POLÍTICA Agencia de Noticias del Interior 15 de noviembre de 2026

Pettovello denunció presiones y hostigamiento por la disputa judicial en el sindicato gastronómico

  • Sandra Pettovello denunció presiones y hostigamiento en medio del conflicto con la UTHGRA.
  • La ministra analiza realizar una denuncia judicial para proteger su integridad moral y física.
  • El Gobierno recurrió ante la Corte Suprema la orden de certificar provisoriamente a las autoridades encabezadas por Luis Barrionuevo.
  • La disputa electoral enfrenta al sector de Barrionuevo con la lista Gris/Naranja de Dante Camaño.
  • Capital Humano sostiene que los cuestionamientos sobre las elecciones sindicales deben resolverse en la Justicia.
  • Barrionuevo advierte que la falta de certificación impide homologar el último aumento salarial de los gastronómicos.

La confrontación entre el Gobierno nacional y el sindicalismo sumó un nuevo capítulo a partir de la denuncia pública de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien advirtió que evalúa recurrir a la Justicia por las presiones y situaciones de hostigamiento que, según afirmó, viene recibiendo en el marco del conflicto por el reconocimiento de las autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA).

La funcionaria sostuvo que las diferencias en torno a la conducción del gremio deben resolverse exclusivamente en los tribunales y rechazó los reclamos destinados a que su cartera retire el recurso presentado ante la Corte Suprema. En ese contexto, anticipó que podría realizar una presentación judicial o una denuncia para preservar su integridad moral y física.

El planteo fue difundido este sábado a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que cuestionó las acciones de quienes reclaman la certificación de las autoridades sindicales encabezadas por Luis Barrionuevo. Pettovello consideró inadmisibles las presiones y acusó a los sectores involucrados de impulsar una campaña de hostigamiento personal y público.

La ministra también puso en duda los motivos de la movilización anunciada frente al Ministerio de Capital Humano y sostuvo que la protesta responde a intereses particulares que, a su entender, no representan necesariamente las demandas de los trabajadores gastronómicos. Además, reclamó que cesen las agresiones y las insistentes presiones dirigidas hacia su persona.

El enfrentamiento tiene como eje la certificación de las autoridades elegidas en los comicios de la UTHGRA, realizados en diciembre. La conducción de Barrionuevo reclama que el Gobierno reconozca formalmente el resultado electoral, mientras que el sector Gris/Naranja, encabezado por Dante Camaño, titular de la seccional Capital, mantiene impugnaciones que trasladaron la controversia al ámbito judicial.

La disputa adquirió mayor dimensión institucional después de que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenara en septiembre a la Secretaría de Trabajo emitir, en un plazo de cinco días, una certificación provisoria de autoridades para Barrionuevo.

Frente a esa decisión, el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para solicitar que se revise la resolución. La posición oficial es que la administración pública no debe intervenir en la validación de una conducción sindical mientras permanezcan abiertos los cuestionamientos judiciales sobre el proceso electoral.

La controversia tiene consecuencias que exceden la representación institucional del gremio. La certificación permitiría a Barrionuevo acreditar formalmente su condición de titular de la organización y realizar diferentes trámites administrativos, entre ellos aquellos vinculados con la negociación y homologación de acuerdos salariales.

Sin embargo, desde el Gobierno remarcan que el recurso presentado no cuestiona directamente el aumento salarial de los gastronómicos, sino el procedimiento mediante el cual se pretende reconocer a las autoridades sindicales. La distinción resulta central para la estrategia de la cartera que conduce Pettovello, que busca evitar que la Secretaría de Trabajo intervenga en un conflicto cuya resolución considera competencia de los tribunales laborales.

Como fundamento de esa posición, Capital Humano invoca el decreto 342, dictado en 2025, que estableció límites a la intervención estatal en los procesos electorales de los sindicatos. La normativa contempla que el Estado pueda designar un funcionario durante un máximo de 120 días hábiles cuando una organización carezca de autoridades y su estatuto no establezca mecanismos para resolver esa situación.

La disposición también apunta a trasladar al fuero laboral las controversias relacionadas con listas, padrones e impugnaciones electorales, con el propósito de impedir que los conflictos internos de las organizaciones gremiales sean resueltos mediante decisiones políticas del Gobierno.

Barrionuevo, por su parte, cuestionó la falta de reconocimiento oficial y advirtió que esa situación impide homologar el último incremento salarial, con consecuencias para los trabajadores del sector. El dirigente planteó su reclamo directamente ante Pettovello durante un encuentro en el Campus de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina, previo a una actividad encabezada por el papa León XIV.

En esa oportunidad, la ministra rechazó el planteo y le advirtió: “A mí no me extorsiones porque vamos mal”. Desde el entorno oficial sostuvieron que la alternativa para avanzar con la homologación del aumento consistía en solicitar ante la Justicia una excepción que habilitara la intervención de la Secretaría de Trabajo.

La oposición sindical a Barrionuevo también cuestionó la resolución de la Cámara laboral y denunció presuntas irregularidades procesales, al considerar que la decisión fue adoptada con rapidez y sin permitir que se concretaran recusaciones contra los magistrados.

Mientras la Corte Suprema debe analizar el recurso extraordinario presentado por el Gobierno, el conflicto mantiene enfrentados a Capital Humano y la conducción sindical. La movilización anunciada y la eventual presentación judicial de Pettovello agregan tensión a una disputa que combina la representación gremial, la intervención estatal y las consecuencias de una controversia electoral todavía sin resolución definitiva.