¿Hay verdaderamente justicia o simplemente tenemos jueces y fiscales ocupando cargos?
Resumen
La Justicia santafesina debe hacerse una pregunta incómoda: ¿todos los jueces y fiscales que hoy ejercen sus funciones están realmente capacitados para hacerlo?
La idoneidad, la formación y la trayectoria profesional deberían ser condiciones indispensables para acceder a cargos que pueden decidir sobre la libertad, el patrimonio y los derechos de las personas.
No alcanza con cubrir vacantes judiciales para demostrar que el sistema funciona. Llenar espacios no significa garantizar justicia.
Es necesario saber si algunas designaciones responden a verdaderos méritos profesionales o si existen conveniencias políticas, compromisos y acuerdos que terminan condicionando la integración del Poder Judicial.
La sociedad santafesina tiene derecho a exigir jueces y fiscales preparados, independientes y capaces de estar a la altura de la enorme responsabilidad institucional que tienen.
La Justicia debería ser uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, en Santa Fe resulta cada vez más necesario formular una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿tenemos verdaderamente Justicia en la provincia? ¿O simplemente tenemos un sistema judicial en el que hay personas ocupando cargos de jueces y fiscales sin que necesariamente todas reúnan las condiciones de idoneidad que esas funciones exigen?
No es una pregunta menor. Tampoco es un cuestionamiento generalizado a todos los integrantes del Poder Judicial santafesino. Sería injusto desconocer que existen magistrados y fiscales de enorme preparación, capacidad, experiencia y compromiso con su función. Pero precisamente porque hay excelentes profesionales dentro de la Justicia, resulta necesario preguntarse si todos los que acceden a esas responsabilidades están a la misma altura.
Tener un título de abogado no convierte automáticamente a una persona en un buen juez. Tampoco habilita, por sí solo, para desempeñarse como fiscal. Son funciones que requieren conocimientos jurídicos profundos, experiencia, criterio, equilibrio, sentido común, independencia y, fundamentalmente, una capacidad intelectual y profesional acorde con las consecuencias de las decisiones que deben adoptar.
En Santa Fe, como en cualquier otra jurisdicción, un juez puede decidir sobre la libertad, el patrimonio, los derechos y el futuro de una persona. Un fiscal puede impulsar investigaciones, formular acusaciones y desarrollar actuaciones capaces de cambiar radicalmente la vida de un ciudadano. Estamos hablando de facultades extraordinarias que no pueden quedar en manos de personas cuya preparación resulte insuficiente para semejante responsabilidad.
Y entonces aparece otra pregunta: ¿quién garantiza que quienes llegan a esos cargos son realmente los mejores profesionales disponibles?
¿Los mecanismos de selección son suficientemente exigentes? ¿Se privilegia verdaderamente la capacidad por encima de las relaciones políticas? ¿Se evalúan con profundidad los antecedentes, la experiencia, la formación y la trayectoria de quienes aspiran a ocupar un despacho judicial? ¿O, en determinadas circunstancias, las designaciones terminan siendo el resultado de acuerdos, compromisos y conveniencias políticas?
El concurso no puede ser una pantalla para justificar designaciones
Y seguramente aparecerá alguien que pretenda responder a estos cuestionamientos diciendo que los jueces y fiscales son designados después de participar de concursos públicos, que existen evaluaciones y que los candidatos deben reunir determinados requisitos.
Pero esa respuesta, por sí sola, no alcanza.
En Santa Fe, integrar una terna no significa necesariamente que vaya a ser designado quien obtuvo la mejor calificación. El sistema permite que el gobernador elija entre los integrantes de la terna, por lo que puede terminar siendo seleccionado quien ocupó el tercer lugar, aun cuando el primero haya obtenido una calificación considerablemente superior.
Pongamos un ejemplo: un candidato obtiene diez puntos y otro seis. Ambos integran la terna y, finalmente, el gobernador puede optar por el segundo, aunque su calificación haya sido inferior. Formalmente, el procedimiento puede estar cumplido. Pero la pregunta que queda pendiente es otra: ¿qué sentido tiene exigir evaluaciones, antecedentes y calificaciones si el resultado no determina necesariamente quién reúne mayores méritos para acceder al cargo?
Un concurso debería servir para seleccionar a los más capaces, no simplemente para confeccionar una lista de personas entre las cuales después se pueda elegir por razones que la sociedad desconoce.
La sociedad tiene derecho a conocer las respuestas.
No se puede confundir la necesidad de cubrir una vacante con la obligación de designar a una persona idónea. Son dos cuestiones completamente diferentes. Que un tribunal necesite un juez o que una fiscalía requiera un fiscal no significa que cualquier profesional esté en condiciones de ocupar ese lugar.
La urgencia administrativa no puede convertirse en una excusa para bajar las exigencias. Tampoco se puede presentar como un logro institucional el simple hecho de haber completado el organigrama del Poder Judicial.
Porque, si de lo que se trata es de llenar espacios vacíos, cualquier designación podría parecer suficiente. Pero si de lo que se trata es de administrar justicia, los requisitos deben ser extraordinariamente rigurosos.
¿Estamos seguros de que todos los jueces y fiscales que hoy desempeñan funciones en Santa Fe aprobarían los exámenes de idoneidad que deberían exigirse en una sociedad con verdaderos niveles de excelencia institucional?
Es una pregunta fuerte, pero necesaria. Y voy todavía más lejos: existen situaciones que obligan a preguntarse si determinados funcionarios judiciales, por sus conocimientos, su criterio jurídico o su capacidad para resolver cuestiones complejas, estarían siquiera en condiciones de superar una evaluación exigente para ingresar como empleados de menor jerarquía en una estructura judicial.
No se trata de descalificar gratuitamente a nadie. Se trata de poner sobre la mesa una preocupación institucional que no debería ser ignorada.
Con los fiscales ocurre algo particularmente delicado. En el sistema penal santafesino, el Ministerio Público de la Acusación tiene una responsabilidad central. Sus integrantes deben investigar delitos, reunir pruebas, evaluar conductas y sostener acusaciones. No pueden actuar desde la improvisación, el desconocimiento jurídico o la falta de experiencia. Cada investigación exige preparación, responsabilidad y un conocimiento profundo de las garantías constitucionales.
Un fiscal no puede confundir una sospecha con una prueba, ni una hipótesis investigativa con una verdad demostrada. Tampoco puede utilizar las facultades que le otorga la ley como si fueran atribuciones personales ilimitadas.
Con los jueces la exigencia debe ser todavía más rigurosa. Su función consiste en garantizar que la ley se aplique correctamente, controlar los procedimientos y resolver los conflictos con independencia e imparcialidad. Un juez no puede ser un improvisado, no puede desconocer principios elementales del derecho y mucho menos puede convertir sus convicciones personales en el fundamento de sus sentencias.
La investidura judicial no reemplaza la capacidad profesional. La autoridad de un magistrado no nace solamente de su nombramiento: también debe construirse sobre sus conocimientos, su conducta y la calidad de sus decisiones.
Y aquí aparece una responsabilidad que no puede eludirse: la de la política santafesina.
Los gobiernos, los legisladores y los organismos encargados de intervenir en los procedimientos de selección tienen la obligación de garantizar que los nombramientos respondan a criterios objetivos y transparentes. La Justicia no puede convertirse en un espacio para saldar compromisos políticos, premiar lealtades o acomodar profesionales por el solo hecho de contar con respaldos o relaciones convenientes.
No alcanza con que una designación cumpla formalmente con los procedimientos establecidos. También debe existir una verdadera garantía de idoneidad.
Porque la independencia judicial comienza, en buena medida, en el momento de seleccionar a quienes van a ejercer la magistratura. Si el acceso a un cargo depende más de las relaciones que de los méritos, la sociedad tiene motivos legítimos para desconfiar.
Santa Fe necesita una discusión seria sobre la calidad de su Justicia. No solamente sobre la cantidad de tribunales, fiscalías, juzgados y funcionarios. Necesita saber quiénes están detrás de esos cargos, qué formación tienen, cuál es su experiencia, cómo llegaron y qué capacidad demostraron para asumir semejante responsabilidad.
También es necesario fortalecer los mecanismos de evaluación y control. La estabilidad y la independencia de los funcionarios judiciales son garantías fundamentales, pero no pueden confundirse con la ausencia de exigencias. La independencia protege al juez y al fiscal de las presiones externas; no los libera de la obligación de ser competentes, responsables y respetuosos de la Constitución.
La ciudadanía tampoco debería permanecer ajena a esta discusión. Tiene derecho a conocer los antecedentes profesionales de quienes administran justicia, a saber cómo se desarrollan los concursos y a exigir transparencia en los procedimientos de selección.
No se trata de someter a jueces y fiscales a la popularidad ni de permitir que la política interfiera en sus decisiones. Se trata de algo mucho más elemental: que la sociedad tenga la tranquilidad de saber que las personas que ocupan esos cargos están verdaderamente preparadas para ejercerlos.
Porque detrás de cada expediente hay personas, familias, empresas, patrimonios, libertades y proyectos de vida. Y quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre esas cuestiones no pueden estar por debajo de las exigencias que demanda su función.
Un juez no es dueño de la Justicia. Un fiscal no es dueño de la verdad. Ninguno está por encima de la Constitución ni tiene derecho a ejercer sus atribuciones sin controles.
Santa Fe no necesita simplemente más jueces y más fiscales. Necesita mejores jueces y mejores fiscales. Necesita profesionales cuya capacidad no deba presumirse exclusivamente por el cargo que ocupan, sino que pueda acreditarse a través de sus antecedentes, su preparación y su desempeño.
La Justicia no puede ser una estructura destinada a generar puestos de trabajo ni un mecanismo para resolver necesidades políticas. Es una institución esencial de la República y, como tal, debe estar integrada por personas que estén a la altura de su misión.
No alcanza con tener edificios judiciales, fiscalías abiertas, despachos ocupados y nombramientos publicados en el Boletín Oficial. Eso no garantiza que haya justicia.
La verdadera garantía es que detrás de cada despacho exista una persona con conocimientos, capacidad, independencia, equilibrio y autoridad moral para ejercer el cargo.
Y si existen funcionarios que no reúnen esas condiciones, corresponde que el sistema tenga la capacidad de detectarlo y actuar conforme a los mecanismos institucionales previstos.
La pregunta, entonces, sigue en pie y merece una respuesta de toda la dirigencia política y judicial de nuestra provincia:
¿En Santa Fe tenemos una Justicia integrada por los profesionales más capacitados para ejercer semejantes responsabilidades o nos hemos acostumbrado a considerar que alcanza con designar jueces y fiscales para demostrar que la Justicia funciona?
Porque una cosa es ocupar un cargo y otra muy distinta es estar preparado para ejercerlo.
Y cuando lo que está en juego son los derechos, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos, la idoneidad no puede ser una posibilidad, una formalidad ni una cuestión secundaria. Tiene que ser una condición innegociable.
La sociedad santafesina no merece menos.