La IGJ endurece su ofensiva contra la AFA y la Superliga por irregularidades contables y legales

• La IGJ denunció que la AFA opera desde hace ocho años con balances no aprobados
• Se cuestionan cifras millonarias sin respaldo ni detalle contable
• El organismo apunta contra un sistema que busca eludir la justicia ordinaria
• La Superliga también está bajo investigación por la distribución de derechos televisivos
• Se anunciaron sumarios contra auditores y la posible designación de veedores
• Desde la IGJ aseguran que las irregularidades se señalan hace años, pero antes no se actuó

La Inspección General de Justicia (IGJ) decidió avanzar con una ofensiva sin precedentes contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga, al denunciar que ambas entidades funcionan desde hace años al margen de la normativa vigente. El organismo de control puso el foco en la falta de aprobación de balances, la ausencia de explicaciones sobre movimientos millonarios y un entramado institucional que, según su titular, se comporta como si estuviera por encima de las leyes nacionales.

El presidente de la IGJ, Daniel Vítolo, dejó en claro que la intervención no tiene relación con el desarrollo deportivo ni con los resultados en la cancha, sino con el cumplimiento de las obligaciones legales propias de cualquier asociación civil. En ese marco, subrayó que la AFA lleva ocho años operando con balances que nunca fueron aprobados por la autoridad competente, una situación que calificó como excepcional y difícil de encontrar en cualquier otra institución del país.

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia está vinculado a la opacidad de los estados contables. Según explicó Vítolo, en los balances aparecen montos de decenas de millones de dólares consignados bajo rubros genéricos como “otros”, “varios” o “gastos administrativos”, sin ningún tipo de detalle que permita conocer su destino real. La falta de respuestas ante los requerimientos formales del organismo fue, de acuerdo con el funcionario, una constante a lo largo de los años.

La crítica se extiende a la lógica institucional que rodea al fútbol internacional. Para la IGJ, la estructura impulsada por la FIFA y replicada por las federaciones nacionales tiende a presentarse como un sistema autónomo, ajeno al control de los Estados. En ese esquema, explicó Vítolo, las asociaciones deportivas actúan como si fueran jurisdicciones independientes, con reglas propias que buscan impedir la intervención de la justicia ordinaria.

Un ejemplo de ese funcionamiento es la prohibición estatutaria de recurrir a tribunales locales, lo que obliga a resolver conflictos únicamente en ámbitos arbitrales internos o en organismos internacionales como el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Para la IGJ, este modelo consolidó durante años una suerte de blindaje institucional que favoreció la falta de controles efectivos.

El argumento recurrente de una eventual sanción deportiva internacional tampoco convenció al organismo. Desde la IGJ recordaron antecedentes recientes en países de la región donde hubo intervenciones judiciales o estatales sin que se produjeran castigos por parte de la FIFA. En ese sentido, se señaló que el temor a una suspensión fue utilizado históricamente como una herramienta disuasiva frente a cualquier intento de fiscalización.

Entre las irregularidades denunciadas aparece también la creación de una supuesta universidad impulsada por la AFA, que carecería de aprobación oficial, aval académico y reconocimiento de los organismos educativos correspondientes. Según la IGJ, incluso se designaron autoridades para una entidad que no estaba legalmente constituida, lo que profundiza las sospechas sobre el manejo institucional.

La Superliga, responsable de la comercialización de los derechos televisivos, quedó igualmente bajo la lupa. La IGJ reclama desde hace años explicaciones sobre la distribución de decenas de millones de dólares, sin que se haya informado de manera clara cuánto percibió cada club. Para el organismo, el esquema de opacidad replica el mismo patrón observado en la AFA.

Ante la persistencia de estas irregularidades, la IGJ advirtió que avanzará con medidas más severas. Entre ellas, la designación de veedores con amplias facultades para revisar documentación, analizar cuentas bancarias y, de ser necesario, ingresar con apoyo de la fuerza pública. También se confirmaron sumarios contra los auditores que certificaron balances con cifras millonarias sin respaldo documental suficiente.

Desde el organismo sostienen que las preguntas no son nuevas. Lo novedoso, remarcan, es la decisión política de exigir respuestas y de aplicar la ley sin excepciones, incluso en un ámbito históricamente reacio al control externo.