Taiana cuestionó la Ley de Inocencia Fiscal y advirtió sobre riesgos económicos y sanciones externas

• Taiana cuestionó con dureza la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el Gobierno.
• Advirtió que la norma habilita el ingreso de dinero de origen ilegal.
• Sostuvo que la flexibilización de controles debilita el rol del Estado.
• Alertó que se iguala a quienes cumplen la ley con quienes operan fuera de ella.
• Señaló riesgos de sanciones y pérdida de confianza internacional por parte del GAFI.
• Vinculó la iniciativa con la búsqueda de dólares rápidos y criticó su impacto estructural.

El ex ministro de Defensa y ex canciller Jorge Taiana lanzó duras críticas contra la denominada Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el gobierno nacional, al considerar que la norma no contribuye al fortalecimiento de la economía y, por el contrario, expone a la Argentina a riesgos financieros e institucionales de magnitud. Según sostuvo, la iniciativa habilita el ingreso de fondos de origen ilícito y debilita los mecanismos de control del Estado, con posibles consecuencias tanto a nivel interno como internacional.

Las declaraciones del dirigente peronista se difundieron a través de sus redes sociales y generaron un inmediato impacto en el escenario político. Taiana cuestionó el espíritu de la ley y su enfoque general, al afirmar que la flexibilización de los controles financieros no puede presentarse como una solución estructural para los problemas económicos del país. En ese sentido, advirtió que la norma promueve un esquema que relativiza el origen de los fondos y termina favoreciendo prácticas ilegales.

“La hipócritamente llamada Ley de Inocencia Fiscal nos transforma en un paraíso del lavado de dinero sucio y del blanqueo para narcotraficantes”, afirmó Taiana, al tiempo que remarcó que el punto más delicado de la iniciativa es la falta de controles efectivos sobre la procedencia del capital que podría ingresar al sistema. Para el ex funcionario, esta lógica no solo compromete la transparencia financiera, sino que además deteriora el rol del Estado como garante de reglas claras.

Uno de los ejes centrales de su cuestionamiento estuvo vinculado al impacto institucional de la medida. Taiana sostuvo que la ley envía una señal negativa al equiparar a quienes cumplen con las normas fiscales y legales con aquellos que operan por fuera del sistema. A su entender, ese mensaje erosiona la credibilidad del Estado y desalienta el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, un elemento clave para la estabilidad económica.

El ex canciller también puso el foco en las consecuencias sociales de este tipo de políticas. Señaló que permitir el ingreso de fondos de origen ilegal termina afectando de manera indirecta a los sectores que sostienen la economía formal, cumplen con sus obligaciones y operan dentro de la ley. Desde su perspectiva, el beneficio de corto plazo que podría generar la llegada de dólares no compensa el daño estructural que provoca la pérdida de confianza en las instituciones.

Otro aspecto central de sus críticas estuvo relacionado con el plano internacional. Taiana advirtió que la Ley de Inocencia Fiscal contradice compromisos asumidos por la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de establecer estándares globales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Según recordó, el país ya había recibido observaciones por deficiencias en materia de control y transparencia financiera.

“Esta ley va en contra de todo lo firmado por la Argentina en materia de control financiero”, sostuvo el ex ministro, quien alertó que la aprobación de la norma podría derivar en sanciones externas o en una pérdida de confianza por parte de los organismos internacionales y los mercados. En ese escenario, consideró que el costo reputacional para el país podría ser elevado y de difícil reversión.

Finalmente, Taiana vinculó la iniciativa con la orientación económica general del gobierno de Javier Milei. A su juicio, la búsqueda de un ingreso rápido de divisas no puede justificar el debilitamiento de controles básicos ni la renuncia a estándares internacionales. En ese marco, planteó que las soluciones de corto plazo suelen generar problemas mayores en el mediano y largo plazo, especialmente en un contexto de fragilidad económica e institucional.