Pullaro consiguió avanzar con su reforma de seguridad en medio de fuertes tensiones dentro del oficialismo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, logró un avance legislativo para su paquete de reformas en materia de seguridad, aunque el camino hacia la aprobación estuvo marcado por diferencias internas, negociaciones y fuertes cuestionamientos institucionales. La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto el jueves 5 de noviembre, después de introducir modificaciones importantes sobre la propuesta original del Ejecutivo.

La iniciativa consiguió 37 votos afirmativos y 11 negativos, pero para alcanzar ese respaldo el oficialismo debió retirar algunos de los artículos que habían generado mayor resistencia, especialmente aquellos vinculados con la ampliación de las facultades policiales y las garantías de las personas involucradas en investigaciones penales.

Uno de los puntos más cuestionados era la posibilidad de que efectivos policiales tomaran declaraciones a personas sospechadas de participar en delitos sin la presencia obligatoria de un abogado defensor. Esa disposición finalmente fue eliminada del texto aprobado.

También quedó afuera la creación de zonas de intervención policial especial, un mecanismo que contemplaba atribuciones extraordinarias para las fuerzas de seguridad en sectores considerados críticos por sus niveles de violencia o actividad delictiva. La propuesta original permitía establecer controles de circulación, requisas vehiculares y restricciones de acceso, entre otras medidas.

Las diferencias que atravesaron a la coalición

La discusión legislativa dejó al descubierto las diferencias entre los sectores que integran Unidos para Cambiar Santa Fe. El socialismo manifestó fuertes objeciones a distintos artículos del proyecto y planteó reparos sobre el alcance de las facultades que el Ejecutivo pretendía otorgar a la Policía.

La tensión también se trasladó al debate público, con cuestionamientos entre dirigentes de los distintos espacios que forman parte de la alianza gobernante. Las negociaciones obligaron a revisar el contenido de la iniciativa para evitar que las diferencias terminaran comprometiendo el respaldo legislativo.

A las críticas políticas se sumaron observaciones de organismos judiciales, especialistas en derecho penal y constitucional, el Ministerio Público de la Defensa y sectores del Ministerio Público de la Acusación. La Corte Suprema provincial también formuló reparos sobre algunos de los mecanismos propuestos.

Entre las principales preocupaciones aparecía la posibilidad de concentrar en la fuerza policial atribuciones que podían afectar garantías constitucionales y competencias propias del sistema judicial.

Qué modificaciones se mantuvieron en el proyecto

Aunque se eliminaron los mecanismos más cuestionados, la reforma conserva distintos instrumentos que el Gobierno considera necesarios para fortalecer la política de seguridad.

Entre ellos se encuentran cambios en el Código Procesal Penal, la ampliación de los supuestos excepcionales para realizar allanamientos sin orden judicial previa, nuevas disposiciones sobre el régimen penitenciario y modificaciones en las normas de inteligencia.

También se incorporaron mayores controles judiciales para determinados procedimientos y modificaciones destinadas a ampliar la participación de las víctimas y los querellantes durante las investigaciones.

Otro de los aspectos contemplados es la posibilidad de aplicar medidas penitenciarias especiales a personas detenidas consideradas de alta peligrosidad, bajo determinadas condiciones y con instancias de revisión judicial.

El proyecto ahora deberá pasar por el Senado

Con la media sanción obtenida en Diputados, la iniciativa continuará su recorrido en la Legislatura provincial y deberá ser tratada por la Cámara de Senadores para convertirse definitivamente en ley.

Desde el oficialismo consideran que el nuevo texto conserva herramientas importantes para intervenir frente al delito y mejorar el funcionamiento del sistema de seguridad. Sin embargo, el debate dejó en evidencia que la propuesta original necesitó modificaciones para conseguir los consensos políticos e institucionales necesarios.

El resultado representa un avance para la gestión de Pullaro, pero también expone las dificultades que atraviesa la coalición gobernante cuando debe discutir reformas que involucran facultades policiales, garantías constitucionales y el funcionamiento del sistema penal santafesino.