“La represión es una herramienta de la derecha”: Grabois cuestionó el accionar policial en Quilmes

• Grabois cuestionó la represión policial tras la protesta de cuidacoches frente al Concejo Deliberante.
• Apuntó contra la intendenta Mayra Mendoza por la decisión política de desalojar la manifestación.
• El operativo dejó una persona detenida y dos heridos con balas de goma.
• El conflicto se originó por una ordenanza vinculada a la privatización del estacionamiento y las fotomultas.
• Grabois propuso alternativas mixtas para regularizar a los trabajadores informales.
• El dirigente pidió liberar al detenido y retomar el diálogo para una salida consensuada.

El dirigente social Juan Grabois criticó con dureza la represión policial ocurrida en Quilmes tras una movilización de cuidacoches frente al Concejo Deliberante y apuntó de manera directa contra la intendenta Mayra Mendoza por la decisión de desalojar la protesta. En un contexto de deterioro económico y creciente conflictividad social, Grabois sostuvo que la intervención de la Policía Bonaerense implicó la criminalización de un reclamo laboral y expuso una falta de voluntad política para sostener instancias de diálogo.

Los incidentes se produjeron luego de una manifestación organizada por trabajadores informales del estacionamiento, quienes rechazaban una ordenanza vinculada a la privatización del sistema de estacionamiento medido y el esquema de fotomultas. El operativo policial dejó como saldo una persona detenida y al menos dos heridos por balas de goma, lo que desató una fuerte controversia política y social en el distrito.

En declaraciones radiales, Grabois calificó la represión como una “herramienta de la derecha” y advirtió que su utilización contra sectores populares y trabajadores resulta incompatible con una gestión que se reivindica cercana a las demandas sociales. Si bien reconoció que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el orden público, subrayó que la fuerza debe ser el último recurso y que, antes de cualquier intervención policial, deben agotarse todas las instancias de negociación, más aún en la antesala de las fiestas de fin de año.

El dirigente también rechazó las acusaciones del municipio que lo señalan como instigador de los disturbios. Según explicó, su presencia tuvo como objetivo reabrir canales de diálogo entre las autoridades locales y los cuidacoches afectados por la medida en discusión. En ese sentido, sostuvo que la escalada del conflicto fue consecuencia directa del cierre de esas vías de negociación y de una decisión política que priorizó el desalojo por sobre la búsqueda de consensos.

En cuanto al trasfondo del conflicto, Grabois cuestionó el proyecto impulsado por el Ejecutivo local al advertir que deja fuera del sistema a una parte significativa de los trabajadores informales que hoy dependen del estacionamiento para subsistir. A su entender, la privatización del servicio beneficia a empresas privadas y profundiza la exclusión social en un contexto económico ya marcado por la precarización laboral y la pérdida de ingresos.

El dirigente social planteó, además, que existen alternativas viables al esquema de concesión privada. Señaló experiencias en otros municipios donde se implementaron modelos mixtos entre el Estado y organizaciones sociales, que permitieron regularizar la actividad e incorporar a los trabajadores sin eliminar puestos de trabajo. Desde esa perspectiva, sostuvo que la discusión no debería limitarse a una licitación, sino ampliarse a soluciones que contemplen el impacto social de las decisiones públicas.

En el cierre de sus declaraciones, Grabois reclamó la liberación de la persona detenida durante la protesta y llamó a desescalar el conflicto. Insistió en que, cuando están en juego la dignidad y el sustento de los sectores más postergados, el Estado debe asumir una posición activa en defensa de sus derechos. También pidió evitar que el episodio derive en internas políticas y convocó a priorizar una salida consensuada que permita recomponer el diálogo y atender el reclamo de los trabajadores.

El episodio en Quilmes vuelve a poner en el centro del debate la tensión entre el orden público y el derecho a la protesta, así como el impacto social de las políticas de privatización en los territorios. En un escenario de creciente fragilidad económica, el desenlace del conflicto será una señal sobre cómo las gestiones locales eligen abordar demandas que combinan informalidad laboral, exclusión y protesta social.