Reforma electoral, capítulo fiscal y privatizaciones: los artículos que Javier Milei cedió para aprobar la Ley ómnibus

El presidente Javier Milei parece haberse anotado la primera victoria de su gestión. Es que luego de tres intensas jornadas de debate en la Cámara de Diputados, y una serie de incidentes fuera del recinto, el Gobierno logró darle media sanción a la ley "Bases" gracias a los 144 votos afirmativos y 109 negativos que registró el cuerpo legislativo en la tarde de este viernes.

En este marco, fueron decenas de artículos los que el Poder Ejecutivo debió modificar por pedido de la oposición dialoguista, compuesta por el bloque de la Unión Cívica Radial, el PRO, Hacemos Coalición Federal (liderada por Miguel Ángel Pichetto), entre otros.

Cabe destacar que la cámara baja se dispuso a votar el proyecto de ley en general y postergó para el próximo martes el análisis de los artículos uno por uno.

¿Qué puntos de la Ley ómnibus cedió Javier Milei?
El capítulo fiscal era uno de los más centrales para el Gobierno, ya que es el que más afecta a los ingresos y gastos del Estado. Tras ceder ante los reclamos de la oposición dialoguista, estos son los puntos que se eliminarán.

Retenciones
El Gobierno calcula que la aprobación para una suba de las retenciones al campo y la industria le podría reportar u$s1.000 millones más de recaudación.

Según el artículo 200 del proyecto de Ley ómnibus, los productos que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%, lo que afectará a todas las producciones industriales, agroindustrias y producción agropecuaria, alcanzando productos de economías regionales que en muchos casos bajaron a 0% en septiembre pasado por una decisión del exministro de Economía, Sergio Massa.

Sin embargo, una planilla de Excel que preparó el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert, con la afectación del proyecto de Milei sobre 35.000 posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, y a la que tuvo acceso iProfesional, subas, bajas y mantenimiento en 0% de los DEX para distintos productos.

En concreto las retenciones quedan como sigue:

Harina y aceite de soja: hoy están alcanzados con 31% se incrementan al 33%, quedando igual que el poroto. Esto afecta a la agroindustria de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
Se incrementan a 8% los DEX para todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola, y al aceite y la esencia del limón. Estos productos estaban en 0% desde septiembre y antes tributaban 4,5%.
Al respecto, el diputado Nieri remarcó que "las retenciones a las producciones regionales no se pueden aprobar, porque en casos como el del vino, se pone en riesgo la misma existencia de las empresas y los puestos de trabajo; Argentina compite en los mercados externos con Chile, que no paga DEX y también logra que no le cobren aranceles otros países".
Se mantienen sin modificación los DEX actualmente vigentes para los hidrocarburos (8%) y la minería, aunque el proyecto pide autorización legislativa para que el Gobierno pueda subirlas si se ve conveniente.
Se mantiene en un 0% la alícuota de DEX para todas las mercaderías correspondientes a los siguientes complejos exportadores: olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana.
En tanto bajan las retenciones, según la planilla de Espert, las papas (de 4% a 0%).
También bajan las retenciones de carbón y similares (16% a 2,5%); algunos insumos industriales como minerales o productos químicos (de 4% a 2,5%) y con la misma baja¨se benefician muchos medicamentos, mientras se mantienen en 4% las vacunas y suben a 15% el resto de los productos industriales.

Entonces, las subas de alícuotas afectan especialmente a la industria automotriz; las economías regionales de carnes bovinas (hoy 9%), madera, maní, vino, y productos del complejo agroindustrial, y las distintas cadenas del agro vienen insistiendo ante sus gobernadores para que pidan la inclusión de más productos exentos en el proyecto.

Bienes Personales

Antes de anunciarse que se eliminaría el capítulo fiscal, el Gobierno esperaba que el impuesto a los Bienes Personales alcanzara a contribuyentes que -hasta el 31 de diciembre- no tuvieran activos gravados por un valor mayor a los $100 millones. En cuanto a la vivienda, quedaría exenta si su valor no supera los $350 millones.

Este intento fallido de modificación surgió luego de que el oficialismo dialogara con otros espacios, ya que el texto original establecía pisos mucho más bajos ($27,3 millones y $136,8 millones, respectivamente).

Impuesto a las Ganancias

La propuesta de la nueva gestión respecto de este tributo era establecer un piso de $1.250.000 en la remuneración bruta (sueldo neto de $1.053.291), en el caso de un empleado o jubilado sin deducciones por familia. Hasta hoy es de 15 salarios mínimos ($2.340.000).

Los montos de las deducciones y de las escalas se actualizarían de manera trimestral, según la inflación. Las fechas previstas eran abril, julio y octubre, y luego en enero de 2025. Además, la carga tributaria podrá reducirse si se aplican otras deducciones por conceptos como el pago de salarios del servicio doméstico, honorarios médicos o cuotas de colegios.

Finalmente, este punto también quedó descartado.

Blanqueo de capitales
 

El Gobierno esperaba implementar tres puntos claves en este sentido:

Establecer que los sujetos no residentes (que adhieran al "Régimen de Regularización de Activos") no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombres de terceros.
Incorporar como sujetos excluidos a los funcionarios que hayan permanecido en ese rol en los últimos cinco años (únicamente funcionarios del gobierno de Alberto Fernández).
Se excluye a los agentes de retención con procesamiento firme.
Destinar lo producido del Impuesto Especial de Regularización a la capitalización del Banco Central de la República Argentina.

Finalmente, el Poder Ejecutivo decidió desestimar este cambio para que avance la Ley ómnibus sin mayores obstáculos.

Facultades delegadas

En lo concerniente a las emergencias y facultades delegadas, se reconoce por parte de los sectores dialoguistas que ha habido acercamientos tras la eliminación, por parte del oficialismo, de la emergencia fiscal y previsional.

El proyecto establece la declaración de emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2024, con la posibilidad de prórroga por un año adicional mediante decisión del Congreso. Por otro lado, se destaca que el artículo 73 mantiene la derogación del artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública (N° 27.612), conocida como "Ley Guzmán". Este punto, sin acuerdo con el radicalismo y HCF, enfrenta la posibilidad de ser rechazado, ya que defienden la prerrogativa del Congreso para supervisar al Ejecutivo.

Al finalizar la segunda jornada de debate, se ha acordado un nuevo cuarto intermedio, con la sesión programada para reanudarse el viernes a las 10 de la mañana. La propuesta del oficialismo de interrumpir la discusión parlamentaria ha sido respaldada mientras continúan las negociaciones sobre artículos cruciales, como la capacidad de tomar y reestructurar deuda, cambios en seguridad, y los temas previamente mencionados. A pesar de las modificaciones presentadas, un sector de diputados radicales, liderados por Facundo Manes, se mantiene firme en su rechazo a las facultades delegadas, insistiendo en debatir las privatizaciones "ley por ley" en el Congreso.

En la misma línea, la Coalición Cívica se muestra inflexible respecto a las facultades delegadas. Mientras tanto, en Hacemos Coalición Federal se ha otorgado libertad de acción en la votación en particular. Finalmente, los diputados de Córdoba Federal, vinculados al gobernador Martín Llaryora, continúan amenazando con retirar su apoyo si no se atienden las demandas de los mandatarios provinciales, a quienes el Gobierno prometió un nuevo pacto fiscal.

Reforma electoral
El otro planteo de la oposición era dejar afuera del dictamen el capítulo electoral que disponía profundas reformas en la elección de los legisladores, entre las cuales se destaca la adopción del sistema de circunscripciones uninominales que reemplazaría a la lista sábana. 

En este caso la mayor resistencia se presentó en el bloque del PRO, el principal aliado de La Libertad Avanza. "Si eso queda en el dictamen nosotros lo rechazaríamos en la votación particular artículo por artículo", aseguró una diputada de esa bancada.

No obstante, en la UCR no ven con malos ojos la reforma y tampoco en Hacemos Coalición Federal. Consideran que es un tema debatible pero que dejarlo en la ley ómnibus entorpecería la discusión de las cuestiones prioritarias, que son las económicas y fiscales.

En este aspecto, uno de los diputados consultados por iProfesional señaló que le hicieron llegar al oficialismo una observación clave en materia legislativa: "Si llega al recinto con artículos o capítulos de la ley que no tienen consenso y son rechazados no podrían volver a tratarse por un año, es mejor dejarlos afuera para debatirlos a partir de marzo".

Privatizaciones
 

ara destrabar la aprobación de la ley ómnibus, el gobierno de Javier Milei propuso a los bloques dialoguistas eliminar de la lista de privatizaciones nueve empresas estatales que el Gobierno había pedido autorización para su venta en el proyecto de ley "Bases". 

De todos modos, el oficialismo estableció nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas firmas públicas. 

Las empresas que no se privatizarán son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. 

De acuerdo a ese borrador con los cambios a la ley ómnibus, el Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT y de las otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Telam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, entre otras. 

Sin embargo, los cambios impulsados por el oficialismo -la mayoría planteados por los sectores dialoguistas a condición de aprobar ese capítulo privatizador- serán propuestos cuando se discuta en particular cada capítulo el dictamen de mayoría que se debate desde el miércoles en el recinto de sesiones. 

Los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación objetaron la idea de privatizar en lote a tantas empresas del Estado.  

En sus planteos, estos bloques pidieron al oficialismo que se optara por tratar en particular empresa por empresa.  

La presión opositora logró que la LLA accediera a dividir ese capítulo en dos anexos. Uno con empresas a privatizar o otro, en el Anexo II, con empresas públicas sujetas a privatización parcial, en las que el Estado tendrá una participación. 

Fuente: Iprofesional