La Ley de Soberanía quedó atrapada en la interna oficialista y Bullrich prepara cambios al proyecto de Caputo
- La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional quedó paralizada tras el fracaso de la sesión en Diputados.
- Santiago Caputo enfrenta cuestionamientos internos sobre el contenido y el alcance de su proyecto.
- Patricia Bullrich anticipó que impulsará modificaciones, especialmente en las disposiciones con impacto económico.
- El Gobierno ya modificó el esquema de sanciones y la integración del Consejo de Seguridad Nacional.
- El PRO reclama mayores controles institucionales y garantías para la libertad de prensa y expresión.
- La interna oficialista y las diferencias con los aliados complican el tratamiento legislativo antes de la discusión del Presupuesto 2027.
La iniciativa que el Gobierno presentó como una herramienta estratégica para defender los intereses argentinos sobre sus recursos naturales y las Islas Malvinas atraviesa un escenario de creciente incertidumbre parlamentaria. La falta de quórum en Diputados, las diferencias con los bloques aliados y las objeciones que comenzó a plantear Patricia Bullrich abrieron un nuevo frente de tensión dentro de La Libertad Avanza, con Santiago Caputo como uno de los principales involucrados en una disputa que combina diferencias legislativas y posicionamientos políticos de cara a 2027.
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el asesor presidencial, no consiguió llegar al recinto durante la sesión especial convocada para el miércoles. La Cámara baja reunió 126 legisladores, tres menos de los necesarios para habilitar el debate, y Martín Menem terminó levantando la convocatoria. La ausencia de los diputados de Provincias Unidas resultó determinante, pese a que varios de ellos se encontraban en el recinto y habían mantenido conversaciones con las autoridades parlamentarias.
El fracaso provocó fuertes reproches desde el entorno de Caputo, que responsabilizó a la dirigencia política y cuestionó especialmente a los sectores vinculados con la conducción de la Cámara. Las acusaciones también alcanzaron a los colaboradores de Karina Milei, mientras que desde el espacio del asesor presidencial se interpretó el episodio como un revés para los intereses argentinos frente a distintos países con intereses geopolíticos y económicos en la cuestión de Malvinas.
Sin embargo, las dificultades del proyecto no se limitan a la construcción del quórum. La iniciativa, que cuenta con dictamen de mayoría desde hace casi un mes, comenzó a recibir cuestionamientos de sectores que hasta ahora habían acompañado su tratamiento. El foco está puesto especialmente en el Título VII, que incorpora modificaciones electorales y nuevas figuras penales, además de establecer sanciones vinculadas con determinadas conductas relacionadas con la explotación de recursos en las áreas disputadas.
En ese escenario, Bullrich anticipó que promoverá modificaciones cuando la propuesta llegue al Senado. Las objeciones de su entorno apuntan particularmente a las consecuencias económicas que podría generar el esquema sancionatorio sobre empresas argentinas con participación internacional. La preocupación radica en que algunas compañías nacionales mantienen vínculos comerciales o estructuras societarias en el Reino Unido, por lo que determinadas disposiciones podrían terminar afectando sus actividades.
Las advertencias sobre ese aspecto tampoco provienen exclusivamente del ámbito legislativo. Estados Unidos había expresado previamente su interés por el contenido de la iniciativa y por el impacto que podría tener sobre sus empresas. Frente a esas observaciones, el Gobierno introdujo cambios y limitó el alcance de las sanciones previstas originalmente.
La última versión del proyecto también incorporó modificaciones en la estructura del Consejo de Seguridad Nacional. El nuevo texto excluye al Ministerio de Seguridad como integrante permanente, aunque contempla su participación en determinadas circunstancias. La modificación representa una marcha atrás respecto de una incorporación que había sido promovida durante el debate en comisión y que había generado diferencias dentro del oficialismo.
El PRO, por su parte, cuestionó el capítulo referido a las sanciones contra la prensa y sostuvo que sus intervenciones permitieron mejorar el dictamen. Entre sus planteos figuran la creación de una comisión bicameral de control parlamentario, mayores garantías para la protección de infraestructuras críticas y una definición más precisa del delito de injerencia extranjera, con resguardos para la libertad de expresión y la actividad académica.
Las diferencias también quedaron atravesadas por la disputa política entre Bullrich y Caputo. En la Casa Rosada interpretan los cuestionamientos de la senadora como parte de una competencia interna por el protagonismo y la construcción de poder dentro del oficialismo. Cerca de Bullrich, en cambio, rechazan esa lectura y sostienen que las modificaciones responden a una evaluación institucional y económica del proyecto, no a una estrategia para perjudicar al asesor presidencial.
La discusión se suma a las diferencias que ambos sectores mantienen alrededor de la eliminación o modificación de las PASO. Bullrich considera que algunos movimientos de los Menem buscaron debilitar su posición en esa negociación y encontró en Diego Santilli un aliado para coordinar posiciones.
Mientras tanto, el Gobierno necesita recomponer los acuerdos parlamentarios antes de volver a convocar a Diputados. La prioridad inmediata es el Presupuesto 2027, previsto para el 25, pero cada demora posterga también el tratamiento de la Ley de Soberanía y reduce el margen para que llegue al Senado dentro de los plazos previstos. El desafío de Caputo ya no consiste solamente en conseguir los votos: también deberá evitar que las diferencias dentro del propio oficialismo terminen desdibujando una de las iniciativas que había presentado como centrales para la agenda presidencial.