Pullaro decidió "escrachar" a Milei

Tensión entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores provinciales por la falta de inversión en rutas

La relación entre el presidente Javier Milei y los gobernadores provinciales se tensa por la falta de inversiones en infraestructura vial. En respuesta, se han instalado grandes carteles rojos con letras blancas en rutas claves de Santa Fe, señalando que el mantenimiento de estas vías es responsabilidad del Estado nacional y alertando sobre su deterioro.

Los carteles, que no incluyen el escudo oficial, se encuentran en la Ruta Nacional 9, Ruta Nacional 33 y Ruta A012, que rodea Rosario. Los anuncios dicen: “¡Atención! Aquí empieza la Ruta Nacional X, mantenida por el Estado Nacional”.

Esta estrategia fue ordenada por el gobernador Maximiliano Pullaro para empoderar a los santafesinos a exigir por la mejora de sus rutas y recordarles que este es un problema del gobierno nacional. Pullaro manifestó su intención de colaborar con el oficialismo, pero enfatizó que si el gobierno mantiene el control de las rutas, debe invertir para evitar el deterioro de este activo.

La decisión se da en un contexto de creciente descontento entre los gobernadores por la baja en la recaudación, la falta de obras públicas y la distribución del impuesto a los combustibles. Recientemente, el Senado aprobó una reforma para redistribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los fondos del impuesto a los combustibles, permitiendo a las provincias utilizar esos recursos según sus necesidades.

El conflicto se agrava tras la disolución de Vialidad Nacional, decretada por el Decreto 461/2025, que también cerró la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Las rutas, que suman 9.120 kilómetros, estarán ahora bajo nuevos lineamientos del Ministerio de Economía.

Ante esta situación, el gobierno de Santa Fe recomienda a los conductores utilizar rutas provinciales, en mejor estado y con mantenimiento regular.

Aportes del Tesoro Nacional y su rol en el conflicto

Los Aportes del Tesoro Nacional representan el 1% de la masa coparticipable de impuestos federales. Su creación es automática, pero su distribución depende del gobierno. Alrededor del 42% de los impuestos permanece en manos del Estado nacional, el 56% se distribuye entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el 1% restante forma parte del fondo ATN.

La reciente reforma, impulsada por los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, busca que los ATN se distribuyan automáticamente según los porcentajes de coparticipación y que eliminen los fideicomisos del impuesto a los combustibles, aumentando la participación provincial del 10,4% al 58,36%.

Desde la implementación del ajuste fiscal en 2023, las transferencias a las provincias, incluidos los ATN, han disminuido considerablemente. En 2023, se giraron $173.000 millones; en 2024, la cifra cayó a $49.800 millones; y en lo que va de 2025, solo se enviaron $84.000 millones.

El oficialismo se opone a la propuesta, argumentando que afectaría el equilibrio fiscal. Aunque los ATN no pueden ser utilizados para otros fines, su no ejecución contribuye a reducir el gasto público, alineado con la política de austeridad del gobierno. Para los gobernadores, el impacto en el PBI sería mínimo, y la propuesta disminuiría el superávit fiscal proyectado del 1,60% al 1,49%, aún superior a la meta del 1,30% acordada con el FMI para 2025.