El respaldo industrial a la reforma laboral y un diagnóstico severo sobre el empleo formal

• La UIA respaldó formalmente la reforma laboral y presentó un documento con 20 fundamentos ante el Senado.
• La entidad diagnosticó un estancamiento del empleo formal y altos niveles persistentes de informalidad.
• La litigiosidad laboral fue señalada como el principal freno a la contratación, especialmente en PyMEs.
• El proyecto propone reformar el sistema de riesgos del trabajo y reducir la discrecionalidad judicial.
• Se impulsa mayor flexibilidad productiva mediante actualización de convenios y acuerdos a nivel de empresa.
• Para la UIA, sin un marco laboral moderno y previsible, no habrá recuperación del empleo formal.

La Unión Industrial Argentina (UIA) formalizó ante el Senado un respaldo explícito al Proyecto de Ley de Modernización Laboral y lo hizo con un documento de fuerte contenido político y técnico: veinte puntos en los que fundamenta su acompañamiento y expone un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del mercado de trabajo en la Argentina. Durante su exposición ante las comisiones de Presupuesto y de Legislación Laboral, la entidad sostuvo que el régimen vigente fracasó en su objetivo central de generar empleo formal y reducir la informalidad, y que la reforma apunta a corregir distorsiones estructurales acumuladas durante décadas.

Según la UIA, el empleo privado registrado se encuentra prácticamente estancado desde hace 15 años, mientras que la informalidad se mantiene en torno al 40% y, en algunos segmentos, alcanza niveles aún más elevados. Para los industriales, estos datos no son una anomalía coyuntural, sino la consecuencia directa de un marco laboral que desalienta la contratación y convierte al conflicto judicial en un elemento estructural del sistema.

Uno de los ejes centrales del documento es la litigiosidad laboral, identificada como el principal freno a la creación de empleo formal. La UIA sostiene que el riesgo judicial asociado a cada nueva contratación opera como un factor disuasivo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. El contraste entre la evolución de la siniestralidad y la cantidad de juicios es uno de los argumentos más reiterados: mientras los accidentes laborales se redujeron más de un 70% en los últimos 15 años, los juicios vinculados al sistema de riesgos del trabajo se multiplicaron hasta conformar un stock cercano a las 640.000 causas.

La comparación regional ocupa un lugar destacado en la presentación. Argentina registra 114 juicios cada 10.000 trabajadores, frente a apenas 6 en Chile, con niveles de siniestralidad similares. Para la UIA, esta brecha no se explica por mayores riesgos laborales, sino por un esquema de incentivos que promueve la judicialización. Ese fenómeno, advierten, tiene un costo económico concreto: el sobrecosto del sistema de ART representa para la industria unos 200 millones de dólares anuales, con un impacto especialmente sensible en las PyMEs.

El proyecto de modernización laboral, según la entidad, apunta a ordenar este escenario. Entre los cambios propuestos se incluyen la reforma del sistema de riesgos del trabajo, la reducción de la discrecionalidad judicial, la eliminación del impulso de oficio y la construcción de un marco de mayor previsibilidad jurídica. La UIA remarca que reglas claras y estables no solo protegen a los empleadores, sino también a los trabajadores, al favorecer la formalización y reducir los conflictos estructurales.

Otro capítulo relevante es la organización interna del trabajo. El texto reconoce la necesidad de que las empresas puedan adaptar sus esquemas productivos a los cambios tecnológicos y organizacionales, mediante la actualización de modalidades contractuales, la habilitación de regímenes especiales de jornada y la revisión de la ultraactividad de convenios colectivos que, en muchos casos, tienen más de 30 años de vigencia. También se impulsa una negociación colectiva más flexible, con acuerdos a nivel de empresa, siempre dentro de reglas generales.

La cuestión sindical aparece en el documento a través del ordenamiento de la tutela gremial, con el objetivo de evitar abusos que, según la UIA, afectan la organización productiva sin debilitar la representación legítima de los trabajadores. En paralelo, la entidad destaca la reducción del costo no salarial del empleo formal como un factor clave para mejorar la competitividad del sector industrial, en particular del segmento transable.

La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es presentada como una herramienta central para administrar contingencias, reducir riesgos de contratación y otorgar previsibilidad, sobre todo a las PyMEs. A esto se suman incentivos a la inversión, como la reducción del impuesto a las ganancias de sociedades, el Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI) y ajustes en materia de quebrantos, enmarcados en una estrategia más amplia de seguridad jurídica.

Durante su exposición, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, sintetizó el posicionamiento empresario con un mensaje contundente: el sistema laboral argentino “fracasó”. A su entender, la informalidad no es una elección, sino el resultado de un esquema que vuelve riesgosa e imprevisible la contratación. En ese marco, sostuvo que sin una modernización del marco laboral, el crecimiento económico por sí solo no alcanzará para recuperar el empleo formal.