Rafaela controla las infracciones, pero sigue sin medir la velocidad: el debate que incomoda
La nueva tecnología incorporada por el Municipio para fiscalizar el tránsito abrió un interrogante que va más allá de las multas: ¿se está atacando el problema de fondo de la seguridad vial o se están sumando herramientas que dejan afuera una de las principales causas de los accidentes? El SIV 360 permite detectar numerosas infracciones, pero no puede medir la velocidad de circulación.
RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE
El SIV 360 no mide la velocidad: la camioneta municipal detecta distintas infracciones, pero no cuenta con radares.
La oposición pidió explicaciones: el PJ-Juntos Avancemos logró aprobar un pedido de informes sobre el funcionamiento del dispositivo.
Preocupa el aumento de los accidentes: durante el primer semestre de 2026 hubo 131 siniestros más que en igual período de 2025.
Cuestionamientos por la recaudación: desde la oposición señalaron que las multas aumentaron un 600% durante 2025, sin que eso garantice menos accidentes.
Rafaela sigue sin radares municipales: no dispone de cinemómetros propios para controlar la velocidad en sus calles y accesos.
La incorporación de tecnología al sistema de control del tránsito de Rafaela terminó convirtiéndose en un nuevo foco de discusión política. En el Concejo Municipal, el debate dejó expuesta una cuestión central: la ciudad cuenta con un dispositivo capaz de identificar distintas infracciones, pero todavía carece de herramientas municipales para fiscalizar una de las conductas más peligrosas al volante, el exceso de velocidad.
El protagonista de la controversia es el Sistema Inteligente Vial 360 (SIV 360), instalado en una camioneta municipal equipada con cámaras que permiten observar los vehículos desde diferentes ángulos. Su capacidad de detección es amplia, aunque tiene una limitación importante: no dispone de tecnología para medir la velocidad.
La cuestión llegó al recinto a través de una iniciativa de los concejales del bloque PJ-Juntos Avancemos, Valeria Soltermam, Juan Senn, Maximiliano Postovit y María Paz Caruso. El pedido de informes fue aprobado bajo la Minuta de Comunicación N.º 4122 y apunta a obtener precisiones sobre las prestaciones del sistema, los procedimientos de fiscalización, la participación de los inspectores y la efectividad de esta modalidad frente a los controles tradicionales.
El planteo no apareció en un contexto menor. Los números de la siniestralidad vial encendieron señales de preocupación: durante los primeros seis meses de 2026 se contabilizaron 131 accidentes más que en el mismo período del año anterior. En mayo, particularmente, se registraron 167 siniestros y 184 personas lesionadas.
Las estadísticas volvieron a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda para la política municipal: ¿alcanza con detectar infracciones si los accidentes siguen aumentando?
La velocidad, una deuda pendiente del control vial
Durante la discusión, Valeria Soltermam cuestionó las características del equipamiento instalado en la camioneta municipal y puso especial atención en su incapacidad para detectar excesos de velocidad.
La concejala consideró que esa limitación resulta significativa porque la velocidad constituye uno de los factores que pueden agravar las consecuencias de un accidente. En consecuencia, planteó la necesidad de contar con mecanismos de fiscalización que contemplen también esa conducta.
María Paz Caruso acompañó los cuestionamientos y sostuvo que la política de seguridad vial no puede concentrarse exclusivamente en determinadas infracciones mientras deja sin abordar un aspecto fundamental de la circulación.
La edil también puso bajo análisis los resultados económicos de los controles. Según expuso durante el debate, la recaudación proveniente de las multas aumentó un 600% en 2025. Sin embargo, advirtió que ese crecimiento no representa necesariamente un avance en materia de prevención.
Para reforzar su argumento, comparó el promedio de cuatro accidentes diarios con una situación actual de cinco. Su planteo apuntó a marcar una contradicción: mientras se incrementan los recursos obtenidos mediante las sanciones, los indicadores de siniestralidad no muestran una evolución favorable.
La discusión, por lo tanto, excede la cantidad de actas que se confeccionan. El interrogante es si el sistema elegido está consiguiendo modificar las conductas de los automovilistas y, fundamentalmente, reducir los accidentes.
El oficialismo sostiene que el sistema cumple una función preventiva
Desde el bloque oficialista, Juan Scavino defendió la incorporación del SIV 360 y cuestionó que toda la evaluación del dispositivo quede reducida a su falta de capacidad para medir la velocidad.
El concejal recordó que existen numerosas conductas peligrosas que pueden ser identificadas mediante esta tecnología. Entre ellas mencionó el cruce de semáforos en rojo, la circulación en sentido contrario, la utilización del teléfono celular durante la conducción y el estacionamiento en sectores no habilitados.
Scavino reconoció que la camioneta no puede controlar la velocidad y admitió que sería necesario incorporar otros instrumentos tecnológicos para realizar ese tipo de mediciones.
No obstante, consideró que eso no invalida la utilidad del sistema actual. Desde su perspectiva, la posibilidad de detectar infracciones y generar una mayor percepción de control también puede contribuir a desalentar comportamientos peligrosos.
El oficialismo defendió así una concepción más amplia de la fiscalización: no evaluar la herramienta solamente por las multas que permite confeccionar, sino también por su capacidad para prevenir infracciones.
Cuatro cámaras y un inspector: cómo trabaja el SIV 360
El dispositivo funciona mediante un sistema de cámaras instalado en una camioneta municipal. Su equipamiento permite obtener imágenes desde cuatro posiciones, con cobertura frontal, posterior y lateral, conformando una visión integral de 360 grados.
A esto se agrega un mecanismo de reconocimiento automático de patentes, que facilita la identificación de los vehículos observados.
Sin embargo, la detección tecnológica no implica una sanción automática. Las imágenes deben ser examinadas por un inspector municipal, quien tiene la responsabilidad de verificar si efectivamente existió una infracción y determinar los pasos administrativos correspondientes.
El sistema puede identificar:
Cruces de semáforos con luz roja.
Circulación en contramano.
Uso del teléfono celular mientras se conduce.
Estacionamiento en lugares prohibidos.
Lo que no puede hacer es medir la velocidad de circulación, ya que no cuenta con un cinemómetro.
Una ciudad sin radares municipales
Detrás de la discusión sobre la camioneta aparece otro dato que merece atención: Rafaela no dispone de radares municipales propios, ni fijos ni móviles, para controlar los excesos de velocidad en sus calles y accesos.
El único radar fijo mencionado en este contexto se encuentra sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 216,9, en el acceso sur de la ciudad. Su administración corresponde a la Agencia Provincial de Seguridad Vial y no al gobierno local.
La diferencia no es menor. Mientras el Municipio incorporó tecnología para identificar determinadas infracciones, sigue sin contar con equipamiento propio para controlar una variable central de la circulación.
El debate en el Concejo dejó planteadas dos cuestiones que no necesariamente son incompatibles: el SIV 360 puede resultar útil para mejorar la fiscalización, pero eso no significa que sea suficiente para enfrentar el problema de la seguridad vial.
La tecnología puede detectar infracciones, generar multas y desalentar algunas conductas. Pero el verdadero desafío de una política de tránsito no debería medirse por cuánto recauda, sino por cuántos accidentes consigue evitar.
Y en Rafaela, a juzgar por los números expuestos durante la discusión legislativa, todavía queda bastante camino por recorrer.