OPINIÓN Por Carlos Zimerman 21 de noviembre de 2026

De aprobarla como jueza a destituirla como fiscal: el caso Tomasso y las contradicciones del poder político

La misma Legislatura que meses atrás había aprobado por unanimidad su pliego para ocupar un juzgado penal en Rafaela terminó removiéndola de su cargo. Una destitución acelerada que deja interrogantes sobre la independencia judicial, el poder político y las garantías institucionales.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

  • La contradicción: la misma Legislatura que aprobó por unanimidad el pliego de Tomasso como jueza de Rafaela terminó destituyéndola como fiscal.

  • La rapidez: una decisión de semejante gravedad exige explicaciones y fundamentos públicos.

  • La independencia: la Justicia no puede quedar subordinada a los intereses del poder político.

  • El modelo Bukele: Argentina tiene una historia democrática y constitucional que no puede quedar relegada por decisiones apresuradas.

Por Carlos Zimerman

Hay decisiones políticas que, por su gravedad, no pueden analizarse solamente por el resultado de una votación. La destitución de Shirli Soledad Tomasso, fiscal adjunta de Tostado, es una de ellas.

Y hay una contradicción que, a mi entender, constituye quizás el mayor interrogante de toda esta historia: los mismos órganos legislativos que hace apenas unos meses aprobaron por unanimidad su pliego para convertirse en jueza penal de Rafaela son los que ahora resolvieron destituirla como fiscal.

¿Cómo se explica semejante cambio de criterio en tan poco tiempo? ¿Qué ocurrió entre aquella aprobación y esta destitución? ¿La Legislatura conocía los antecedentes cuando avaló su designación? ¿Aparecieron elementos nuevos de semejante gravedad o estamos frente a una decisión que merece ser examinada mucho más profundamente?

Son preguntas que no podemos dejar pasar.

La destitución se produjo en una sesión que tuvo una rapidez y una contundencia que llaman la atención frente a la trascendencia de la medida. No estamos hablando de un empleado administrativo ni de una diferencia burocrática. Estamos hablando de una fiscal, de su carrera profesional y de una decisión que puede marcar definitivamente su futuro.

No pretendo afirmar que Tomasso deba estar por encima de cualquier investigación ni que un funcionario judicial no tenga que responder por sus errores. Si existió mal desempeño, deberá demostrarse y aplicarse la sanción que corresponda. Pero precisamente porque estamos hablando de justicia, el procedimiento debe ser impecable y las garantías deben estar por encima de cualquier conveniencia política.

Hay otro elemento que tampoco puede quedar al margen: la fiscal había denunciado presuntas situaciones de hostigamiento y violencia laboral contra su superior jerárquico, Carlos Vottero. Posteriormente se impulsaron cuestionamientos sobre su desempeño. Esa secuencia, por sí sola, no demuestra una represalia, pero exige que se investigue con seriedad y que se despejen todas las dudas.

No podemos aceptar que un conflicto dentro de la estructura judicial termine resolviéndose con una sanción extrema sin que la sociedad tenga acceso a explicaciones suficientemente claras.

La independencia de la Justicia no es un lujo institucional. Es una condición indispensable de la democracia.

Y aquí aparece una preocupación todavía mayor: si la Justicia comienza a perder independencia frente al poder político, estamos literalmente al horno y sin esperanzas. Porque cuando los funcionarios judiciales sienten que su continuidad depende de los intereses o las conveniencias de quienes gobiernan, la sociedad queda en una situación de enorme vulnerabilidad.

La Justicia debe controlar al poder, no convertirse en una extensión del poder.

Por momentos, algunas decisiones y discursos vinculados con la política de seguridad pueden transmitir la idea de que se pretende importar el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Pero es importante recordar que las diferencias entre El Salvador y la Argentina son inmensas. Tenemos historias institucionales distintas, una tradición constitucional propia y una historia democrática demasiado rica como para pretender resolver cuestiones complejas a las apuradas.

Argentina no necesita copiar modelos ni sacrificar garantías en nombre de la rapidez. Necesita instituciones fuertes, procedimientos transparentes y una Justicia que no tenga miedo de investigar, incluso cuando las investigaciones puedan incomodar al poder político.

La lucha contra el delito es una obligación del Estado. La eficiencia judicial también. Pero ninguna de esas metas habilita a debilitar las garantías constitucionales.

Tampoco podemos confundir autoridad con discrecionalidad, ni rapidez con justicia.

El caso Tomasso debe servir para abrir una discusión mucho más profunda sobre el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, los mecanismos de remoción de fiscales y la relación entre los poderes del Estado. No alcanza con que la Legislatura levante la mano y dé por terminado el asunto.

Es necesario que este episodio no quede en el olvido.

Y, sobre todo, es necesario que la Justicia actúe. Que examine los antecedentes, que analice las denuncias, que revise la legalidad del procedimiento y que no se limite a aceptar como definitiva la decisión adoptada por el poder político.

La resolución legislativa no puede convertirse en una verdad indiscutible ni cerrar la puerta a los mecanismos de revisión que establece nuestro ordenamiento jurídico.

Si hubo mal desempeño, que se demuestre. Si hubo irregularidades en el procedimiento, que se investiguen. Y si existieron presiones o persecuciones, que se identifique a los responsables.

Lo que no podemos permitir es que una decisión de semejante trascendencia termine naturalizándose por el simple hecho de que fue aprobada por una mayoría legislativa.

Porque hoy fue una fiscal de Tostado. Mañana puede ser cualquier otro funcionario judicial que, por cumplir con su deber, termine enfrentado con intereses políticos o institucionales.

Una democracia no se mide solamente por la cantidad de votos que consigue una decisión. Se mide, fundamentalmente, por el respeto a las instituciones, la independencia de sus jueces y fiscales y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales.

La Legislatura ya tomó su decisión. Ahora es fundamental que la Justicia haga lo que le corresponde.

No podemos permitir que el poder político tenga la última palabra sobre aquello que debe ser examinado con independencia judicial.

Porque cuando la Justicia deja de ser independiente, no pierde solamente la Justicia: perdemos todos.

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