Del ajuste a las reformas: el Gobierno busca sostener el superávit con crecimiento y formalidad

• La etapa del ajuste fiscal duro está prácticamente agotada en el Gobierno
• Caputo apuesta a las reformas laboral y tributaria para sostener el superávit
• El crecimiento y la formalidad aparecen como ejes para aumentar la recaudación
• La productividad laboral se mantiene estancada en niveles de hace 50 años
• La recaudación caería este año y se espera una recuperación en 2026
• El Presupuesto prevé un aumento real del gasto en 2026, lo que suma presión fiscal

La motosierra, símbolo más potente del inicio de la gestión de Javier Milei, empieza a quedar en el pasado. En el corazón del equipo económico reconocen que la etapa del ajuste más duro está prácticamente agotada y que, de ahora en adelante, el desafío será sostener el superávit fiscal sin recurrir a nuevos recortes de gasto. El cambio de estrategia apunta a un terreno más complejo y de resultados menos inmediatos: el crecimiento económico, la formalización del empleo y una reforma estructural del sistema tributario y laboral.

En el Palacio de Hacienda asumen que el margen para seguir reduciendo erogaciones es mínimo. Tras dos años de una poda profunda del gasto público, la continuidad del equilibrio fiscal dependerá menos de la tijera y más de la capacidad de la economía para expandirse. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, comenzó a enfatizar ante inversores y analistas que las reformas estructurales son la llave para sostener el superávit y, al mismo tiempo, avanzar con una baja de impuestos.

“La reforma laboral es clave”, repitió el ministro en una reciente exposición ante el mercado. El razonamiento oficial parte de una premisa central: sin crecimiento y sin mayor formalidad, cualquier alivio tributario es inviable. Caputo sostuvo que la reducción de impuestos ya no puede apoyarse en más ajuste fiscal, porque “la mayor parte de ese esfuerzo ya se hizo”, sino en una economía que genere más actividad, empleo registrado y, por lo tanto, más recaudación.

Desde el Gobierno destacan una relación directa entre crecimiento y recursos fiscales. Según los cálculos oficiales, cada cuatro puntos de expansión del PBI implican, en promedio, un punto adicional de recaudación sobre el producto. Bajo ese supuesto, Caputo proyectó que si la Argentina lograra crecer a un ritmo del 6% anual durante ocho años consecutivos, el Estado podría devolver al sector privado alrededor de 500.000 millones de dólares en impuestos. El número funciona más como una señal política que como una promesa concreta, pero grafica la magnitud de la apuesta.

El diagnóstico es compartido, al menos en parte, por economistas que siguen de cerca la evolución de las cuentas públicas. Daniel Artana, economista jefe de FIEL, señaló que la administración libertaria logró reducir el déficit fiscal en unos cinco puntos del PBI principalmente a través del ajuste del gasto. Según sus estimaciones, el gasto público cayó cerca de un 30% en términos reales, desmintiendo la idea de que se trató solo de una licuación transitoria.

Para Artana, el superávit fiscal se convirtió en el ancla política y económica del Gobierno. Sin embargo, advirtió que el próximo desafío será consolidar el crecimiento. FIEL proyecta una expansión de algo más del 3% para el próximo año, mientras que el Ejecutivo se muestra más optimista y habla de un 5%. En cualquier caso, el consenso es que el crecimiento sostenido será indispensable para evitar tensiones fiscales en el mediano plazo.

Un dato que preocupa tanto al Gobierno como a los analistas es el estancamiento de la productividad laboral. Según cifras de FIEL, la relación entre actividad económica y empleo es similar a la de hace medio siglo. La cantidad de puestos de trabajo no crece al ritmo necesario y una parte significativa se mantiene en la informalidad. De allí la urgencia oficial por modificar el marco laboral y generar incentivos para la creación de empleo registrado.

El frente tributario tampoco ofrece alivio inmediato. La recaudación caería este año alrededor de un 1% real, afectada por la desaparición de ingresos extraordinarios que habían inflado los números en 2024, como el Impuesto PAÍS, la moratoria fiscal, el blanqueo y la restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. El Gobierno espera una recuperación en 2026, en parte por un efecto estadístico de comparación baja y en parte por la reactivación económica.

En ese contexto, el Presupuesto 2026 suma un elemento adicional de tensión. Un informe del IARAF anticipa que el gasto público volvería a crecer en términos reales el próximo año: 5% en el gasto corriente y 48% en el gasto de capital, lo que llevaría a un aumento total del gasto del 6%. El desafío será compatibilizar esa expansión con la promesa de equilibrio fiscal.

Con el ajuste agotado, la administración Milei se enfrenta a una etapa más exigente: demostrar que las reformas y el crecimiento pueden reemplazar a la motosierra como sostén del superávit.