Misiones ajusta primero a la política: aguinaldos diferidos y revisión del gasto en un escenario de estrechez fiscal

• El gobierno de Misiones postergó el aguinaldo de funcionarios políticos hasta enero de 2026
• La medida fue dispuesta por decreto y contó con la adhesión de la Legislatura y la Justicia
• El ajuste no alcanza a empleados públicos ni a jubilados, que cobrarán en tiempo y forma
• Se prepara una reconfiguración del Gabinete con recorte de cargos y fusión de áreas
• El Ejecutivo evalúa suspender los programas “Ahora” por su alto costo fiscal
• El objetivo es estabilizar las cuentas provinciales en un contexto de menor recaudación

El gobierno de Misiones decidió enviar una señal política y fiscal en medio de un escenario financiero más restrictivo: postergó el pago del aguinaldo a los funcionarios políticos y abrió la puerta a un recorte más amplio del gasto estatal a partir de marzo. La medida, dispuesta por decreto por el gobernador Hugo Passalacqua, alcanza a los principales cargos del Ejecutivo provincial y fue acompañada rápidamente por la Legislatura y el Poder Judicial, en una demostración de alineamiento institucional poco frecuente en contextos de ajuste.

La decisión difiere el pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario (SAC) del funcionariado político hasta el 20 de enero de 2026. El fundamento oficial remite a “la actual situación financiera del Gobierno provincial” y a la necesidad de adoptar medidas “acordes” para cumplir con los objetivos de gestión. Al mismo tiempo, el Ejecutivo confirmó que el aguinaldo de jubilados, pensionados, retirados y empleados públicos activos se acreditará en tiempo y forma el sábado 20 de diciembre, estableciendo una clara diferenciación entre el gasto salarial general y el gasto político.

El decreto 2482, firmado el jueves 11 de noviembre, establece el alcance de la postergación y deja abierta la posibilidad de que otros poderes del Estado adhieran. Esa invitación no tardó en materializarse. La Legislatura unicameral, controlada por el oficialismo, anunció su adhesión pocas horas después, al igual que el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General. El gesto refuerza la lectura de que la provincia busca ordenar sus cuentas sin trasladar de inmediato el ajuste a los trabajadores estatales de base.

La medida se inscribe, además, en una etapa de reconfiguración política más amplia. El Frente Renovador de la Concordia, fuerza dominante en Misiones, anunció el inicio de una nueva fase denominada “Neo”, que combina recambio generacional, cambios en el Gabinete y una estrategia de menor confrontación con la oposición. En ese marco, se reconoció el peso electoral de La Libertad Avanza con la designación del libertario Adrián Núñez como vicepresidente segundo de la Legislatura, lo que lo ubica cuarto en la línea de sucesión provincial.

Uno de los movimientos más relevantes fue el reemplazo de Héctor “Kiko” Llera por Carlos “Caco” Sartori como ministro coordinador, un cargo equiparable a una jefatura de Gabinete. La llegada de Sartori, exintendente y referente de una liga de más de 60 jefes comunales, responde a la intención de acortar la distancia entre los problemas territoriales y las decisiones de gobierno. Según fuentes oficiales, su designación es el primer paso de un proceso que incluirá, a partir de marzo, recortes de cargos políticos y fusiones de áreas para reducir el peso de la estructura estatal.

El alcance del diferimiento del aguinaldo es amplio. Incluye al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo, así como a las máximas autoridades de la Policía y del Servicio Penitenciario. También alcanza a asesores, directivos de entes descentralizados y autárquicos, autoridades del Tribunal de Cuentas, de la Contaduría y Tesorería General, y a los integrantes del Consejo General de Educación. El mensaje es explícito: el ajuste comienza por la cúspide del Estado.

En paralelo, el gobierno provincial evalúa una decisión aún más sensible: la discontinuidad o suspensión de los programas “Ahora”, un esquema de incentivos al consumo que funciona desde 2016 y que ofrece reintegros y financiación sin interés para compras realizadas con tarjetas de crédito. Diseñados para aliviar el bolsillo de los consumidores y proteger al comercio local frente a la competencia de Paraguay y Brasil, estos programas implican una fuerte erogación fiscal.

Según datos oficiales, las compras canalizadas por los “Ahora” alcanzan los $100 mil millones anuales, y el presupuesto 2025 prevé partidas por más de $7.300 millones para sostenerlos. En un contexto de caída de la recaudación y menor flujo de recursos federales, su continuidad se volvió un factor de presión sobre el Tesoro provincial.

Misiones, así, ensaya un ajuste gradual que combina gestos políticos, ordenamiento interno y revisión de políticas de estímulo económico. El desafío será equilibrar la necesidad de estabilidad fiscal con el impacto social y económico de las decisiones, en una provincia donde el consumo y el empleo dependen en buena medida de la acción del Estado.