El Gobierno acelera la puesta en marcha de la ley de Inocencia Fiscal para activar los “dólares del colchón”
- El Gobierno busca acelerar el ingreso de los “dólares del colchón” al sistema formal.
- La ley de Inocencia Fiscal exige sólo la adhesión al régimen simplificado de Ganancias.
- Caputo pidió no tolerar exigencias adicionales por parte de los bancos.
- El Banco Nación se posiciona como principal canal para facilitar depósitos.
- Pazo aseguró que ya hubo miles de adhesiones incluso antes de la sanción.
- El oficialismo defiende la norma como un cambio estructural en la relación Estado-contribuyente.
Tras la aprobación en el Senado de la ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno nacional salió a mover fichas de inmediato para lograr que los dólares atesorados fuera del sistema financiero ingresen cuanto antes a la economía formal. Desde el Ministerio de Economía, el ex titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) Juan Pazo, y el Banco de la Nación Argentina, el mensaje fue claro y coordinado: facilitar el proceso, reducir trabas y generar confianza para que los ahorros retenidos durante años comiencen a circular.
El objetivo oficial es doble. Por un lado, dinamizar el consumo y la inversión en un contexto de incipiente recuperación económica. Por el otro, aumentar la oferta de divisas en el mercado local para que el Tesoro y el Banco Central puedan fortalecer el nivel de reservas internacionales. En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los principales voceros de la iniciativa y utilizó las redes sociales para marcar la cancha frente a eventuales resistencias del sistema financiero.
“Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo”, advirtió Caputo, al recomendar directamente acudir al Banco Nación. Según explicó, la instrucción es cumplir de manera estricta con lo que establece la nueva normativa: la única exigencia será acreditar la adhesión al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Una vez cumplido ese paso, los ahorristas podrán depositar sus dólares y disponer de ellos de forma inmediata, ya sea para consumo, inversión o ahorro.
El Banco Nación reforzó ese mensaje con una comunicación institucional en la que aseguró estar preparado para atender la demanda en sus más de 700 sucursales y a través de canales digitales. La entidad destacó que la ley de Inocencia Fiscal redefine el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, y elimina controles que, durante años, generaron desconfianza y empujaron a millones de argentinos a mantenerse al margen del sistema formal.
Juan Pazo, uno de los autores intelectuales de la iniciativa y hombre de máxima confianza de Caputo, explicó que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias es el paso central para acceder a los beneficios de la ley. Según detalló, incluso antes de la sanción definitiva, unas 20.000 personas ya se habían inscripto. “El bien es tuyo, disponelo como quieras”, resumió, al subrayar que no existe obligación de presentar documentación adicional más allá de la constancia de inscripción.
Pazo reconoció que puede haber resistencia por parte de algunos oficiales de cumplimiento de bancos y agentes del mercado, formados bajo un esquema de control mucho más restrictivo. Sin embargo, insistió en que la normativa es clara y que los ciudadanos deben saber que no están obligados a justificar la variación patrimonial ni el destino de los fondos una vez ingresados al sistema.
Consultado sobre si la ley logrará efectivamente que los dólares “salgan a la calle”, el ex titular de ARCA se mostró convencido. Relató que en sus recorridas por distintas provincias la pregunta era recurrente: cuándo se aprobaría la ley para poder cambiar un auto, invertir en maquinaria agrícola o refaccionar una vivienda. “Todo eso es actividad económica”, afirmó, y sostuvo que la formalización también abre la puerta a beneficios concretos como el acceso al crédito de largo plazo.
Frente a las críticas de sectores opositores que señalan a la ley como un beneficio para evasores, Pazo respondió con dureza. Aseguró que la mayoría de los ahorristas ya pagó impuestos y que, durante años, fue tratada como sospechosa por intentar proteger el valor de su dinero. En contraste, cuestionó que mientras se perseguía al pequeño ahorrista, otros actores vinculados a la corrupción o al delito operaban con mayor libertad.
Para el Gobierno, la ley de Inocencia Fiscal no sólo busca resolver un problema económico, sino también cerrar una etapa de controles excesivos y desconfianza estructural. La apuesta oficial es que, con reglas más simples y previsibles, los ahorros acumulados durante años comiencen a integrarse al circuito productivo y financiero, aportando oxígeno a una economía que intenta dejar atrás una larga etapa de restricciones.