Facturas truchas y extorsión con planes sociales: Eduardo Belliboni podría recibir 16 años de prisión

La ex subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni, celebró la confirmación del procesamiento del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por parte de la Cámara Federal porteña. La funcionaria del Gobierno nacional afirmó que las imputaciones contra el dirigente social podrían derivar en una condena de hasta 16 años de prisión.

«Los delitos que le imputan a Belliboni lo podrían llevar a 16 años de prisión», sostuvo Gianni en una entrevista para Radio Colonia y, además, destacó el avance de la investigación en un caso que ha generado amplio debate en el ámbito político y social.

Gianni enfatizó el papel de su área en el desarrollo de la causa. «Si bien la denuncia fue radicada por el Ministerio de Seguridad, nosotros desde Capital Humano aportamos las pruebas necesarias», explicó. Además, reconoció la valentía de quienes se animaron a denunciar: «Hombres y mujeres que declararon y ratificaron cómo eran esclavos de un sistema opresor».

La causa que complica a Belliboni

El fallo judicial confirmó que Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero están procesados por delitos como administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión. Según los jueces, los imputados se habrían aprovechado de su posición dominante para exigir aportes económicos y participación en movilizaciones, afectando principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.

Gianni también apuntó contra el entramado detrás del esquema. «El Polo Obrero manejaba una casta de empresarios que emitían facturas truchas», declaró, al tiempo que reafirmó el compromiso de su gestión con la transparencia. «Nosotros, como funcionarios públicos, obviamente íbamos a denunciar contra la corrupción y los ilícitos», subrayó.

La Cámara Federal argumentó que estas prácticas no buscan criminalizar a las organizaciones sociales, sino sancionar actos ilícitos. Asimismo, señaló que las actividades fraudulentas impactaron de manera directa en los recursos destinados al programa “Potenciar Trabajo”.

Con este fallo, la causa avanza hacia una etapa crucial, en la que se buscará determinar el alcance de los delitos cometidos y su impacto en los fondos públicos. Las declaraciones de Gianni refuerzan la postura oficial de respaldar las investigaciones para combatir prácticas corruptas dentro de las organizaciones sociales.

Con información de www.elintransigente.com