Reforma laboral con dictamen, pero sin apuro: el Senado posterga el debate y reordena tensiones
- El oficialismo consiguió dictamen de mayoría para la reforma laboral, pero el debate en el recinto se postergó hasta febrero.
- La ley de glaciares también quedó en suspenso, pese a contar con despacho, con horizonte en 2026.
- El Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal avanzarían hacia su sanción antes del cierre del período extraordinario.
- Las tensiones se agravaron tras la aprobación del Presupuesto en Diputados y el reparto de bancas en la AGN.
- La Libertad Avanza logró el dictamen con apoyos dialoguistas, aunque no un respaldo unánime.
- El Senado busca recomponer equilibrios y evitar votaciones exprés que pongan en riesgo la convivencia parlamentaria.
El oficialismo libertario logró este jueves un dictamen de mayoría para avanzar con la reforma laboral impulsada por el Gobierno, aunque el tratamiento en el recinto del Senado quedó diferido hasta febrero próximo. La decisión, confirmada en pleno plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, funcionó como una válvula de descompresión tras jornadas de fuerte tensión política en la Cámara alta, atravesadas por desconfianzas, negociaciones contrarreloj y heridas abiertas por lo ocurrido horas antes en Diputados.
El corrimiento del debate laboral no fue un hecho aislado. En el mismo movimiento, también se resolvió que la discusión sobre la ley de glaciares quede en suspenso, pese a contar con despacho, con la mira puesta directamente en 2026. De este modo, el oficialismo priorizó cerrar el período extraordinario con dos iniciativas clave: el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal, que avanzarían hacia su sanción definitiva el viernes 26 de diciembre, antes del cierre formal de las sesiones convocadas por el Ejecutivo hasta el día 30.
La reconfiguración del cronograma legislativo fue la consecuencia directa del sacudón político que provocaron dos episodios concatenados. Por un lado, la accidentada aprobación del Presupuesto 2026 en Diputados, que dejó afuera un capítulo sensible para el Gobierno. Por otro, el reparto de las tres bancas de la Auditoría General de la Nación (AGN), sellado mediante un entendimiento entre el oficialismo, el kirchnerismo y el gobernador salteño Gustavo Sáenz, un acuerdo que generó desconcierto y malestar en sectores dialoguistas del Senado.
Ese combo tensó al máximo la relación entre La Libertad Avanza y los bloques que, sin formar parte del oficialismo, vienen acompañando algunas iniciativas del Ejecutivo. Al mediodía del jueves, las conversaciones estaban virtualmente rotas. La situación obligó a una intervención política de alto nivel, que derivó en una cumbre en el bloque radical y en una redefinición de la estrategia: dictamen sí, recinto no, al menos por ahora.
Las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda están integradas por 17 senadores cada una. Cinco responden al oficialismo, cinco al kirchnerismo y siete al espacio dialoguista. Para alcanzar el dictamen, el Gobierno necesitaba reunir al menos nueve firmas en cada comisión, lo que implicaba sumar cuatro voluntades dialoguistas a su propio bloque. Tras negociaciones intensas, ese objetivo se alcanzó, aunque con apoyos heterogéneos y algunas disidencias.
Entre quienes acompañaron el despacho se contaron senadores radicales de distintas provincias, representantes del PRO, una referente del peronismo tucumano alineado con el oficialismo provincial y un peronista disidente del Litoral. En contraste, dos figuras de peso del radicalismo y del justicialismo no kirchnerista optaron por no firmar, marcando los límites del respaldo político al Gobierno.
El kirchnerismo, que no envió nombres a las comisiones y cuestiona el reparto de espacios internos, observó el desenlace con alivio relativo. Desde ese sector reiteraron el reclamo para ser recompensados en la integración de las comisiones, un escenario que remite a tensiones ya vistas a fines de 2023, aunque ahora con un mapa de poder más fragmentado y con menor margen para imposiciones unilaterales.
El telón de fondo de esta secuencia es una advertencia política clara: los bloques dialoguistas están dispuestos a acompañar al Gobierno libertario, pero no a convalidar una dinámica de votaciones exprés ni acuerdos cerrados sin consulta previa. La postergación del debate laboral aparece así como un gesto de distensión, que busca preservar la gobernabilidad parlamentaria y evitar un quiebre que hubiese complicado el cierre del año legislativo.
Con el dictamen ya firmado, la reforma laboral seguirá su curso en febrero, en un clima que promete nuevas discusiones y ajustes. Mientras tanto, el oficialismo apuesta a terminar 2025 con el Presupuesto aprobado y con señales de orden fiscal, aun al costo de ralentizar una de las reformas estructurales más ambiciosas de su agenda.