Imputación a Tapia: la AFA, bajo investigación por presuntas irregularidades previsionales

• La Justicia imputó a Claudio “Chiqui” Tapia por presuntas irregularidades previsionales
• ARCA denunció una deuda superior a los $19.000 millones en tributos retenidos
• La acusación se apoya en el Régimen Penal Tributario
• El fiscal pidió extender la investigación a la comisión directiva de la AFA
• La imputación se da en un contexto de mayor escrutinio judicial sobre la entidad
• Contratos de sponsoreo bajo investigación profundizan la tensión institucional

La Justicia penal económica imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación que analiza la presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad. La medida fue impulsada por el fiscal Claudio Roberto Navas Rial, quien presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante y abrió una causa de alto impacto institucional para el fútbol argentino.

Según la denuncia formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la AFA acumularía una deuda superior a los 19.000 millones de pesos correspondiente a los últimos dos años. El planteo sostiene que la asociación habría retenido tributos y aportes a la seguridad social —tanto de empleados propios como de clubes afiliados— sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales previstos por el Régimen Penal Tributario. La imputación alcanza a Tapia en función de su rol como máxima autoridad de la entidad y por su responsabilidad en la administración de la clave fiscal.

En su dictamen, el fiscal consideró que, dada la magnitud económica de la AFA y los montos investigados, la pesquisa no debería circunscribirse únicamente al presidente. Por el contrario, planteó la necesidad de extender el análisis a otros integrantes de la comisión directiva, al entender que habrían tenido intervención directa en la gestión, disposición y eventual retención de los fondos bajo sospecha. La hipótesis central apunta a un esquema sistemático de incumplimientos que excedería decisiones individuales y comprometería a la estructura de conducción.

La causa se originó a partir de una presentación realizada por Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA. En la denuncia se detalló que la AFA, con sede en la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires, habría retenido tributos y contribuciones por un total de $19.353.545.843,85 sin efectuar su ingreso una vez vencido el plazo legal de treinta días corridos. Los períodos cuestionados abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de este año e incluyen retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes al sistema previsional.

El encuadre legal del caso se apoya en los artículos 4° y 7° de la Ley N° 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario. El primero de ellos reprime la obtención fraudulenta de beneficios fiscales mediante declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, mientras que el segundo tipifica la evasión simple en materia de recursos de la seguridad social. En ambos supuestos, las penas previstas incluyen prisión efectiva, en función de la gravedad de los montos involucrados y de la conducta atribuida.

La imputación se produce en un contexto de creciente escrutinio público sobre la situación institucional de la AFA. En los últimos meses, la entidad quedó bajo la lupa judicial por distintas causas vinculadas a su administración interna y a la transparencia de sus estados contables. A este escenario se suman investigaciones paralelas que, si bien no forman parte directa de esta causa, contribuyen a tensionar el clima alrededor de la conducción del fútbol argentino.

En ese marco, esta semana el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dictó procesamientos con prisión preventiva —bajo arresto domiciliario— contra personas vinculadas a la firma Sur Finanzas, una financiera sospechada de lavado de dinero que mantiene contratos millonarios de sponsoreo con la AFA. Si bien se trata de expedientes distintos, la coexistencia de ambos procesos refuerza el nivel de exposición judicial de la asociación y de su presidente.

La investigación recién inicia su etapa formal y, por ahora, no implica una condena ni una definición sobre responsabilidades penales. Sin embargo, el avance de la causa abre un frente delicado para la conducción de la AFA, que deberá responder tanto en el plano judicial como en el institucional, en un momento en el que la gestión del fútbol argentino aparece atravesada por cuestionamientos que trascienden lo deportivo.