Rosatti y la tensión inevitable entre la política y la Justicia
- Rosatti afirmó que la tensión entre política y Justicia es estructural y no coyuntural.
- La política busca respuestas rápidas, mientras la Justicia actúa con tiempos más largos.
- El Poder Judicial fue diseñado como el más conservador para proteger derechos y garantías.
- El diálogo entre poderes es legítimo, pero no sobre expedientes concretos.
- La incomprensión entre jueces y dirigentes es parte del equilibrio democrático.
- La estabilidad institucional depende del respeto estricto a la Constitución.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, volvió a poner en el centro del debate una relación histórica y siempre conflictiva del sistema democrático argentino: el vínculo entre la política y el Poder Judicial. Lejos de atribuir ese desencuentro a coyunturas específicas o a gobiernos puntuales, el magistrado sostuvo que la incomprensión entre ambos poderes es estructural y responde, en última instancia, al propio diseño constitucional.
Durante una entrevista televisiva, Rosatti explicó que la fricción nace de lógicas profundamente distintas. La política, dijo, se mueve con urgencias, plazos cortos y demandas inmediatas, condicionada por los tiempos electorales y por la presión social. La Justicia, en cambio, opera con procedimientos formales, instancias de revisión y un ritmo deliberadamente más lento. Esa diferencia, lejos de ser un problema accidental, cumple una función institucional clave: evitar que la velocidad del poder político arrase con las garantías constitucionales.
Desde su doble experiencia —fue ministro de Justicia antes de llegar a la Corte—, Rosatti sintetizó la situación con una frase elocuente: “La incomprensión siempre está”. Según su mirada, el dirigente político suele exigir respuestas rápidas porque siente el peso del mandato popular, mientras que el juez debe detenerse a evaluar si una medida se ajusta a la Constitución, incluso cuando esa decisión resulte impopular o incomprensible para la coyuntura.
En ese marco, el titular del máximo tribunal recordó que el Poder Judicial fue concebido como el más conservador de los tres poderes del Estado. Conservador no en términos ideológicos, sino institucionales: un poder diseñado para resistir cambios bruscos, preservar reglas y garantizar derechos frente a las mayorías circunstanciales. Para Rosatti, esa característica no representa una falla del sistema, sino una de sus principales virtudes. Es, en definitiva, un freno deliberado a las decisiones apresuradas.
La tensión, entonces, no solo es inevitable, sino necesaria. Sin ese contrapunto, advirtió el juez, la democracia correría el riesgo de transformarse en un ejercicio de poder sin límites, donde la urgencia política se impone sobre el debido proceso. En ese sentido, la frustración que suele generar la Justicia en la dirigencia forma parte del precio institucional que se paga por vivir bajo un Estado de Derecho.
Rosatti también se refirió a los márgenes del diálogo entre poderes. Reconoció que el intercambio institucional es legítimo e incluso saludable cuando se trata de cuestiones generales, como criterios jurisprudenciales, organización del sistema judicial o problemas estructurales. Sin embargo, marcó con claridad una frontera infranqueable: los jueces no admiten conversaciones sobre expedientes concretos. Allí, cualquier intento de contacto deja de ser diálogo para convertirse en presión indebida.
Esa aclaración no es menor en un contexto donde, con frecuencia, distintos gobiernos cuestionan fallos judiciales o reclaman públicamente mayor celeridad en causas sensibles. Para Rosatti, detrás de esas demandas suele haber una confusión de roles. Algunos sectores del poder político —señaló— creen que los jueces pueden y deben adaptarse a las urgencias del momento. Pero esa expectativa choca con la lógica misma del sistema republicano.
El presidente de la Corte subrayó que la estabilidad democrática depende de que cada poder actúe dentro de los límites que fija la Constitución, aun cuando eso genere tensiones incómodas. La Justicia no está para acompañar agendas políticas ni para resolver conflictos al ritmo de la coyuntura, sino para garantizar que las reglas se respeten, incluso cuando el clima social empuja en sentido contrario.
En tiempos de polarización y de reformas ambiciosas, las palabras de Rosatti funcionan como una advertencia institucional. La democracia no se fortalece eliminando las tensiones entre poderes, sino aceptándolas como parte del equilibrio que impide abusos. En ese esquema, la lentitud judicial, tantas veces criticada, aparece como una herramienta de protección y no como un obstáculo, recordando que la Constitución no está pensada para las urgencias del día a día, sino para perdurar más allá de ellas.