El Gobierno ajusta su reforma laboral para destrabar apoyos, pero persisten tensiones con la CGT y el sector empresario

• El Gobierno eliminó la limitación a las cuotas solidarias, uno de los reclamos centrales de la CGT.
• Se mantiene la posibilidad de convenios por empresa, pero con representación exclusiva de sindicatos con personería gremial.
• La reforma conserva regulaciones controvertidas sobre asambleas, ultraactividad y servicios esenciales.
• La creación de los Fondos de Asistencia Laboral generó fuerte rechazo entre empresarios.
• Avanzan derogaciones de estatutos especiales, incluida ahora la del Estatuto del Periodista.
• Persisten tensiones que anticipan un debate legislativo conflictivo.

El oficialismo avanzó en una nueva versión de la reforma laboral que busca equilibrar tensiones con la CGT y aumentar las chances de aprobación en el Congreso. El texto, que circuló en las últimas horas, incorpora cambios significativos respecto de los borradores previos, en particular la eliminación de medidas que apuntaban directamente al poder de los sindicatos. Sin embargo, la iniciativa mantiene puntos conflictivos que anticipan un escenario de disputas tanto con el movimiento obrero como con sectores del empresariado.

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la limitación a las cuotas solidarias, un mecanismo central para el financiamiento sindical. La medida había sido impulsada por Federico Sturzenegger y representaba uno de los núcleos más resistidos por la CGT, que advertía que su aprobación implicaría un recorte letal en los recursos que reciben los gremios mediante descuentos pactados con las cámaras empresarias. El retroceso en este punto fue leído como un gesto político para destrabar negociaciones en una semana en la que se multiplican los contactos reservados entre referentes sindicales y figuras clave del Gobierno, entre ellos el asesor Santiago Caputo, el ministro del Interior Diego Santilli, y los dirigentes Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Otro eje central del debate es el alcance de los convenios colectivos. La versión previa de la reforma proponía que los acuerdos por empresa o por región tuvieran preeminencia sobre los convenios de actividad, lo que implicaba una transferencia de poder hacia las comisiones internas y una reducción del dominio gremial en las negociaciones. El nuevo texto mantiene la posibilidad de convenios de menor escala, pero aclara que la representación sindical seguirá en manos de los sindicatos de primer grado con personería gremial. De esta manera, se preserva el histórico “poder de lapicera” de las organizaciones, una concesión directa al reclamo de la CGT.

Pese a estas correcciones, la reforma conserva regulaciones que los gremios rechazan de plano. Entre ellas, la obligación de solicitar autorización previa al empleador para la realización de asambleas dentro de los establecimientos, una medida concebida para evitar que estas instancias funcionen como mecanismos de presión o acciones gremiales encubiertas. También continúa la limitación a la ultraactividad de los convenios, aunque se preserva la vigencia de las cláusulas normativas hasta la firma de nuevos acuerdos.

El núcleo más polémico para el sindicalismo se mantiene intacto: la incorporación de un capítulo que redefine el derecho de huelga en sectores considerados esenciales. El proyecto actual establece un piso del 75% de cobertura en servicios críticos —como salud, transporte y educación— y del 50% en actividades consideradas trascendentales. La CGT denuncia que estos porcentajes implican una virtual neutralización de la capacidad de protesta en rubros estratégicos de la economía.

El debate no se limita a las tensiones con los gremios. La nueva versión incorporó una sorpresa que despertó fuertes críticas del sector empresario: la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados por un aporte obligatorio del 3% de las remuneraciones para cubrir obligaciones vinculadas a indemnizaciones por despido. La medida, que no fue discutida en el Consejo de Mayo, generó desconcierto entre compañías y cámaras, que consideran el mecanismo un encarecimiento injustificado de los costos laborales. Un especialista que accedió al texto lo calificó como una propuesta “de corte stalinista”, reflejando el nivel de rechazo que generó.

La reforma también avanza en otros aspectos estructurales: mantiene la creación de salarios dinámicos como incentivo a la productividad, insiste en la derogación de la Ley de Teletrabajo y de varios estatutos especiales, e incorpora ahora la anulación del histórico Estatuto del Periodista. Sin embargo, dejó afuera la eliminación del régimen que regula el trabajo de los encargados de edificios, otro punto que había sumado resistencias.

El Gobierno busca con estos ajustes dar una señal de flexibilidad para sostener el diálogo con la CGT, sin resignar la orientación general de su propuesta. Pero la combinación de malestar sindical y alarma empresarial anticipa que el debate parlamentario será arduo, y que la reforma —aun con modificaciones— profundizará la tensión entre la administración de Javier Milei y los actores tradicionales del mundo laboral argentino.