El Consejo de Mayo fijó la hoja de ruta de las reformas que el Gobierno busca acelerar en el Congreso

• El Consejo de Mayo definió un paquete amplio de reformas económicas, laborales y fiscales.
• La propiedad privada y la disciplina fiscal aparecen como ejes del nuevo orden regulatorio.
• El plan prohíbe el déficit y condiciona las transferencias a las provincias.
• Se plantean incentivos tributarios y desregulación de actividades productivas.
• La reforma laboral incluye cambios profundos en convenios, sindicalismo y nuevos marcos de trabajo.
• El Gobierno apuesta a un debate acelerado en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

El Gobierno difundió el documento final elaborado por el Consejo de Mayo, el órgano asesor creado por la Presidencia para ordenar y respaldar el programa de reformas estructurales que Javier Milei pretende impulsar en el Congreso durante las sesiones extraordinarias que comienzan este miércoles 10 de diciembre. El texto reúne un conjunto de proyectos que apuntan a modificar áreas centrales del sistema económico, laboral, fiscal y regulatorio, con el objetivo declarado de “modernizar” el funcionamiento del Estado y generar condiciones para la inversión. La amplitud y profundidad de las propuestas anticipan un debate legislativo de alta intensidad.

Uno de los capítulos más relevantes es el referido a la inviolabilidad de la propiedad privada. Allí se plantea una reforma integral de la Ley de Expropiaciones, que propone indemnizaciones calculadas a valor de mercado, tasaciones independientes y límites más estrictos a la ocupación temporánea, que no podrá exceder los 60 días. En paralelo, se incorpora un procedimiento de desalojo expedito que incluye la entrega inmediata del inmueble en casos de usurpación, notificaciones electrónicas y sanciones a los desalojos injustificados. También se modifica el régimen de regularización dominial, permitiendo la transferencia de inmuebles a personas jurídicas. Otro punto de alto impacto es la reforma de la Ley de Tierras, que elimina restricciones a la compra por parte de privados extranjeros, aunque mantiene controles para entes estatales extranjeros. A ello se suma la derogación de limitaciones introducidas en la Ley de Manejo del Fuego, con el argumento de que esas normativas generaban trabas excesivas tras los incendios.

En materia fiscal, el Consejo de Mayo plantea una arquitectura de disciplina estricta. La Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria prohíbe cualquier déficit financiero y obliga a ajustes automáticos en caso de desvíos, además de incluir sanciones penales para los funcionarios incumplidores. El nuevo esquema también exige que todos los gastos estén incorporados al presupuesto y prohíbe los adelantos del Banco Central al Tesoro. Asimismo, se propone un acuerdo “a la Maastricht” con las provincias, con límites al endeudamiento y al déficit, y un sendero de reducción del gasto público que apunta a converger al 25% del PBI, congelando el gasto real y condicionando las transferencias nacionales al cumplimiento de metas subnacionales.

El paquete tributario incluye iniciativas de simplificación y reducción de impuestos. Entre ellas destacan el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce contribuciones patronales para nuevas contrataciones; el Programa de Promoción del Empleo Registrado, que condona sanciones a empleadores que regularicen relaciones laborales; y el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, que habilita amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. También se eliminan impuestos internos y cedulares, y se envía una reforma del régimen penal tributario que incorpora la extinción de la acción penal por pago, la presunción de inocencia y una simplificación de los plazos y procedimientos.

Otro eje central es la explotación de recursos naturales, con una propuesta de reforma a la Ley de Glaciares que redefine las áreas de protección para dar “certeza” a la minería. El documento también propone cambios en las zonas frías, en la Ley de Bosques y en la Ley de Acuicultura con el objetivo de reducir cargas burocráticas y dar mayor autonomía a las provincias. A ello se suman la derogación de la Ley de Gas Licuado de Petróleo y la eliminación de normas de compre y mano de obra local, que el Gobierno considera barreras para la competitividad.

La reforma laboral ocupa un capítulo especialmente extenso. Entre los cambios propuestos se incluyen la eliminación de la ultractividad de los convenios colectivos, la prioridad de los acuerdos por empresa o región sobre los nacionales, una reducción de la carga fiscal sobre el trabajo, la creación de Fondos de Asistencia Laboral y la modernización de la Ley de Contrato de Trabajo, con digitalización de registros y límites a la solidaridad. También se incorpora un marco específico para trabajadores de plataformas y agrarios, regulaciones de servicios esenciales, sanciones a prácticas sindicales “desleales” y la derogación de leyes consideradas obsoletas, como la de teletrabajo.

Como complemento, el Consejo de Mayo presenta un capítulo de apertura comercial e inserción internacional. Allí se plantea una reducción gradual de aranceles y barreras paraarancelarias, la eliminación de retenciones selectivas, la adhesión a tratados internacionales claves en materia de propiedad intelectual y un esquema de incentivos para las exportaciones, acompañado por mejoras en la infraestructura logística.

El paquete completo, que atraviesa todas las áreas de la política económica, marca el rumbo del nuevo orden regulatorio que Milei busca consolidar. Su llegada al Congreso promete un debate áspero entre oficialismo y oposición, con impactos directos en la estructura económica del país para los próximos años.