La CGT prepara una propuesta al Gobierno para resolver los conflictos por la conducción de los sindicatos
- La CGT busca que el Gobierno habilite certificados provisorios para autoridades sindicales con elecciones judicializadas.
- La disputa entre Luis Barrionuevo y el Ministerio de Capital Humano impulsó la iniciativa.
- La falta de reconocimiento formal puede afectar cuentas bancarias, obras sociales y negociaciones paritarias.
- Otros sindicatos también debieron recurrir a la Justicia para obtener el reconocimiento de sus conducciones.
- El decreto 342 de 2025 limitó la intervención de la Secretaría de Trabajo en las elecciones gremiales.
- La central obrera pretende discutir una solución con el Gobierno y evalúa el traslado de Trabajo a la Jefatura de Gabinete.
La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) busca incorporar un nuevo tema a la agenda de negociación con el Gobierno: los conflictos institucionales que se generan cuando una elección sindical queda judicializada y las autoridades electas no pueden asumir formalmente. La central obrera pretende que la Secretaría de Trabajo habilite la entrega de certificados provisorios de autoridades para garantizar el funcionamiento de los gremios mientras la Justicia resuelve las controversias.
La iniciativa cobró impulso a partir del enfrentamiento entre el Gobierno y Luis Barrionuevo, quien reclama el reconocimiento de su victoria en las elecciones de diciembre pasado en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Argentina (UTHGRA). La falta de un certificado que acredite la conducción elegida mantiene al sindicato en una situación de incertidumbre administrativa, debido a que el resultado electoral continúa atravesado por una disputa judicial.
El planteo de la CGT apunta a establecer un mecanismo que permita a los dirigentes ganadores ejercer provisoriamente sus funciones, incluso cuando existan impugnaciones o presentaciones judiciales pendientes. De esa manera, los sindicatos podrían continuar con sus actividades habituales sin quedar condicionados por los tiempos de los tribunales.
La ausencia de reconocimiento formal puede generar consecuencias concretas en la administración de las organizaciones. Entre las dificultades aparecen las restricciones para operar cuentas bancarias, disponer de recursos, gestionar obras sociales, firmar acuerdos paritarios, realizar trámites ante organismos públicos y ejercer plenamente la representación institucional de los trabajadores.
Barrionuevo sostiene que esa situación también tuvo consecuencias salariales para los trabajadores gastronómicos. Según su interpretación, la falta del certificado de autoridades impidió que la Secretaría de Trabajo homologara el último incremento acordado para la actividad, por lo que los empleados todavía no pudieron percibir esa mejora.
La propuesta ya fue transmitida a algunos referentes del oficialismo, aunque todavía debe llegar formalmente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuya relación con el dirigente gastronómico atraviesa un momento de fuerte confrontación. El ministerio apeló una sentencia que ordenaba entregar el certificado de autoridades y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para continuar la discusión judicial.
Dentro de la CGT, el sector más proclive al diálogo considera que resolver este conflicto podría contribuir a recomponer la relación con Barrionuevo, deteriorada por sus cuestionamientos a la estrategia moderada de la conducción sindical. La preocupación también alcanza a otros gremios que atravesaron situaciones similares, como la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles y el Sindicato Único de Trabajadores Feriantes de la República Argentina, cuyos representantes también debieron recurrir a instancias judiciales para obtener el reconocimiento de sus conducciones.
En el Gobierno reconocen que las denominadas acefalías de facto representan un problema complejo y admiten la posibilidad de buscar una salida consensuada. Sin embargo, advierten sobre los riesgos legales de extender certificados provisorios cuando existen disputas entre listas sindicales. Los funcionarios temen que los sectores derrotados en las elecciones puedan impulsar denuncias penales contra quienes autoricen el reconocimiento de una conducción cuya legitimidad todavía está sometida a revisión judicial.
Desde Capital Humano sostienen que mantendrán la decisión de recurrir hasta las últimas instancias cuando existan fallos adversos a las resoluciones administrativas. La postura oficial contrasta con la interpretación de la CGT, donde consideran que el Gobierno utiliza los procedimientos judiciales para evitar reconocer determinados resultados electorales, especialmente cuando involucran a dirigentes enfrentados políticamente con la administración libertaria.
Detrás de esta discusión aparece un cambio normativo introducido en 2025 mediante el decreto 342, que redujo la intervención estatal en los procesos electorales sindicales. Desde entonces, la Secretaría de Trabajo dejó de tener facultades para actuar como árbitro de las disputas entre listas, reemplazar automáticamente a las juntas electorales o suspender la asunción de nuevas autoridades por la presentación de impugnaciones.
La norma establece que el Estado únicamente puede designar un funcionario durante 120 días hábiles cuando una organización carece de autoridades y sus estatutos no contemplan mecanismos para resolver esa situación. Como consecuencia, las controversias electorales pasaron a depender principalmente de las decisiones de la Justicia laboral.
El debate también alimentó una discusión política sobre la ubicación institucional de la Secretaría de Trabajo. Algunos dirigentes sindicales impulsan que deje de depender de Capital Humano y pase a la órbita de la Jefatura de Gabinete, conducida por Diego Santilli, a quien consideran un interlocutor con mayor disposición para negociar con los gremios.
La CGT espera ahora que se concrete la reunión con funcionarios nacionales que comenzó a gestarse durante la reciente visita del Papa. La resolución de los conflictos por las conducciones sindicales será uno de los asuntos centrales de ese eventual encuentro, en una negociación que excede el caso Barrionuevo y vuelve a poner en discusión el vínculo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales.