El gobierno de Maximiliano Pullaro da por caídas las negociaciones y apunta a remover a la Corte por decreto

El gobierno de Maximiliano Pullaro decidió terminar una etapa en su objetivo de reformar a fondo la Corte Suprema de Santa Fe. El diálogo individual que inició con los cortesanos mayores de 75 años no obtuvo frutos, por lo que se decidió empezar a evaluar decretos de corrimiento o jurys de enjuiciamiento.

El cara a cara que Pullaro tendrá este domingo a las 7.30 con la cúpula del tribunal tiene las cartas ya echadas sobre la mesa. La Casa Gris está decidida a renovar la Corte y nada la va a apartar de ese plan. Los cortesanos expondrán cuestiones presupuestarias y de vacancia en sectores clave de la Justicia de Santa Fe, pero el ítem de la integración actual es de no retorno.
 
“Están fuera de norma, lo sabe todo el mundo, es cuestión de tiempo su salida”, avisa un dirigente de extrema confianza del gobernador. “No sé van a ir por sí solos, es decreto o jury”, le añadió a Letra P una de las figuras de primera línea de Unidos.

La renovación de la Corte, el objetivo de Maximiliano Pullaro
Un sector de la coalición está decidido a ir a fondo a la brevedad. No importa que la semana que viene se sancione la reforma previsional, el primer gran objetivo del Ejecutivo. Pullaro, como se ve, no tiene problemas en abrir varios frentes de conflicto al mismo tiempo, casi que lo lleva en la sangre.
El tema se habló en una cena que hubo en la Casa de Gobierno el último miércoles, tras una reunión del bloque de Unidos. Hasta allí peregrinaron los referentes más importantes de Unidos para Cambiar Santa Fe, convocados por Pullaro. Si bien las fuentes consultadas difieren sobre el tenor del encuentro -para algunos fue uno más y para otros significó la oficialización de la decisión de “cruzar el Rubicón” contra la Corte-, todas coinciden en que el tema fue tratado.

Para el gobierno que lidera el hughense, los jueces de la Corte que superan los 75 años (el presidente Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, María Angélica Gastaldi, Roberto Falistocco) están “fuera de la ley”. Cabe recordar que, como adelantó Letra P en su momento, Mario Netri avisó que se jubilará en noviembre. En algún momento se rumoreó que Gutiérrez -hombre fuerte del tribunal cimero- había pedido ser el último en salir. "Si hubiésemos acordado una salida consensuada de todos podríamos haber tenido ese gesto", descartaron en el gobierno.

Ante dicho escenario, la Casa Gris empezó a estudiar con mucha más fuerza la posibilidad de remover a los cuatro cortesanos a través de un decreto firmado por el gobernador o iniciando un jury, un proceso investigativo de la conducta de los jueces. Sería inédito para la provincia y un bombazo para el oficialismo y toda la política provincial. Es más, un sector del oficialismo pretende que pronto, en unos pocos días, los partidos de Unidos se congreguen para debatir las próximas dos reformas: la del tribunal cimero y la de la Constitución de la provincia.

Al mismo tiempo, el gobierno ya pone el foco en los “perfiles” que van a reemplazar a los cuatro jueces en falta. “Hay que ir pensando en la renovación”, adelantó un mesa chica de Pullaro. Si bien un sector de Unidos considera que un eventual decreto de corrimiento tiene que contener el nombre del reemplazo, el pullarismo entiende que el proceso se desdobla: primero se corre por decreto, luego el gobernador propone el o los nuevos cortesanos y es la Legislatura, en asamblea legislativa, la que termina de convalidar.

Las opciones jurídicas sobre la mesa
El gobierno provincial agotó todas las instancias antes de tomar tan drástica decisión. Entabló negociaciones con cada uno de los cortesanos apuntados. Hubo, por ejemplo, una reunión entre operadores de la Casa Gris y los supremos Falistocco y Gastaldi. Se supo luego que en ese encuentro Gastaldi habría manifestado su voluntad de retirarse. Sin embargo, días después, periodistas anunciaron que la rosarina planeaba asumir la presidencia del máximo tribunal el próximo año, un mensaje que no le costó decodificar a la mesa chica del gobernador.

Para presionarlos, el gobierno diseñó un operativo de desgaste. Allí se enmarca, por ejemplo, la asfixia económica. El Ejecutivo pisa designaciones y ascensos del personal, retacea fondos para obras y aumentos salariales, y administra la designación de vacantes a cuentagotas. Una cláusula en la reforma previsional que obliga a jubilarse antes de que entre en vigencia el nuevo sistema a los empleados públicos que tienen el trámite terminado y todavía no cesaron sus tareas tuvo el mismo sentido: tres cortesanos apuntados están en esa situación. Nada funcionó.

En su plan de endurecer el curso de acción, el gobierno tiene dos opciones que dependen de lo que la Casa Gris interprete del fallo “Iribarren”. En 1999, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 88 de la Carta Magna santafesina, que sostiene que los jueces pierden su “inamovilidad” a los 65 años. Consideraron, de acuerdo a la redacción de la norma, que un cortesano podía seguir ejerciendo su función más allá del límite etáreo, pero lo haría estando a tiro de decreto del gobernador, lo que afectaba la independencia judicial.

Si el gobierno opta por destronar a los cortesanos mediante un decreto, significa que interpreta que el fallo “Iribarren” también obliga a aplicar la normativa constitucional nacional, que exige a los jueces renovar su acuerdo legislativo a los 75 años como condición para seguir ejerciendo su cargo. Por el contrario, si decide el camino del juicio político -inédito en la provincia-, necesitará justificar su decisión en alguna razón imputable a los supremos y, además, contar con el acompañamiento de las dos terceras partes de la Legislatura.

Los cortesanos de Santa Fe también juegan
Bajo lo que considera un ataque, la Corte no se quedó de brazos cruzados. En la Casa Gris ven la mano de los cortesanos detrás de la foto de protesta de unos doscientos magistrados santafesinos en la puerta de los Tribunales de Rosario. Si bien la excusa fue plantarse ante los “avances sobre la independencia judicial” en materia de financiamiento, los reclamos se extendieron a la reforma previsional, los cambios en el método de selección de nuevos jueces y hasta la amenaza de quitarle el control de la caja del Poder Judicial a la Corte en la reforma constitucional que se avecina.

El pullarismo echó mano al relato libertario para enfrentar a los jueces. Sus operadores chicanearon a los magistrados con que “dejaron los palos de golf para protestar”, Pullaro dijo que “se piensan que tienen coronita” y la vicegobernadora Gisela Scaglia habló directamente de “foto casta”. El tema escaló tanto que requirió que el supremo Gutierrez diera algunas entrevistas en las que se preguntó “¿para qué renovar?¿Para tener una Corte adicta?”. “Me voy a jubilar el día que yo quiera”, avisó el cortesano.

En el gobierno provincial creen que la estrategia de los supremos apuntados es obtener una medida cautelar que suspenda los efectos de una hipotética decisión del gobernador y “atrincherarse”. En síntesis, apostar a dilatar el proceso y que pase el tiempo, con la esperanza de que Pullaro no logre que le habiliten la reelección en la reforma constitucional que se viene y que en tres años llegue otro gobernador con quien negociar. Algo de eso se traslució en las declaraciones de Gutiérrez: “El gobernador tiene un tiempo establecido”, remarcó en sus entrevistas. Todo un mensaje.

CON INFORMACION DE LETRA P.