ECONOMÍA Agencia de Noticias del Interior 18 de noviembre de 2026

El Gobierno flexibilizó el RIGI para incorporar empresas extranjeras como proveedoras locales y agilizar las inversiones

  • El Gobierno eliminó la exigencia de un 51% de capital argentino para considerar locales a los proveedores del RIGI.
  • Las empresas extranjeras podrán participar mediante sociedades constituidas en la Argentina.
  • La flexibilización busca evitar restricciones de oferta y demoras en proyectos de alta complejidad tecnológica.
  • La segunda Ronda de Negocios del RIGI se realizará el 2 de diciembre en San Isidro, con 60 compradoras y más de 2.000 proveedoras.
  • El decreto incorpora nuevas reglas para transferencias accionarias, fusiones y adquisiciones, con aprobación automática si el Estado no responde en 30 días.
  • También modifica el ingreso de divisas y establece precisiones sobre los compromisos de inversión de los proyectos de exportación estratégica.

El Gobierno introdujo una serie de modificaciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el propósito de ampliar la participación de empresas proveedoras en los proyectos estratégicos y evitar que las restricciones regulatorias se conviertan en un obstáculo para la ejecución de las inversiones. El cambio más significativo permite que compañías de capital extranjero, siempre que constituyan una sociedad en la Argentina, puedan ser consideradas proveedoras locales y participar de las cadenas de suministro del régimen.

La decisión quedó formalizada mediante el decreto 1366/26, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que modificó distintos aspectos del funcionamiento del programa. La nueva normativa representa un giro en los criterios utilizados para determinar qué empresas pueden integrar el entramado de proveedores nacionales de los proyectos alcanzados por los beneficios del RIGI.

Hasta ahora, para acceder a esa condición se requería que las compañías contaran con una participación de capital argentino de al menos el 51%. Con la modificación, ese requisito deja de ser determinante, ya que una empresa extranjera podrá establecer una sociedad en el país y participar bajo la categoría de proveedor local.

El argumento central de la reforma es que la composición accionaria no debería transformarse en una limitación para incorporar empresas a las cadenas de abastecimiento de grandes inversiones, especialmente en actividades que requieren tecnología avanzada, financiamiento significativo y capacidades productivas específicas.

El socio de MHR, Federico Palavecino, explicó que los fundamentos de la medida apuntan a evitar que las exigencias sobre el origen del capital reduzcan la oferta disponible para los proyectos. Según su análisis, limitar la participación a compañías de mayoría accionaria argentina podría generar dificultades para conseguir proveedores en sectores de elevada complejidad tecnológica y demanda de capital.

Ese escenario, advirtió, podría provocar demoras en las inversiones y comprometer el cumplimiento de las condiciones necesarias para que los proyectos mantengan su adhesión al régimen. En consecuencia, la flexibilización busca reducir los riesgos de que las exigencias regulatorias terminen afectando el interés de los inversores.

Sin embargo, la decisión también abrió interrogantes sobre sus consecuencias para la industria nacional. Una de las principales preocupaciones es que la incorporación de sociedades controladas por capitales extranjeros bajo la categoría de proveedores locales termine desplazando a empresas argentinas que realizaron inversiones o que estaban evaluando ampliar su capacidad productiva para abastecer los emprendimientos.

La modificación podría alterar las condiciones de competencia dentro del programa y generar incertidumbre entre los proveedores nacionales que apostaban a desarrollar capacidades propias para incorporarse a las nuevas cadenas de valor.

En paralelo, el Ministerio de Economía avanzará con una nueva instancia de vinculación empresarial. El próximo 2 de diciembre se realizará en San Isidro la segunda Ronda de Negocios del RIGI, destinada exclusivamente a los sectores de hidrocarburos y energía.

La convocatoria contempla la participación de 60 empresas compradoras y más de 2.000 proveedoras de bienes, servicios, obras y tecnología de distintas regiones del país. El objetivo es facilitar el contacto directo entre las compañías responsables de los grandes emprendimientos y las firmas interesadas en convertirse en parte de sus cadenas de suministro.

El sector energético concentra actualmente 14 proyectos aprobados bajo el régimen: 11 vinculados con petróleo y gas, por inversiones de 49.000 millones de dólares, y tres correspondientes al área energética, por otros 706 millones. Además, están en evaluación 13 iniciativas adicionales, de las cuales 11 pertenecen a hidrocarburos, por 117.436 millones de dólares, y dos a energía, por 458 millones.

El decreto también incorporó modificaciones que alcanzan a los proyectos ya aprobados. Entre ellas, estableció nuevas condiciones para las transferencias de acciones, participaciones societarias y fusiones empresariales, con el objetivo de dar mayor previsibilidad a las operaciones que involucren a los vehículos de proyecto único.

La normativa determina que la adquisición de acciones o participaciones de una empresa adherida al RIGI no modifica por sí misma los derechos derivados del régimen ni permite computar automáticamente esas operaciones como inversiones para alcanzar los montos mínimos exigidos.

Asimismo, se establecieron procedimientos para autorizar fusiones y adquisiciones, con una disposición relevante: si la autoridad de aplicación no emite una respuesta dentro de los 30 días, las operaciones propuestas se consideran aprobadas.

También se flexibilizaron las condiciones para el ingreso de divisas a través del mercado único de cambios. A partir de ahora, los fondos destinados a un proyecto podrán ser ingresados tanto por la sociedad titular como por los socios que participan de ella y realizan los aportes correspondientes.

Por último, se precisaron los criterios aplicables a los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, diferenciando los compromisos generales de inversión de los correspondientes a cada etapa.

La reforma refleja la intención oficial de acelerar las inversiones y ampliar la disponibilidad de proveedores, aunque deja abierto un debate sobre el equilibrio entre la llegada de capitales extranjeros y el desarrollo de una industria nacional capaz de aprovechar las oportunidades que promete el RIGI.