuadradas las organizaciones no gubernamentales que buscan influir sobre las políticas públicas.

Desde sectores dialoguistas advirtieron que, sin nuevos cambios, podrían rechazar el proyecto durante su tratamiento en el recinto. En el oficialismo reconocen que todavía existen aspectos por revisar, por lo que las negociaciones continuarán antes de la votación definitiva.

La obtención del dictamen representa un avance legislativo para el Gobierno, pero el resultado final dependerá de su capacidad para cerrar las diferencias sobre las sanciones, las facultades del Consejo y los límites de las disposiciones vinculadas con la injerencia extranjera.