Denuncian presunto espionaje a la AFA y crece la tensión con el Gobierno

• La denuncia apunta a la instalación de cámaras para vigilar la sede de la AFA
• El abogado Gregorio Dalbón advirtió sobre un posible delito de espionaje ilegal
• Los dispositivos habrían sido colocados en un edificio lindero a la entidad
• El caso se vincula con la disputa por la sede legal de la AFA
• Podrían existir responsabilidades penales si se confirma la vigilancia sin orden judicial
• La tensión entre el fútbol y el Gobierno suma un nuevo capítulo

Una nueva controversia se instaló en el vínculo entre el mundo del fútbol y el poder político a partir de una denuncia por presunto espionaje ilegal en la sede histórica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El planteo fue impulsado por el abogado Gregorio Dalbón, quien aseguró que se habrían montado dispositivos de vigilancia sin autorización judicial para monitorear los movimientos de los dirigentes de la entidad.

Según sostuvo el letrado, la presencia de cámaras orientadas hacia el ingreso del edificio ubicado en la calle Viamonte constituye un hecho de gravedad institucional. Dalbón remarcó que cualquier tarea de seguimiento sobre civiles requiere una orden judicial previa, tal como lo establece la Ley de Inteligencia Nacional. En ese marco, advirtió que la eventual existencia de estas prácticas podría configurar delitos vinculados al abuso de autoridad y a la violación de normas específicas que regulan la actividad de los organismos de inteligencia.

El episodio tomó mayor dimensión a partir de la identificación del inmueble desde donde se habrían instalado los dispositivos. De acuerdo con la información difundida, las cámaras se encuentran en un departamento lindero a la sede de la AFA, ubicado a escasa distancia de su entrada principal. Ese espacio, según trascendió, estaría vinculado a un funcionario de alto rango dentro de la estructura de inteligencia estatal, lo que intensificó las sospechas sobre el origen de la presunta vigilancia.

Desde la dirigencia del fútbol confirmaron que los equipos no estaban presentes con anterioridad, lo que refuerza la hipótesis de una instalación reciente. Este dato alimenta las conjeturas sobre un posible seguimiento dirigido a registrar la actividad cotidiana en la sede, en medio de un conflicto que mantiene enfrentados a la AFA con sectores del Gobierno.

En ese contexto, una de las versiones que circula apunta a que la eventual vigilancia tendría como objetivo verificar si la entidad continúa operando en la Ciudad de Buenos Aires. La cuestión no es menor: existe una disputa administrativa y judicial en torno a la mudanza de la sede hacia territorio bonaerense, un punto que forma parte de una discusión más amplia sobre el encuadre legal de la institución.

La eventual constatación de actividad en la sede porteña podría tener implicancias en ese proceso, lo que explicaría el interés en documentar los movimientos en el edificio. Sin embargo, desde el entorno de la AFA consideran que, de confirmarse esta hipótesis, se trataría de una metodología incompatible con el marco legal vigente.

Dalbón, por su parte, instó a los dirigentes a presentarse ante la Justicia para impulsar una investigación que permita determinar responsabilidades. El abogado subrayó que la normativa vigente prohíbe de manera expresa la recolección de información sobre personas o instituciones sin el debido control judicial, por lo que cualquier acción en ese sentido sería ilegal.

El caso abre un nuevo frente de conflicto en una relación ya tensionada. En los últimos meses, los cruces entre la conducción del fútbol argentino y el Gobierno se intensificaron por distintos motivos, incluyendo diferencias en materia institucional y regulatoria. La denuncia por espionaje agrega un componente sensible, ya que involucra directamente a organismos estatales y pone en discusión los límites de su accionar.

Mientras tanto, el episodio comienza a trasladarse al plano judicial, donde se espera que se definan los próximos pasos. La eventual apertura de una causa podría derivar en la recolección de pruebas, peritajes sobre los dispositivos instalados y la identificación de los responsables de su colocación.

En paralelo, el clima político se mantiene enrarecido. La posibilidad de que se haya recurrido a mecanismos de vigilancia sin autorización judicial genera preocupación en distintos ámbitos, más allá del conflicto puntual. La evolución del caso será clave para determinar si se trata de un hecho aislado o de una práctica que podría tener implicancias institucionales más amplias.