El Ejecutivo de Santa Fe elevó la terna para Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria

El Poder Ejecutivo decidió que los actuales fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Valeria Pía Haurigot (Rosario) y Horacio Hugo Pueyrredón (Venado Tuerto) y el defensor de Santa Fe, Mario Guedes Javier sean los candidatos para integrar la primera Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria prevista en la Ley N° 14.243 de la pena privativa de la libertad, sancionada en diciembre del año pasado. "Elegimos personas que tengan un perfil claro, moderno porque definirán las políticas penitenciarias para los próximos veinte/treinta años" afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

El funcionario justificó ante El Litoral los nombres elegidos y que deberán ser validados por la Asamblea Legislativa en el presente mes ya que los pliegos fueron remitidos el pasado viernes. "Son los primeros pliegos concursados por la gestión y son cargos de altísima sensibilidad política" añadió el ministro sabedor de algunos reproches que comenzaron a producirse en redes sociales debido a que ninguno de los tres candidatos figuró en los primeros lugares del concurso realizado por el Consejo de la Magistratura. "El Consejo hizo una evaluación técnica y nosotros además hacemos una valuación más sensible porque nos jugamos la política penitenciaria de las próximas décadas" dijo el ministro.
La resolución N° 007 del Consejo de la Magistratura elevó al Poder Ejecutivo la lista de mérito de los concursantes donde Haurigot está en octavo lugar; Guedes en noveno y Pueyrredón en décimo segundo lugar.

Fue el primer concurso para cargos en el Poder Judicial convocados por la administración Pullaro y se anotaron 48 concursantes. El 18 de marzo, sólo 29 inscriptos se presentaron a la prueba de oposición. Cuatro postulantes -entre ellos Haurigot, Pueyrredón, Susana Luna y Javier Sáez de Arregui- interpusieron un recurso contra la decisión del tribunal evaluador que finalmente aceptó a 24 postulantes a la entrevista oral y pública. Son todos los que habían "superado las pautas de evaluación" más los que interpusieron el recurso directo. Solo Sáez de Arregui no asistió a la audiencia siendo excluido del concurso. El 27 de mayo, el gobernador Maximiliano Pullaro, por decreto N° 656 hizo lugar a los recursos directivos que habían interpuesto cuatro postulantes.

Con fundamento en la prueba de oposición, ponderación de antecedentes, entrevistas personales y exámenes sicotécnicos, el tribunal elevó la calificación al Poder Ejecutivo donde los primeros ubicados fueron Mariela Sarrías, Ismael Manfrín y Pablo Busaniche.
Dos meses después, Pullaro envió a Legislatura el mensaje N° 5113 con los tres nombres para cubrir los cargos.
El ministro Cococcioni salió a defender enfáticamente ante El Litoral la terna compuesta por Haurigot, Guedes y Pueyrredón y lo tomó como una decisión del Ejecutivo que tuvo en cuenta criterios de política penitenciaria por sobre el orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura. "Es un tema muy sensible, es un área muy sensible donde nos jugamos el futuro de la política penitenciaria" insistió Cococcioni quien también defendió el decreto de Pullaro habilitando a los cuatro candidatos que habían sido excluidos por el tribunal examinador.
"El tribunal va a definir lo que será la política penitenciaria de los próximos 20 años. Este concurso es muy especial para la política penitenciaria de este Ejecutivo, es un área muy sensible y pusimos especial énfasis en seleccionar los perfiles de los tres vocales, todos con mucha experiencia en la tarea de persecución penal. La Cámara tendrá a su cargo regular todas las políticas penitenciarias y definir los recursos de amparo".


La Ley 14.243 prevé la Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria integrada por tres vocales y tendrá asiento en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Un vocal tendrá asiento en la ciudad de Santa Fe, y tendrán competencia territorial indistinta en las Circunscripciones Judiciales N° 1, N° 4 y Nº 5. Dos vocales tendrán asiento en la ciudad de Rosario, y tendrán competencia territorial indistinta en las circunscripciones judiciales N° 2 y Nº 3. Todos los vocales pueden reemplazarse de manera indistinta, según lo establezca la reglamentación.
"Los vocales conocerán unipersonalmente, y con exclusión de toda otra autoridad, de las apelaciones deducidas en materia de ejecución penal y habeas corpus", señala el artículo 64.
También le ordena que la Cámara en pleno conocerá, con exclusión de toda otra autoridad de las apelaciones deducidas en procesos de habeas corpus colectivos, de las apelaciones a las que decidiera avocarse en pleno, en casos que pudieran constituir precedentes de relevancia; de los plenarios que fueran convocados por mayoría simple de sus integrantes, para fijar pautas de Interpretación o aplicación de normas legales o para establecer guías de actuación para los informes y dictámenes elaborados por la autoridad penitenciaria; de las opiniones consultivas que le fueran requeridas por la Fiscalía General, la Defensoría Provincial, la Fiscalía de Estado o fa administración penitenciaria, por motivos de previsibilidad o seguridad jurídica; de los casos planteados en primera instancia a los que decidiera avocarse por razones de gravedad institucional o seguridad jurídica, de oficio o a solicitud de la Fiscalía General, de la Defensoría Provincial, de la Fiscalía de Estado o de la administración penitenciaria.
Asamblea
Los pliegos para la nueva Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria serán considerados en Asamblea Legislativa que será convocada en las próximas horas por la vicegobernadora, Gisela Scaglia. Previamente será la Comisión de Acuerdos evaluará los tres nombres y los citará a la entrevista previa a la elaboración de los dictámenes que serán llevados a la Asamblea Legislativa.
Móviles para el interior
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, entregó ayer móviles policiales en Coronda, Esperanza y Santo Tomé para las unidades regionales XV, XI y I.
Las unidades forman parte de las 840 unidades adquiridas por el gobierno por licitación pública y que se suman a las 100 que fueron incorporadas por compra directa. "Gracias a todos los legisladores, diputados y senadores de la provincia de Santa Fe que nos han dado un respaldo muy grande, acompañando el paquete de leyes que enviamos al inicio de gestión con cuestiones muy importantes como la Ley de Emergencia en Seguridad Pública y el Sistema Penitenciario", fueron las primeras palabras de Cococcioni en Esperanza. "Queremos tener a nuestra policía totalmente equipada para salir a hacer su trabajo como corresponde, añadió.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.