El Gobierno acelera la reforma electoral y busca suspender las PASO para obtener media sanción en el Senado en dos semanas

• La Libertad Avanza busca obtener la media sanción de la reforma electoral en el Senado en un plazo de dos semanas.
• El oficialismo abandonó la eliminación definitiva de las PASO y ahora concentra sus esfuerzos en conseguir su suspensión.
• El Gobierno calcula que la medida permitiría ahorrar 250 millones de dólares y reducir las convocatorias electorales.
• La iniciativa incluye Ficha Limpia, cambios en los requisitos para los partidos y modificaciones en el financiamiento político.
• La Casa Rosada necesita 37 votos en el Senado y todavía enfrenta dificultades para cerrar acuerdos con el PRO, la UCR y los gobernadores.
• El Gobierno también busca acelerar el Presupuesto 2027 y preparar una agenda de reformas para las sesiones extraordinarias de diciembre.

La Casa Rosada puso en marcha una estrategia para acelerar el tratamiento de la reforma electoral y conseguir que el Senado otorgue una primera aprobación en un plazo de apenas dos semanas. Consciente de que no cuenta con los respaldos necesarios para eliminar definitivamente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el oficialismo modificó su objetivo y ahora concentra sus esfuerzos en conseguir la suspensión del mecanismo electoral.

La decisión forma parte de una iniciativa más amplia que busca modificar distintos aspectos del sistema político y electoral. «Vamos por toda la reforma», transmitieron desde el Gobierno y la bancada de La Libertad Avanza, en una señal de que la intención oficial no se limita a una modificación puntual del calendario electoral, sino que apunta a introducir cambios estructurales en las reglas de competencia política, el financiamiento partidario y las condiciones para participar de las elecciones.

El cronograma que maneja el oficialismo contempla convocar durante la próxima semana a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto, con el propósito de conseguir dictamen. Si logra reunir las firmas necesarias, la iniciativa podría llegar al recinto siete días después. Ese esquema permitiría al Gobierno acercarse al objetivo de obtener la media sanción dentro de las dos semanas previstas.

El cambio de posición respecto de las PASO responde a una evaluación política y parlamentaria. En la Casa Rosada reconocen que la eliminación definitiva de las primarias no reuniría los votos necesarios, por lo que decidieron concentrar las negociaciones en una suspensión. La justificación oficial combina argumentos económicos y políticos: reducir las convocatorias electorales, evitar gastos estatales que el Ejecutivo calcula en unos 250 millones de dólares y postergar hasta octubre las disputas partidarias que podrían generar incertidumbre financiera y cambiaria.

La medida también tendría consecuencias directas sobre la interna del Partido Justicialista, que perdería la posibilidad de utilizar las primarias como instancia para resolver sus diferencias y definir candidaturas. En ese escenario, el oficialismo considera que la suspensión podría alterar el calendario de las disputas opositoras y modificar las condiciones en las que se organizarán las alianzas electorales.

Sin embargo, las PASO representan solamente una parte del proyecto. La reforma incorpora la restitución de Ficha Limpia, que impediría competir electoralmente o acceder a cargos públicos a personas con condenas en segunda instancia por delitos dolosos. Además, propone elevar los requisitos de afiliación para constituir partidos políticos y aumentar los porcentajes de votos exigidos para conservar la personería jurídica.

Otro de los capítulos plantea modificar el financiamiento de las agrupaciones políticas. La iniciativa habilitaría aportes de personas físicas y empresas sin límites de monto, aunque bajo mecanismos de regulación y trazabilidad. También contempla eliminar los espacios gratuitos de propaganda electoral que los medios deben ceder por obligación estatal y suprimir el financiamiento destinado al Parlasur.

La principal dificultad para avanzar sigue estando en el Senado. La Libertad Avanza necesita reunir 37 votos para aprobar la iniciativa, pero el PRO y la UCR evitaron confirmar que exista un entendimiento cerrado. Desde esos espacios señalaron que todavía no recibieron una propuesta concreta. A su vez, las conversaciones con los gobernadores encontraron obstáculos porque los mandatarios provinciales pretenden garantías políticas y acuerdos de no agresión en sus distritos antes de comprometer el respaldo de sus legisladores.

En ese contexto, Diego Santilli quedó encargado de coordinar la búsqueda de apoyos parlamentarios. El jefe de Gabinete mantuvo durante los últimos meses contactos con gobernadores aliados y este miércoles se reunió en la Casa Rosada con Eduardo «Lule» Menem para evaluar el estado de las negociaciones. Desde su entorno transmitieron confianza en el resultado de las gestiones y destacaron que, desde su incorporación al Gobierno, las iniciativas legislativas impulsadas por el oficialismo consiguieron avanzar.

La negociación electoral también está vinculada con la estrategia de Karina Milei para 2027. La secretaria general de la Presidencia había establecido el respaldo a la suspensión de las PASO como una condición para discutir acuerdos electorales con los espacios aliados. Los entendimientos con las provincias se desarrollarían en distintas etapas, con algunas alianzas prácticamente cerradas y otras todavía pendientes.

Mientras busca esos respaldos, el oficialismo mantiene otras prioridades parlamentarias. Gabriel Bornoroni tenía previsto reunirse con representantes de bloques aliados para acelerar el tratamiento del Presupuesto 2027 y del proyecto de Discapacidad antes del cierre del período ordinario, establecido para el 30 de noviembre.

La mesa política del Gobierno podría volver a reunirse el próximo martes, después de tres semanas sin encuentros, para coordinar la agenda legislativa. En diciembre, durante las sesiones extraordinarias, la Casa Rosada pretende avanzar también con el super-RIGI, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la desregulación del cabotaje.

La apuesta oficial es concentrar en pocas semanas una agenda de reformas de amplio alcance. El desafío será transformar los acuerdos políticos todavía pendientes en votos concretos para evitar que la ambición de avanzar sobre todo el sistema electoral termine chocando con los límites parlamentarios.