El PRO busca recuperar su identidad sin romper con Milei
Por RICARDO ZIMERMAN
x: @RicGusZim1
El triunfo de Lula en Brasil, los ataques presidenciales a la prensa y las negociaciones parlamentarias expusieron las contradicciones de un partido que necesita diferenciarse de La Libertad Avanza, pero todavía depende de su relación con el Gobierno. Entre la defensa de las instituciones y la conveniencia de conservar espacios de poder, Mauricio Macri y sus dirigentes enfrentan una disyuntiva que condicionará su futuro electoral.
La política suele revelar sus contradicciones cuando los acontecimientos se precipitan y obligan a tomar posición. El PRO acaba de atravesar una de esas semanas en las que las diferencias que intenta administrar puertas adentro se vuelven demasiado visibles para disimularlas. La elección brasileña, los agravios de Javier Milei contra el periodismo y la discusión sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional pusieron al partido frente a una pregunta que todavía no consigue responder: cómo acompañar al Gobierno sin terminar confundido con él.
El reconocimiento del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva fue una señal significativa. Mientras el Presidente argentino evitaba pronunciarse sobre el resultado, después de haber respaldado a Flávio Bolsonaro durante la campaña, el PRO reivindicó la continuidad de la relación estratégica entre ambos países. Mauricio Macri también felicitó al mandatario brasileño y destacó la importancia de preservar los vínculos regionales. No se trató solamente de una diferencia diplomática. Detrás de esos mensajes apareció una discusión más profunda sobre los límites del alineamiento ideológico cuando están en juego los intereses permanentes de un país.
La política exterior no puede reducirse a las simpatías personales de los gobernantes ni a una división elemental entre amigos y adversarios. Brasil es demasiado importante para la Argentina como para convertir la relación bilateral en una prolongación de las disputas partidarias. Las diferencias entre Milei y Lula son evidentes, pero no eliminan la necesidad de cooperar en cuestiones económicas, comerciales y estratégicas. El PRO parece haber comprendido que, en ese terreno, la moderación no constituye una concesión ideológica, sino una expresión de responsabilidad política.
Patricia Bullrich se movió en una dirección semejante. La senadora sostuvo que la voluntad popular expresada en las urnas debe respetarse, incluso cuando el resultado favorece a un dirigente con el que existen profundas discrepancias. Su pronunciamiento introdujo, además, una advertencia sobre el uso de la Justicia contra los adversarios políticos. El mensaje tenía una destinataria implícita dentro de la política argentina, aunque su alcance excedía las fronteras brasileñas: la democracia pierde sustancia cuando quienes gobiernan pretenden convertir la victoria electoral en una autorización para desconocer los derechos de quienes piensan diferente.
La coincidencia entre Bullrich y el PRO merece una lectura política, aunque sería apresurado interpretarla como el comienzo de una reconciliación. Las heridas que dejó la incorporación de la ex ministra de Seguridad al gobierno de Milei siguen abiertas en buena parte del macrismo. Su decisión de sumarse al oficialismo sin preservar la identidad partidaria que había construido durante años no fue olvidada. Sin embargo, las diferencias personales no impiden que aparezcan coincidencias cuando un sector del electorado comienza a reclamar formas de conducción menos confrontativas.
Los insultos presidenciales contra periodistas en la cena de la Fundación Faro ofrecieron otra oportunidad para marcar distancias. El PRO eligió una respuesta institucional, sin llegar a la dureza que algunos de sus dirigentes pretendían. La libertad de prensa, el respeto por las opiniones ajenas y la responsabilidad de los funcionarios públicos fueron los principios invocados para cuestionar los excesos verbales del Presidente. María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y otros dirigentes expresaron críticas más contundentes.
La discusión no es secundaria. Un partido que aspira a representar una tradición republicana no puede considerar irrelevante la manera en que el poder se relaciona con quienes lo cuestionan. La crítica al periodismo puede formar parte de una controversia política legítima; la descalificación sistemática, en cambio, termina deteriorando las condiciones del debate público. El problema para el PRO consiste en determinar si esos principios constituyen una frontera efectiva o si solamente aparecen cuando la conducta presidencial amenaza con perjudicarlo electoralmente.
Esa duda se vuelve todavía más evidente al observar su comportamiento parlamentario. Mientras algunos dirigentes procuran reconstruir una identidad propia, el sector que garantiza la gobernabilidad en la Cámara de Diputados conserva una relación funcional con La Libertad Avanza. La negociación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional mostró que el oficialismo necesitó aceptar modificaciones para reunir las firmas necesarias para avanzar con el dictamen. El PRO y la Unión Cívica Radical desempeñaron un papel relevante en ese proceso.
La paradoja es evidente, pero no necesariamente contradictoria. Un partido puede acompañar determinadas iniciativas gubernamentales y, al mismo tiempo, exigir cambios cuando considera que un proyecto necesita correcciones. El problema aparece cuando esa cooperación legislativa carece de una orientación política reconocible y termina subordinando cualquier diferencia a la conveniencia inmediata. Gobernar no significa aceptar todo; ejercer la oposición tampoco exige bloquear cada propuesta del oficialismo. La cuestión central es establecer criterios que permitan distinguir entre el acuerdo razonable y la renuncia a las propias convicciones.
La discusión sobre discapacidad había anticipado esa tensión. Cuando el PRO cuestionó modificaciones incluidas en el Presupuesto 2027, dejó planteado que acompañar el cambio no supone otorgarle al Gobierno un respaldo incondicional. La frase contenía una definición política que todavía necesita traducirse en una conducta consistente. Marcar límites implica asumir el costo de sostenerlos, incluso cuando hacerlo complica las negociaciones con quienes controlan los resortes del poder.
En el fondo, el PRO enfrenta un problema de identidad antes que de táctica. Una parte de su dirigencia considera indispensable recuperar una voz diferenciada para conservar a los votantes que valoran el cambio económico, pero desconfían de los métodos presidenciales. Otra parte entiende que la prioridad consiste en preservar la influencia institucional y evitar que una ruptura con Milei termine beneficiando a sus adversarios. Ambas posiciones tienen argumentos atendibles, aunque responden a horizontes distintos.
La proximidad de las elecciones de 2027 vuelve más difícil esa convivencia. El partido necesita decidir si pretende reconstruirse como una fuerza autónoma, negociar una alianza electoral desde una posición propia o continuar acompañando al oficialismo con la expectativa de conservar espacios de representación. La eventual discusión sobre la obra pública y la infraestructura podría abrir nuevas diferencias, pero ninguna iniciativa aislada resolverá el dilema de fondo.
Macri conoce los riesgos de una fuerza que pierde identidad al intentar conservar influencia. También sabe que una confrontación prematura con Milei podría dejar al PRO sin capacidad de negociación. Entre ambos peligros se extiende un camino estrecho, que exige algo más que comunicados moderados y acuerdos parlamentarios circunstanciales.
El desafío consiste en demostrar que las diferencias expresadas durante una semana intensa no son simples movimientos destinados a acomodarse a los cambios de humor del electorado. Si el PRO quiere volver a ser una alternativa, deberá explicar qué representa, qué está dispuesto a acompañar y cuáles son los límites que no aceptará cruzar. De lo contrario, seguirá atrapado entre dos papeles: el de un socio que ayuda a gobernar y el de una oposición que intenta convencer a sus votantes de que todavía conserva una identidad propia.