Santilli adelanta una nueva pulseada en el Senado y expone las tensiones del oficialismo con sus aliados
- El Gobierno buscará reponer en el Senado el capítulo del Presupuesto rechazado en Diputados
- Santilli advirtió sobre un posible desequilibrio fiscal si no se corrige ese articulado
- Los gobernadores aparecen como actores centrales para destrabar la negociación
- Crece la tensión con el PRO tras la designación de auditores en la AGN
- El oficialismo intenta sostener alianzas mientras avanza con su agenda de reformas
- La reforma laboral vuelve al centro del debate como herramienta contra la informalidad
Con el Presupuesto 2026 ya aprobado en general por la Cámara de Diputados, el Gobierno se prepara para una nueva batalla política en el Senado. El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que el oficialismo buscará reponer el capítulo 11 de la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei, un apartado clave que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, y que fue rechazado por la oposición durante el debate en la Cámara baja.
Según Santilli, la eliminación de ese capítulo introduce un riesgo fiscal que el Ejecutivo considera inaceptable. “Ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado”, sostuvo, al explicar que el Gobierno pretende reabrir la discusión para ajustar lo que define como un exceso de asignaciones por fuera de la norma presupuestaria. En la lógica oficial, el equilibrio fiscal sigue siendo un principio innegociable y el Presupuesto debe funcionar como una herramienta para el crecimiento económico y la generación de empleo.
El ministro puso el foco en el rol de los gobernadores, a quienes señaló como actores centrales para destrabar la discusión en la Cámara alta. A su entender, varios mandatarios provinciales ya asumieron el “cambio cultural” que pregona Milei, reflejado en una reducción del gasto del 2,5% y en procesos de ordenamiento fiscal. Sin embargo, advirtió que no todos lograron trasladar esa visión a sus bloques legislativos. “Hubo gobernadores que no pudieron convencer a muchos o a algunos de sus diputados”, afirmó, en una lectura que combina respaldo y reproche.
Más allá de las diferencias puntuales, Santilli destacó el aval general que obtuvo el Presupuesto 2026, al que calificó como un hito luego de tres años sin una ley de gastos aprobada. Para el Gobierno, ese respaldo mayoritario constituye una base política desde la cual negociar correcciones en el Senado sin poner en riesgo la arquitectura central del proyecto.
En paralelo, el ministro debió salir a amortiguar las tensiones con el PRO, que expresó un fuerte malestar tras la designación de los auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN). La votación, realizada al cierre de una extensa sesión en Diputados, se concretó sin la presencia de los bloques del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, y fue leída como una maniobra acordada entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y algunos gobernadores.
Desde el macrismo calificaron la decisión como una ruptura de confianza y denunciaron un acuerdo político con el kirchnerismo. Santilli, en cambio, buscó bajar el tono del conflicto. Admitió que “la calentura del momento es válida”, pero confió en que ambas fuerzas encontrarán un camino para seguir trabajando juntas. Reivindicó el rol del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, y el acompañamiento del partido amarillo a las reformas impulsadas por el Ejecutivo, aunque evitó profundizar en las críticas internas.
El trasfondo del conflicto incluye la frustrada intención del PRO de ubicar en la AGN al exministro de Trabajo Jorge Triaca. El Gobierno, sin embargo, optó por negociar esos lugares con Unión por la Patria y con gobernadores del norte del país, en una señal de pragmatismo parlamentario que dejó heridos a aliados históricos.
De cara a lo que viene, Santilli volvió a colocar a la reforma laboral en el centro de la agenda. Subrayó la importancia de sostener el diálogo con la CGT y destacó que el proyecto ya cuenta con dictamen, algo que consideró un avance inédito. Para el ministro, el Senado aparece como una instancia clave para consolidar mayorías y fijar un rumbo claro.
En ese marco, planteó el debate estructural sobre el empleo en la Argentina. Con apenas seis millones de trabajadores en el sector privado formal y tres millones en el sector público, el desafío pasa por integrar a los catorce millones restantes al sistema. Desde la óptica oficial, la reforma laboral apunta a reducir la informalidad y ampliar la protección de derechos, en un contexto donde el equilibrio fiscal y el crecimiento económico siguen siendo las banderas principales del Gobierno.