Garavano reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad y reclamó un régimen penal juvenil moderno

• Germán Garavano afirmó que el eje del debate no es solo la baja de la edad de imputabilidad sino un régimen integral de responsabilidad juvenil.
• El ex ministro sostuvo que el decreto vigente está desactualizado y no ofrece respuestas eficaces.
• La reforma prevé un límite de 15 años como pena máxima para menores, sin prisión perpetua.
• Garavano destacó experiencias de justicia restaurativa en distintas provincias.
• Advirtió sobre las falencias de los institutos de menores y la necesidad de transformarlos.
• El Senado debatirá una reforma que busca equilibrar responsabilidad penal, garantías y reinserción social.

En la antesala del tratamiento en el Senado de un nuevo régimen penal juvenil, el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, sostuvo que el eje de la discusión no debe limitarse a la baja de la edad de imputabilidad, sino a la construcción de un sistema integral de responsabilidad juvenil. “Hoy los chicos comprenden la criminalidad de sus actos”, afirmó al analizar el escenario actual.

El ex funcionario consideró que el decreto vigente que regula la materia es un instrumento desactualizado que no ha dado respuestas eficaces en los últimos años. En su visión, el debate parlamentario ofrece la oportunidad de saldar una deuda pendiente del sistema democrático con la sociedad. “Lo importante no es solo la edad, sino cómo tratamos a los jóvenes que delinquen y cómo los sacamos del delito”, planteó.

Garavano contextualizó la discusión en los cambios políticos y sociales de la última década. Recordó que durante la gestión de Mauricio Macri se intentó avanzar en reformas similares, pero enfrentaron resistencias tanto dentro del oficialismo como en la oposición. A su entender, hoy existe un clima más propicio para abordar transformaciones profundas en materia penal.

En su análisis, subrayó que la cuestión excede la mera sanción y requiere una mirada amplia sobre la reinserción y la prevención. Destacó experiencias provinciales que ensayan modelos alternativos, como programas de justicia restaurativa en Córdoba y Santa Fe, y mencionó iniciativas como el proyecto Espartanos en la provincia de Buenos Aires, orientado a trabajar con jóvenes en conflicto con la ley a través del deporte y el acompañamiento social.

Uno de los puntos más sensibles del debate es el límite de las penas. Garavano explicó que la reforma contempla un tope de 15 años como pena máxima para menores, descartando la posibilidad de prisión perpetua. Señaló que este aspecto será uno de los más discutidos en el Senado, especialmente frente a delitos graves. En experiencias previas, recordó, se cuestionó que un máximo de cinco años resultara insuficiente ante crímenes de extrema gravedad.

El ex ministro también describió las falencias del esquema actual. Señaló que existen situaciones en las que menores inimputables pueden permanecer privados de libertad sin haber atravesado un juicio formal, en un sistema que calificó de híbrido y con amplios márgenes de discrecionalidad. Evocó su experiencia en juzgados de menores y las condiciones de institutos como el Agote, Inchausti o San Martín, que consideró inadecuadas desde el punto de vista físico y social.

En ese sentido, planteó la necesidad de transformar los institutos y fortalecer programas de intervención temprana. Para Garavano, el desafío no radica en imponer penas cada vez más severas, sino en lograr que el sistema reaccione con rapidez ante los primeros delitos, especialmente en casos de hurtos o robos. Según explicó, una respuesta temprana y coordinada con la familia o el ámbito educativo puede evitar la consolidación de trayectorias delictivas.

El ex funcionario advirtió sobre los riesgos de los extremos: tanto una respuesta punitiva desproporcionada como la inacción frente al delito juvenil. A su juicio, el equilibrio debe combinar responsabilidad, garantías procesales y políticas activas de reinserción. “Cada joven que logramos sacar del circuito delictivo es una oportunidad para prevenir cientos de delitos futuros”, sostuvo.

Finalmente, valoró el trabajo de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que impulsaron el debate, y expresó su expectativa de que el Congreso avance hacia un régimen “moderno y justo”. La discusión en el Senado promete ser intensa y marcará un punto de inflexión en una materia que impacta directamente en la seguridad, los derechos de los jóvenes y la respuesta del Estado ante el delito.