El Gobierno profundizó el ajuste del gasto público y acumuló una deuda flotante de $2,86 billones en diez meses

• El Gobierno acumuló una deuda flotante de $2,86 billones durante los primeros diez meses del año.
• El gasto devengado alcanzó los $115,2 billones, frente a pagos efectivos por $112,3 billones.
• El gasto público pagado cayó un 4,2% real interanual y el devengado retrocedió un 3,2%.
• En octubre, los desembolsos registraron una contracción real interanual del 9,7%.
• Las transferencias a provincias y universidades encabezaron las reducciones presupuestarias.
• Durante octubre, los pagos superaron lo devengado y permitieron reducir la deuda flotante en unos $300.000 millones.

El Gobierno intensificó la administración restrictiva de los recursos públicos durante los primeros diez meses del año y acumuló compromisos pendientes de pago por $2,86 billones. La estrategia apunta a sostener el equilibrio de las cuentas fiscales y cumplir con los objetivos establecidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque el mecanismo elegido vuelve a poner en evidencia el peso del ajuste sobre distintas áreas de la administración estatal.

La diferencia entre los gastos autorizados y los desembolsos efectivamente realizados refleja la magnitud de esa política. Hasta el 31 de octubre, la Administración Pública Nacional (APN) registró un gasto devengado de $115,2 billones, mientras que los pagos concretados alcanzaron los $112,3 billones. Esa brecha, conocida como deuda flotante, representa obligaciones que el Estado reconoce pero todavía no canceló.

El comportamiento de esta variable adquiere especial relevancia en el contexto de las negociaciones con el organismo internacional. La evolución de los compromisos pendientes constituye uno de los aspectos que observa el equipo técnico del FMI cuando evalúa la situación fiscal de los países que mantienen acuerdos con la institución. En el caso argentino, ya se anunció la aprobación de la tercera revisión del programa, aunque todavía resta la decisión formal del directorio ejecutivo, instancia necesaria para completar el procedimiento y habilitar el desembolso correspondiente.

La dimensión del ajuste también se observa al comparar la evolución del gasto pagado con la de las erogaciones devengadas. Durante los primeros diez meses del año, el gasto efectivamente abonado registró una contracción real del 4,2%, mientras que el devengado retrocedió un 3,2%. La diferencia de un punto porcentual muestra que el Gobierno utilizó los tiempos de pago como una herramienta adicional para administrar las cuentas públicas.

El comportamiento de octubre confirma la continuidad de esa política de contención. Después de una disminución real interanual del 0,7% en septiembre, los desembolsos profundizaron su retroceso y registraron una caída del 9,7%. De los diez meses transcurridos, siete habrían presentado reducciones reales interanuales del gasto primario pagado. La mayor contracción se había producido en febrero, cuando alcanzó el 14%.

Los recortes más pronunciados de octubre se concentraron en las transferencias a las provincias y al sistema universitario. Las transferencias corrientes destinadas a los gobiernos provinciales disminuyeron un 71,2%, mientras que las transferencias de capital retrocedieron un 60,8%. En tanto, los recursos corrientes enviados a las universidades registraron una caída del 46,8%.

La reducción también alcanzó a otros componentes del gasto estatal. Las transferencias corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y otros organismos del sector público nacional disminuyeron un 14,6%. La inversión real directa cayó un 13,7%, las transferencias corrientes al sector privado retrocedieron un 11,2% y las remuneraciones del personal estatal se redujeron un 10,6%.

Incluso los rubros vinculados con el funcionamiento cotidiano del Estado y las prestaciones sociales mostraron variaciones negativas. Los gastos en bienes y servicios bajaron un 0,6%, mientras que las jubilaciones y pensiones registraron una disminución real del 0,1%.

Sin embargo, octubre presentó una particularidad respecto de los meses anteriores en materia de administración de obligaciones pendientes. A pesar de la fuerte caída de los desembolsos en términos reales, no se habría producido una acumulación adicional de deuda flotante. Por el contrario, los pagos superaron al gasto devengado y permitieron reducir los compromisos pendientes en aproximadamente $300.000 millones.

Durante ese mes, las erogaciones devengadas sumaron $12 billones, con una caída real interanual del 5,4%, mientras que los desembolsos efectivos alcanzaron los $12,3 billones, aunque también disminuyeron un 9,7% en términos reales.

Otro aspecto importante para interpretar estas cifras es que la Administración Pública Nacional no comprende la totalidad del sector público, sino aproximadamente el 90% de su estructura. Incluye la administración gubernamental, los organismos descentralizados y las instituciones de la seguridad social, pero deja afuera otros componentes incorporados en la medición del sector público nacional.

De esta manera, el Gobierno llega al tramo final del año con una política fiscal marcada por la reducción de gastos, la restricción de transferencias y una administración estricta de los pagos. El cumplimiento de las metas acordadas con el FMI continúa siendo una prioridad, mientras la evolución de las obligaciones pendientes y la profundidad de los recortes muestran las herramientas utilizadas para sostener el resultado fiscal.