El Senado acelera el cierre del año con Presupuesto e Inocencia Fiscal en agenda

• Convocatoria a sesión especial del Senado para el 26 de diciembre con Presupuesto e Inocencia Fiscal en debate
• Dictamen favorable al Presupuesto 2026 sin cambios respecto de la media sanción de Diputados
• Modificaciones para sostener el equilibrio fiscal sin derogar leyes sensibles
• Cambios en pensiones, actualización salarial y refuerzo del financiamiento universitario
• Avance rápido del proyecto de Inocencia Fiscal en comisión
• Sesión clave para cerrar el año legislativo y definir el rumbo económico

Los senadores tendrán una agenda intensa en el tramo final del año legislativo. Apenas pasadas las celebraciones navideñas, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, convocó a una sesión pública especial para el viernes 26 de diciembre al mediodía, con el objetivo de tratar dos iniciativas centrales para el Gobierno: la ley de Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal. La decisión busca evitar dilaciones y avanzar con normas consideradas estratégicas por el oficialismo antes del receso parlamentario.

Durante la mañana previa a la convocatoria, el oficialismo logró el dictamen necesario para llevar el Presupuesto al recinto. En apenas dos horas de debate en comisión, obtuvo 11 firmas sobre un total de 19, sin introducir cambios respecto de la media sanción proveniente de la Cámara de Diputados. Aquella aprobación en la Cámara baja había dejado un sabor ambiguo para el Poder Ejecutivo, ya que se eliminó el capítulo que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, dos puntos sensibles que generaron fuerte resistencia política y social.

De cara a la sesión del viernes, en el Senado se descuenta que el Presupuesto 2026 será aprobado, aunque con modificaciones que obligarían a un nuevo tratamiento en Diputados. Finalmente, el Gobierno optó por no insistir con la derogación de las leyes rechazadas y decidió respetar lo votado por los diputados. Para sostener el equilibrio fiscal, el oficialismo diseñó una serie de alternativas que, según argumentan, implican un esfuerzo significativo para las cuentas públicas sin alterar los compromisos asumidos.

Entre las principales modificaciones, se prevé establecer que la pensión no contributiva tenga un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones atadas al marco normativo previsional vigente. También se busca mantener la compensación de emergencia retroactiva, cuya actualización se calculará en función de los aranceles aprobados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, junto con la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Otro de los cambios apuntará a acelerar y profundizar las auditorías sobre pensiones, con el objetivo de dar de baja aquellas que presenten irregularidades. En la misma línea, se propondrá eliminar la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y conservar únicamente la correspondiente a invalidez laboral. En materia educativa, si bien no se avanzará con la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, se propondrá un aumento del 20% en el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, tomando como base los créditos asignados en 2025.

La actualización salarial también será objeto de debate. Aunque la ley establece un ajuste automático por inflación, el oficialismo sugiere aplicar una modalidad escalonada: un incremento inicial del 5% a partir de diciembre de 2025, seguido por cuatro aumentos del 2% entre enero y abril de 2026. La propuesta busca dosificar el impacto fiscal y evitar un salto abrupto del gasto.

En paralelo, el Senado avanzó con rapidez en el tratamiento de la ley de Inocencia Fiscal. El dictamen se obtuvo en una reunión breve de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, conformada sin la presencia del bloque justicialista, que viene cuestionando la integración de las comisiones. Con el respaldo del oficialismo y sus aliados, se designó por unanimidad a Juan Carlos Pagotto como presidente del cuerpo.

El proyecto, que introduce cambios profundos en el régimen penal tributario y en los procedimientos de fiscalización, recibió un amplio aval en general. Solo el radicalismo planteó reparos sobre el esquema de multas, objeción ante la cual el oficialismo se comprometió a analizar una ley complementaria para corregir ese punto. La iniciativa apunta, además, a modificar la forma en que las personas humanas declaran el Impuesto a las Ganancias y facilitar la regularización de activos no declarados.

Con ambos proyectos en el temario, el Senado se encamina a una sesión clave que definirá el cierre legislativo del año y marcará el rumbo fiscal y tributario del próximo período.