Escándalo en ANDIS: denuncian a 150 fallecidos que cobraban pensiones por invalidez laboral

Una auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) destapó un caso de fraude al detectar que 150 personas fallecidas continuaban cobrando pensiones por invalidez, en algunos casos hasta cinco años después de su muerte. Este esquema habría ocasionado pérdidas al Estado por más de 1.355 millones de pesos al año.

El cruce de datos entre ANDIS y el padrón del ex Ministerio del Interior reveló también que 212 presos, entre procesados y condenados, percibían Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, otro hecho que despertó críticas y denuncias. De acuerdo a datos de la agencia NA, la investigación ya llegó a los tribunales de Comodoro Py y sigue sumando elementos de irregularidad.

A pesar de las críticas de sectores opositores que denuncian «recortes» en el sistema de pensiones, desde ANDIS aseguran que la nueva gestión liderada por Diego Spagnuolo ha priorizado la auditoría y corrección de irregularidades. Además, destacan que, mientras la inflación acumulada en el último año del gobierno de Alberto Fernández fue del 211,4% y los aumentos a prestadores solo alcanzaron el 82,5%, la actual gestión otorgó incrementos del 99,11%, apenas 8 puntos por debajo de la inflación acumulada del 107%.

Irregularidades y casos llamativos de pensiones por invalidez durante el gobierno de Alberto Fernández

Entre los casos más emblemáticos detectados, figura el de un beneficiario en La Matanza que logró acceder a una pensión apenas tres días después de iniciar el trámite, el 28 de noviembre de 2023, pese a que su auditoría médica determinó que no cumplía los requisitos. Este tipo de maniobras, aseguran, eran habituales durante la gestión anterior, liderada por Paula Martínez.

Martínez, quien estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Apoyo y Asignación Económica, administró más de 3.400 millones de dólares en pensiones y entregó cerca de 300 mil nuevos beneficios durante la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, incluyendo miles de ellos en los días finales de su gestión.

El fiscal Guillermo Marijuán investiga ahora las modificaciones normativas realizadas en aquel periodo que flexibilizaron los controles, permitiendo este tipo de fraudes. Estas irregularidades podrían haber beneficiado a 102 instituciones prestadoras en todo el país, que recibieron los fondos provenientes de las pensiones cobradas por personas fallecidas.

Medidas de corrección

Hasta el momento, el gobierno procedió a la baja de los beneficiarios detectados, incluyendo tanto a los fallecidos como a los presos. Además, se está trabajando en la implementación de sistemas más estrictos para evitar que estos casos se repitan.

El escándalo no solo pone en jaque a la gestión anterior, sino que también resalta la necesidad de reforzar los controles en una de las cajas más importantes del Estado, detrás de ANSES, PAMI y otros organismos clave en la administración pública argentina.

Con información de www.elintransigente.com