Leliq y juego: los impuestos en la mira para costear el fallo de la Corte
El Gobierno trabaja a contra reloj para terminar de definir la letra del proyecto de ley con el que buscará compensar el costo fiscal que le implica al Tesoro Nacional la medida cautelar que interpuso la Corte Suprema a favor de Horacio Rodríguez Larreta por la coparticipación. Según supo Ámbito, el proyecto se presentará para las sesiones extraordinarias del Congreso y apuntará a costearlo, al menos parcialmente, con un refuerzo en la recaudación.
En ese tren, este diario pudo confirmar que el Ejecutivo baraja dos mecanismos tributarios. Por un lado, nacionalizar uno de los impuestos que el jefe de Gobierno porteño creó tras la medida de Alberto Fernández que acotó el exceso de coparticipación que Mauricio Macri le había otorgado a la CABA: el que se les cobra a los bancos por los intereses que perciben por las Leliq (con una alícuota del 8% en concepto de ingresos brutos), que se aplicaría de forma temporal. Por otro, una suba de la tasa que paga el juego online (hoy es del 2,5% para residentes argentinos y de hasta 15% para habitantes de países de baja tributación).
Aún no está definido si la propuesta para el gravamen a las Leliq será o no coparticipable. Sí necesitaría una adecuación ya que en CABA se cobra vía ingresos brutos. Los funcionarios nacionales analizan darle otro enfoque “aplicable sobre la utilidad”.
Fuentes oficiales señalaron que el costo a cubrir para el Tesoro por la suba en el porcentaje de coparticipación para la ciudad fijado por la Corte asciende a unos $200.000 millones. Con las modificaciones de esos dos impuestos, estiman que se podría cubrir un 50% del hueco fiscal. Es decir que serán necesarias más vías de recaudación o eventualmente algún recorte del gasto, que indirectamente afectaría a las provincias.
El proyecto para compensar ese costo integrará un paquete de iniciativas que el Gobierno enviará para su tratamiento en extraordinarias. Habrá otras iniciativas económicas: el blanqueo; los marcos regulatorios para el GNL, el hidrógeno y la agroindustria; y la moratoria, que en Economía definen como plan de pagos para quienes tienen edad de jubilarse pero no los 30 años de aportes.
Con información de www.ambito.com