Pullaro vuelve a tocar intereses del Poder Judicial

El gobierno de Maximiliano Pullaro espera que al regreso del receso invernal la Cámara de Diputados de Santa Fe apruebe la ley que le quita el Registro Público de Comercio al Poder Judicial. Se trata de una medida a dos bandas: unifica el control de los movimientos de bienes con el foco puestos en bandas criminales, al tiempo que le quita otra facultad a los jueces.

El proyecto de ley ya tuvo luz verde del Senado. Diputados podría tratarlo la próxima semana al regreso del receso. Básicamente traspasa el Registro Público de Comercio a la órbita del Ejecutivo. Históricamente funcionó en el ámbito del Poder Judicial y su administración está asignada al juzgado civil y comercial de la primera nominación.

La quita del Registro Público de Comercio no puede abstraerse de la mirada crítica que el gobernador Pullaro manifiesta sobre el funcionamiento del Poder Judicial y se suma a otras medidas que acotan o sacan facultades a los jueces.

En una rápida enumeración se cuentan el empoderamiento y mayor autonomía del Ministerio Público de la Acusación, el nuevo reglamento del Consejo de la Magistratura, la reforma de los fueros extrapenales, los cambios previsionales que se avecinan (entre los que se dispondrán topes en las jubilaciones y pensiones que mayormente afectará a retirados de la Justicia), la no cobertura de vacantes y la promoción de una amplia renovación de la Corte Suprema.
Unificación de los registros de Santa Fe
El motivo que esgrime el Ejecutivo para quedarse con el Registro Público de Comercio es unificar controles sobre los movimientos de bienes para detectar lavado de activos provenientes de economías ilegales. Al concentrar los registros permite el entrecruzamiento de información. Otro propósito es agilizar las consultas de las fiscalías que llevan adelante las investigaciones penales.
La idea es que el Registro Público de Comercio quede bajo el paraguas de Inspección General de Personas Jurídicas, que hoy absorbe las sociedades anónimas (SA) y las sociedades anónimas simplificadas (SAS), pero no las sociedades de responsabilidad limitada (SRL) cuyas altas, bajas, modificaciones y todo tipo de trámite se hacen en Tribunales.

Fuentes del Ministerio de Gobierno, de quien depende la secretaría de Gestión de Registros Públicos que comanda Matías Figueroa Escauriza, argumentaron que mientras en la IGPJ el registro de asociaciones, fundaciones y otras sociedades es abierto y de consulta sencilla, el registro que depende del Poder Judicial no lo es tanto.

"Las tareas administrativas como las de un registro por lógica tienen que estar en el Ejecutivo, porque si no en el Poder Judicial están haciendo tareas administrativas. Esto pasa en muy pocas provincias", dijeron. Un segundo argumento apunta a que es necesario simplificar: "Hoy para inscribir una SAS hay que hacer doble trámite, primero en la IGPJ y luego en el Registro de Comercio".

"La ventaja es que al tener una sola base de datos, sabremos si una misma persona en una o más sociedades, en una fundación.... Si hay una tarea de inteligencia criminal se busca en una sola base en lugar de que los fiscales tengan que enviar diferentes oficios a lugares distintos que funcionan con tiempos y lógicas diferentes", explicaron en el ministerio de Gobierno.

En investigaciones penales de gran repercusión hechas en Rosario, en las que siguió la ruta del dinero y los bienes de bandas dedicadas al narcomenudeo, aparecieron innumerables SRL como parte del entramado para lavar activos. En el caso del narco Esteban Alvarado, las firmas relacionadas Valmarc Transportes SRL, Logística Santino SRL, Messina Hermanos SRL, Transporte Toia SRL, Edra SRL, Logística TSC SRL y Sagrado Corazón de María SRL.

Maximiliano Pullaro pone el ojo en los fideicomisos
Hay otro cambio en ciernes. El gobierno provincial pone el foco en los fideicomisos, una herramienta extraordinaria para movilizar dinero y promover inversiones, pero históricamente apuntada como vía para blanquear dinero de diferentes orígenes, desde evasión y elusión impositiva hasta el producido del crimen organizado. El boom de la construcción en el Gran Rosario atrae sospechas en ese sentido desde hace años.

En la actualidad el Estado ve al fiduciario que administra el fondo, pero no a quiénes son los aportantes. Se pretende incorporar la obligación legal de identificar a todo aquel que entre en un contrato de fideicomiso para que las autoridades de control puedan verlo y tener trazabilidad de los fondos y bienes involucrados.

Orgánicamente, el control político de los fideicomisos estaría en manos del Registro de la Propiedad Inmueble en el caso de los fideicomisos inmobiliarios; y de la IGPJ cuando se trate de fideicomisos financieros o comerciales.

Esas áreas dependen de la secretaría de Gestión de Registros Provinciales a cargo de Figueroa Escauriza, de quien también depende la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), que tiene a su cargo los bienes decomisados por la Justicia provenientes de ilícitos.

Señalamiento a la gestión de Omar Perotti
La APRAD acaba de tomar posesión de una serie de inmuebles por un valor estimado de mercado superior a los 2 millones de dólares. Se trata de bienes que la Justicia decomisó a las dos principales bandas que disputaron el negocio del narcomenudeo en Rosario.

Lotes, viviendas de alta gama en barrios cerrados, casas quinta y construcciones urbanas integran esos bienes. Según los funcionarios del Ministerio de Gobierno, la Justicia había notificado al Poder Ejecutivo ya en noviembre de 2022 que estaban a disposición para que la APRAD dispusiera su destino final, pero ni en ese caso ni tampoco en ocasión de un oficio posterior la administración de Omar Perotti se movió, según los funcionarios actuales.

En marzo pasado las nuevas autoridades contestaron los oficios y pidieron la posesión de los bienes, lo que se concretó en las últimas semanas. De tener utilidad, en algún caso el Estado se quedará con el bien, pero la mayoría será subastado en público.

Lo que sorprendió a los funcionarios es que a pesar de tiempo transcurrido y el decomiso en marcha, todos los bienes seguían ocupados por personas allegadas a las bandas, que los cuidaban o directamente vivían en ellos. Desde caseros, hasta una abogada que había sido mencionada en una investigación.

Letra P