Los riesgos de un estado de sospecha sin control en la reforma penal de Pullaro

Como dice la canción, “veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades”. La frase parece describir el debate que atraviesa por estos días la Legislatura santafesina en torno al paquete de reformas en materia de seguridad enviado por el Poder Ejecutivo, que incluye modificaciones al Código Procesal Penal.

La consigna de “no volver atrás”, que el gobierno de Maximiliano Pullaro utiliza para defender su iniciativa, encuentra cuestionamientos de especialistas que advierten sobre un posible retroceso en materia de atribuciones policiales y respeto de las garantías constitucionales.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la posibilidad de extender hasta 48 horas la detención de una persona por averiguación de antecedentes, una medida que despierta preocupación por sus posibles efectos sobre los derechos individuales y los límites de la actuación policial.

el gobierno defiende su modelo de seguridad

Este martes, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, pidió a los legisladores que acompañen el paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo.

“Tenemos que consolidar el modelo de seguridad y profundizar las acciones, porque no creo que ningún vecino quiera volver atrás”, sostuvo.

Para respaldar la iniciativa, Coudannes destacó la reducción del 63% de los homicidios y el derribo o la inactivación de más de 150 puntos de venta de drogas en la provincia.

Sin embargo, la apelación a no retroceder adquiere otro significado cuando se analiza la evolución de las normas que regulan las detenciones policiales por averiguación de identidad y antecedentes.

las advertencias de un constitucionalista

El abogado constitucionalista Oscar Blando, docente de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y exdirector de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, advirtió que el proyecto oficial profundiza una tendencia regresiva que, según su análisis, ya había comenzado con modificaciones normativas anteriores.

La discusión pone en el centro una cuestión fundamental: hasta dónde puede avanzar el Estado en sus facultades preventivas sin comprometer las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Mientras el oficialismo sostiene que las reformas permitirán consolidar las políticas de seguridad, las objeciones apuntan al riesgo de ampliar las facultades policiales y habilitar detenciones prolongadas sin suficientes controles.

El debate legislativo, por lo tanto, no se limita a la eficacia de las herramientas para combatir el delito. También involucra los límites institucionales del poder estatal y las garantías que deben proteger a cualquier persona frente a una intervención policial.