El Gobierno envió al Congreso una reforma financiera que amplía las garantías para acceder al crédito y desmiente cambios sobre los CEDEARs

• La reforma propone ampliar los instrumentos financieros y reducir los costos de acceso al crédito.
• El Gobierno confirmó que retirará del proyecto el cambio tributario sobre la compraventa de CEDEARs.
• Los certificados de plazos fijos de largo plazo podrán negociarse en Bolsa antes de su vencimiento.
• Los comercios podrán vender derechos de cobro de tarjetas para anticipar ingresos.
• Las empresas podrán ofrecer activos digitales, software, facturas y flujos futuros como garantías.
• El nuevo Registro Federal de Garantías tendrá al Banco Central como autoridad de aplicación.

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva reforma del mercado de capitales con el envío al Congreso del proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una iniciativa de 240 artículos que busca modificar las condiciones de acceso al crédito, ampliar los instrumentos de inversión y reducir los costos de intermediación. Sin embargo, uno de sus puntos generó controversia antes de que comenzara el debate parlamentario: la eliminación de la exención del impuesto a las Ganancias para las operaciones de compraventa de CEDEARs, una disposición que el propio oficialismo aseguró que será retirada.

La aclaración llegó a través de Felipe Núñez, asesor de gabinete del ministro de Economía, Luis Caputo, y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). El funcionario explicó que la modificación tributaria había quedado incorporada desde un borrador anterior y confirmó que no formará parte de la versión definitiva del proyecto.

La propuesta original establecía que los CEDEARs adquiridos desde el 31 de octubre de 2026 quedarían alcanzados por Ganancias cuando sus activos subyacentes tampoco estuvieran exentos si se compraban directamente en el exterior. El gravamen recaería sobre la ganancia neta obtenida en la compraventa y no sobre el capital invertido. Las tenencias anteriores a esa fecha quedarían excluidas. También se contemplaba retirar la exención para determinados fondos comunes de inversión abiertos con una elevada participación de activos del exterior.

Más allá de ese capítulo, la reforma introduce modificaciones que podrían tener efectos sobre ahorristas, comercios, empresas y operadores del mercado financiero. El objetivo central es reducir el riesgo que enfrentan quienes prestan dinero, ampliar las garantías disponibles y generar condiciones para que el crédito pueda ofrecerse a tasas más bajas.

Plazos fijos negociables y anticipos de cobros

Uno de los cambios previstos permitirá negociar en Bolsa certificados de depósitos a plazo fijo constituidos a 365 días o por períodos superiores que determine el Banco Central. De esta manera, un ahorrista que necesite recuperar sus fondos antes del vencimiento podrá vender el certificado en el mercado secundario.

El mecanismo no funcionará como una precancelación bancaria tradicional. El titular recibirá el precio que consiga por la venta, que podría ser diferente del capital originalmente depositado. La intención es incorporar liquidez a instrumentos que habitualmente obligan a mantener inmovilizado el dinero durante un plazo determinado.

Para los comercios, la iniciativa habilita la negociación de los derechos de cobro derivados de las operaciones con tarjetas. Los emisores deberán generar un título electrónico por cada transacción autorizada, que podrá negociarse en mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) o en plataformas supervisadas por el BCRA.

Así, un negocio podrá anticipar el dinero de una venta para afrontar gastos, reponer mercadería o pagar salarios, a cambio de un costo financiero determinado por las condiciones de negociación.

Más activos como respaldo para conseguir préstamos

Otro eje importante es la ampliación de las garantías que podrán utilizar las empresas. Además de los bienes físicos tradicionales, se incorporarán software, desarrollos tecnológicos, criptomonedas, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias, cuentas por cobrar, facturas pendientes y flujos futuros de fondos.

También se permitirá utilizar bienes en proceso de producción como respaldo, mediante una ampliación del régimen de warrants. La medida apunta especialmente a empresas de servicios y tecnológicas que pueden tener dificultades para acceder a préstamos porque no cuentan con inmuebles, maquinaria u otros activos tangibles de alto valor.

Para organizar el sistema, se creará el Registro Federal de Garantías, que conectará entidades públicas y privadas mediante una base común. El Banco Central será la autoridad de aplicación y las inscripciones tendrán alcance nacional. La prioridad entre acreedores quedará determinada por la fecha de registro.

La reforma también permitirá constituir nuevas prendas sobre un mismo bien sin autorización del primer acreedor, siempre que se respete el orden de prioridad establecido.

Menos intermediarios y cambios en otros instrumentos

El proyecto busca reducir la cantidad de intermediarios en operaciones con facturas de crédito electrónicas PyME, cheques diferidos, pagarés y warrants. Las plataformas registradas ante el BCRA podrán conectar directamente esas operaciones con mercados autorizados por la CNV.

Además, se habilitará expresamente a los fondos comunes de inversión abiertos y cerrados a invertir en activos virtuales, de acuerdo con la regulación de la CNV y las políticas de inversión declaradas. También se elevará del 10% al 25% del capital el límite de acciones propias que una compañía podrá mantener, ampliando las posibilidades de recompra de títulos y de programas de compensación para empleados.

En el sector agropecuario se admitirán pagarés que establezcan la entrega futura de bienes físicos, como granos, con especificaciones sobre cantidad, calidad, lugar y fecha. También podrán incorporarse mecanismos de actualización basados en índices o unidades de valor verificables.

La iniciativa incluye modificaciones para los planes de ahorro de automóviles. Los nuevos contratos quedarán sujetos al Código Civil y Comercial y a la Ley de Defensa del Consumidor, mientras que los planes vigentes conservarán las condiciones aprobadas hasta su vencimiento, rescate o rescisión.

El proyecto ingresó a Diputados el 2 de noviembre y deberá atravesar el debate legislativo antes de convertirse en ley. Si obtiene aprobación, el Banco Central tendrá 180 días para reglamentar técnicamente el registro de garantías y deberá garantizar su plena operatividad dentro de los 360 días posteriores a la promulgación. Mientras tanto, continuarán funcionando los registros actuales y se mantendrá la prioridad de las garantías ya inscriptas.