Una bancada que busca su lugar: el enfoque federal y laboral de Gisela Scaglia
- Scaglia impulsa una agenda federal desde el bloque Provincias Unidas.
- Defiende una reforma laboral con enfoque pyme sin pérdida de derechos.
- Señala la informalidad y la falta de crecimiento como causas centrales de la crisis laboral.
- Asegura que reclamará por la obra pública pese al ajuste nacional.
- Critica la falta de resolución de deudas provinciales y los litigios arrastrados.
- Reivindica la cohesión interna del PRO y reclama mayor formalidad institucional en la Cámara.
La irrupción de Gisela Scaglia al frente del bloque Provincias Unidas se da en un momento en que el Congreso enfrenta debates estructurales y tensiones interjurisdiccionales cada vez más visibles. La ex vicegobernadora santafesina, hoy convertida en una de las voces emergentes del espacio, planteó con claridad la hoja de ruta que pretende impulsar: una agenda federal, una reforma laboral con enfoque pyme y una discusión transparente sobre las deudas —externas e internas— que arrastra el país. Sus declaraciones, lejos de la estridencia habitual del clima político, buscan instalar un reposicionamiento moderado pero firme en un escenario donde los matices se escuchan cada vez menos.
En sus primeras definiciones públicas como jefa de bloque, Scaglia insistió en que Argentina necesita “un cambio grande” que permita discutir seriamente el futuro económico y productivo del país. El eje, según su mirada, debe estar puesto en el mercado de trabajo. La legisladora no esquivó la palabra que hoy ordena buena parte de la discusión pública: reforma laboral. Pero lo hizo intentando despejar la sospecha —instalada por distintos sectores— de que modificar el régimen de trabajo implica necesariamente recortar derechos. Para Scaglia, lo que está en crisis no es el derecho laboral sino la capacidad del país de generar empleo genuino en un contexto donde la informalidad crece, la productividad se estanca y los incentivos para la contratación son cada vez menores.
La dirigente santafesina sostuvo que “no ha crecido nada” en los últimos años, tanto en términos de empleo privado como de actividad económica, y que la estructura normativa vigente no contempla las realidades de las pequeñas y medianas empresas. Desde ese punto de vista, propone un enfoque diferencial: una legislación que tenga en cuenta la escala, la capacidad financiera y la dinámica propia de las pymes, sin replicar mecánicamente los estándares de las grandes compañías. El bloque Provincias Unidas, afirmó, defenderá esta lógica como un modo de impulsar la reactivación en territorios donde el tejido productivo depende casi exclusivamente de unidades de pequeño y mediano porte.
En paralelo, Scaglia dejó en claro que el debate presupuestario será un campo de disputa relevante. Mientras el Poder Ejecutivo avanza con un recorte de obra pública y reordena las transferencias a las provincias, la jefa de bloque advirtió que no tienen “expectativas” de que Nación retome un nivel significativo de inversión, pero sí mantendrán el reclamo. Subrayó que la deuda externa convive con una “deuda interna” que afecta a las provincias y que, en muchos casos, arrastra años de litigiosidad. Recordó que ya durante gobiernos anteriores debieron acudir a la Corte Suprema para reclamar fondos adeudados y que aún hoy persisten partidas inconclusas.
La legisladora también aprovechó para enviar un mensaje hacia el interior de su propio espacio político. Como presidenta del PRO en su provincia, reafirmó su compromiso con las convicciones fundacionales del partido, pero insistió en que debe ser un ámbito capaz de contener distintas miradas sin resignar identidad. Ese equilibrio —entre pertenencia partidaria y construcción transversal— parece ser el sello que busca imprimir en Provincias Unidas.
Por último, Scaglia cuestionó la falta de atención institucional que, a su juicio, se evidenció en el tratamiento del caso Cipolini, al que calificó como un hecho “vergonzoso”. El comentario se inscribe en un clima parlamentario marcado por sesiones agitadas, chicanas cruzadas y un deterioro general del trato político. En ese contexto, su intervención parece apuntar a recuperar ciertos estándares de formalidad que, para ella, son indispensables para sostener la legitimidad del Congreso.
En conjunto, las definiciones de Scaglia muestran a una dirigente que intenta posicionarse en un equilibrio delicado: acompañar reformas profundas, pero con un tono moderado; construir un bloque federal, pero sin romper puentes partidarios; exigir fondos, pero sin confrontación abierta con el Ejecutivo. Un rol que, en un Congreso fragmentado, puede convertirse en un factor relevante para el armado de mayorías.