Presupuesto 2026: el oficialismo defiende el recorte del capítulo 11 y profundiza el choque con la oposición
- El oficialismo defendió la exclusión del capítulo 11 del Presupuesto 2026 para preservar el equilibrio fiscal.
- Bertie Benegas Lynch acusó a la oposición de impulsar gastos sin financiamiento claro.
- El capítulo rechazado incluía cambios en leyes universitarias con un costo estimado de 2 billones de pesos.
- La ampliación de beneficios en discapacidad fue otro de los ejes del conflicto.
- El Gobierno reconoce la importancia del Presupuesto, aunque surgen dudas sobre su utilidad política.
- También hubo cruces por la designación de auditores en la AGN durante la sesión de Diputados.
En medio del intenso debate parlamentario por el Presupuesto 2026, el diputado de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch salió a respaldar con firmeza la decisión del oficialismo de excluir el capítulo 11 del proyecto, una definición que reavivó la confrontación con el kirchnerismo y otros bloques opositores. Desde el Gobierno sostienen que la eliminación de ese apartado es clave para preservar el equilibrio fiscal, mientras que la oposición denuncia un ajuste encubierto sobre áreas sensibles como educación y discapacidad.
El Presupuesto fue aprobado en general en la Cámara de Diputados, pero durante la votación en particular se rechazó el capítulo 11, que incluía el artículo 75. Según explicó Benegas Lynch, el oficialismo se vio obligado a frenar iniciativas que, a su entender, implicaban un fuerte impacto sobre las cuentas públicas sin una fuente de financiamiento clara. En ese marco, acusó a la oposición de intentar instalar la idea de que el Gobierno es “insensible” frente a sectores vulnerables, cuando —aseguró— la discusión de fondo pasa por la sostenibilidad fiscal.
El legislador libertario apuntó directamente contra el kirchnerismo y sus aliados, a quienes responsabilizó por promover proyectos de alto costo presupuestario sin detallar cómo serían financiados. En declaraciones radiales, recordó que la legislación vigente establece que toda norma que genere gasto debe contar con una contrapartida concreta. Incluso citó la Constitución Nacional para reforzar su argumento y advirtió que el artículo 75, en su inciso 19, pone límites a la emisión monetaria que pueda comprometer el valor de la moneda.
Uno de los ejes centrales de la polémica gira en torno al contenido del capítulo 11. Según detalló Benegas Lynch, allí se incluía la derogación de las leyes 27.793 y 27.795, vinculadas al financiamiento universitario. De prosperar ese esquema, afirmó, el costo fiscal para 2026 ascendería a unos 2 billones de pesos. Desde el oficialismo consideran que ese nivel de gasto resulta incompatible con el objetivo de déficit cero que guía la política económica del Gobierno.
La cuestión de la discapacidad también quedó en el centro de la discusión. El diputado explicó que, en su visión, las propuestas impulsadas por la oposición buscaban ampliar el universo de beneficiarios más allá de los criterios actuales para el otorgamiento de pensiones. “Eso te detona cualquier cosa”, resumió, al advertir que una expansión de ese tipo, sin recursos adicionales, pondría en jaque el equilibrio presupuestario.
El debate por el Presupuesto se da, además, en un contexto de incertidumbre dentro del propio oficialismo. Aunque el Gobierno insiste en que la aprobación del proyecto es fundamental para ordenar la gestión del próximo año, en algunos despachos ya se desliza la duda sobre su verdadera utilidad política y económica, dadas las modificaciones sufridas durante el tratamiento legislativo.
En paralelo, Benegas Lynch respondió a las críticas opositoras por la designación y jura de tres auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), realizadas durante una sesión de Diputados. Frente a los cuestionamientos por la oportunidad y el procedimiento, el legislador defendió la validez de la decisión y aseguró que se actuó dentro de una sesión en curso, amparados en las interpretaciones reglamentarias de la Cámara.
Según explicó, la regularización de la AGN era una “deuda pendiente” del Congreso y su integración debía reflejar el actual mapa legislativo y el peso específico de los bloques. Para el oficialismo, la polémica por las designaciones forma parte del mismo clima de tensión que atraviesa el debate presupuestario, donde cada movimiento es leído en clave política.
Así, el tratamiento del Presupuesto 2026 expone con nitidez la grieta entre el Gobierno y la oposición: de un lado, la defensa a ultranza del equilibrio fiscal como principio rector; del otro, el reclamo por mayor financiamiento para áreas consideradas estratégicas. Un choque que promete seguir marcando la agenda parlamentaria en las próximas semanas.